Con los 1.500 metros que impuso la nueva ley puntana como distancia mínima de cualquier población para fumigar con agroquímicos, San Luis se convirtió desde hace un mes en el Estado más duro a nivel mundial en aplicar restricciones al uso de fitosanitarios.
Así surge de un cuadro comparativo realizado hace algunos años por la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), y actualizada con el proyecto de ley nacional del diputado Luis Lusquiños (Compromiso Federal-San Luis), que propone llevar la distancia mínima a 500 metros yla ley provincial vigente impulsada por el Ejecutivo.
El cuadro que ilustra esta nota muestra también la exagerada distancia de mil metros que impuso la ciudad de Villa Mercedes a través de una ordenanza impulsada por el entonces concejal del Frente para la Victora Hugo Yañez, comprometiendo seriamente una superficie de tres mil hectáreas irrigada con una red de canales para producciones intensivas.
En los tres casos, la comunidad de profesionales vinculada a la actividad agrícola en San Luis cuestionó los fundamentos de las iniciativas por carecer de certezas científicas.
La sugerencia del Ministerio de Agroindustria de la Nación es de 100 metros como distancia mínima, mientras que fuera de Argentina, el país más duro es Uruguay, que establece 300 metros.
La nueva ley provincial fue sancionada con trámite exprés en ambas cámaras legislativas y al final del ciclo de sesiones ordinarias. Esto provocó múltiples reacciones en contra de los gremios rurales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis y la regional local de Aapresid, que termino con un camionetazo frente a la gobernación.
Sin embargo, a través del ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Moleker, el gobierno les respondió que no dará marcha atrás con esta polémica decisión, que consideró de carácter político, con lo cual buscó justificar no haber consultado a la Corposave en la el adoración del proyecto, un paso al que está obligado por una ley específica.
Desde las últimas críticas no hubo otro pronunciamiento oficial, aunque el ministerio dio amplia difusión a lo dicho por la multisectorial “Paren de Fumigarnos”, conformada por medioambientalistas santafesinos, que destacó la política de Estado puntana con respecto al uso de agroquímicos y la puso en el “rango de ejemplo para que su provincia actúe en consecuencia”.
La discusión derivó en las hectáreas que quedarían afuera del sistema: los críticos dicen que suman cien mil, mientras que el gobierno asegura que es la mitad y que allí se pueden desarrollar producciones alternativas que no requieran agroquímicos.
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