El Presidente informó que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7000 puestos de trabajo. Gabriel Delgado será el interventor. El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación, que declarará a la compañía de «utilidad pública».
El presidente Alberto Fernández anunció que firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone la intervención por 60 días de la empresa cerealera Vicentin . Además confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiarla. «Es una decisión estratégica para la economía nacional», afirmó el mandatario, que aseguró que la empresa «iba camino a la quiebra».
El Presidente anunció que todos los activos del Grupo Vicentin serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro. «Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, aseguró Fernández al hablar de un mundo pospandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión.
Fernández remarcó que Vicentin es «un grupo de gran trascendencia que de un tiempo a esta parte ha expresado una enorme crisis» y remarcó que el plan es rescatar la compañía, proteger los puestos de trabajo y «que los pequeños produrctores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle lo que ellos producen». «Tener una empresa testigo en el mercado de cereales es muy importante», aseguró.
El jefe de Estado señaló que la intervención busca «aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF» y añadió que, si surgiera evidencia de defraudación al Estado durante la administración anterior, se harán la denuncias pertinentes ante la Justicia. «Ésta no es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Es un empresa que estaba en un concurso preventivo de acreedores», aclaró.
Durante la conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el rescate del grupo cerealero Vicentin permitirá sostener su «papel central en el mercado agroindustial». Agregó que al Estado le dará la ocasión de contar con una «empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios».
La versión del anuncio sobre Vicentin comenzó a cobrar cuerpo en la mañana de hoy, especialmente en la zona del cordón industrial rosarino y en la Bolsa de Comercio local, presidida hasta no hace mucho por el principal ejecutivo de la empresa, Alberto Padoan. «Argentina no puede perder una empresa de esa dimensión», dijo a Pagina/12 una alta fuente del gobierno de Santa Fe que parecía estar al corriente de lo que sería un anuncio en la Casa Rosada.
Vicentin entró a fines de 2019 en proceso de convocatoria de acreedores a pesar de haber accedido a sucesivos millonarios créditos estatales de parte del gobierno de Macri, la mayoría de ellos otorgados por el Banco Nación luego de la derrota electoral de Juntos por el Cambio.
La historia de la decisión
La trama secreta de la decisión del Gobierno nacional de intervenir y expropiar al Grupo Vicentin a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia partió de una idea «primigenia» de la senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, quién ante la crisis por la que atravesaba la firma, comenzó a trabajar la iniciativa con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Así lo expresó durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández: «Este es un tema que venimos trabajando desde hace días con una idea primigenia de la senadora Anabel Fernández Sagasti y con Matías (Kulfas)» quienes elaboraron la propuesta de intervención y expropiación del grupo empresario.
Pero además, y tras recoger las demandas que estaban recibiendo por parte de muchos sectores santafesinos, la situación también generaba preocupación por parte del gobierno de Santa Fe, a cargo de Omar Perotti, impulsó al Gobierno a tomar la decisión en el marco de establecer una agenda post pandemia de coronavirus.
La inquietud, se hizo extensiva a las organizaciones gremiales del sector, las que entraron en una situación de alerta ante el anuncio formulado a finales de mayo por parte de la firma Vicentin, que vaticinaba la suspensión de los 800 empleados con los que cuenta, y no descartaba despidos.
Los trabajadores le reclamaban además el 34% del sueldo que les adeudaba la empresa, la cual pese a esa negativa, seguía produciendo el acopio de granos.
En su intervención en la conferencia de prensa, Kulfas señaló que la situación de la firma «ha tenido un impacto territorial muy significativo» en productores de diversos lugares del país que han sufrido la cesación de pagos» por lo que la medida del Ejecutivo nacional, «significa volver a poner de pie a esta empresa tan importante».
En tanto que Fernández Sagasti, dijo que el proyecto será tratado una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto al Senado, consideró la expropiación como «una decisión histórica» y destacó que la empresa «va a ser testigo en el mercado de granos de la Republica Argentina» y por supuesto «nos va a dar el sendero a una soberanía alimentaria, que es uno de los ejes que debemos empezar a trabajar» en el país «con más profundidad».
