Preocupado por evitar protestas prolongadas en un año electoral que ya arrancó y que se perfila particularmente tenso, el gobierno de San Luis parece haber desensillado de su embestida con las distancias mínimas para aplicar agroquímicos cerca de poblaciones y casas rurales.
No solo que no quiere hablar de la ley, sino que borró el tema de su agenda y hasta suspendió entrevistas con periodistas interesados en el futuro de esta legislación, entre ellos El Semiárido. El ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Moleker, ordenó comenzar a trabajar muy despacio en la reglamentación de la nueva ley de agroquímicos, severamente cuestionada desde sectores profesionales y productivos, porque, entre otras deformaciones observadas, establece un mínimo de 1500 metros para acercase a viviendas con las fumigaciones.
Sin embargo, la tarea para elaborar el decreto reglamentario de esa ley avanza a un deliberado ritmo lento, a la espera de un clima político más templado. Es que el ministro quiere rearmar la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) para proporcionarle sustento institucional a la polémica iniciativa. Precisamente la Coprosave, que integran el gobierno, Colegio de Ingenieros Agrónomos, INTA, Senasa, Universidad Nacional de San Luis y sociedades rurales, no fue consultada para elaborar la nueva norma que regula el uso agroquímicos en la provincial, como lo exige una ley específica.
La Coprosave quedó prácticamente desintegrada por renuncia de la mayoría de sus miembros luego de que los integrantes se enteraron por los medios que la ley de agroquímicos vigente hasta el año pasado la había borrado de uh plumazo un nuevo proyecto que el gobierno envió sigilosamente al cierre del ciclo legislativo y que tuviera un veloz tramite en ambas cámaras. Una urgencia que ahora se contradice con la demora en reglamentarla.
Rearmar la Coprosave será una tarea difícil, según pudo saber este medio, ya que por ejemplo, la Sociedad Rural Rio Quinto ha reiterado que no volverá a formar parte de esa comisión mientras esté este ministro. “No se puede arreglar vía reglamentaria lo que está mal hecho desde el principio”, se quejan en la entidad.
Es más, la rural villamercedina retiró a su representante de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), que la semana pasada celebró su primer encuentro, aunque el comunicado oficial ocultó ésta y otras notorias ausencias.
La Rural Rio Quinto fue quien lideró las protestas del sector agropecuario contra esta nueva ley que consideran defectuosa e inaplicable, y que terminó con un fuerte camionetazo frente a la casa de gobierno para reclamar por la vuelta atrás con la norma y un mejor trato institucional.
Al frente del reclamo más duro, la entidad con sede en Villa Mercedes mantiene cortadas las relaciones oficiales: “Con el ministro Moleker no volveremos a hablar hasta que nos reciba el gobernador”, dijeron a El Semiárido.
Sin muchas esperanzas, la dirigencia ruralista está a la espera de la promesa que recibieron por teléfono después del camionetazo, de un allegado a Alberto Rodríguez Saá: “El gobernador los recibirá en febrero”.
A esta altura, resulta imposible, al menos para este medio, acceder a información oficial en el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, para conocer si hay fecha concreta para firmar el decreto reglamentario que pondrá en vigencia la nueva ley de agroquímicos.
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