Frente a la suspensión por 30 días de la exportación de carne vacuna, el Movimiento Campesino Liberación (MCL) expresó sus “serias dudas sobre que la restricción impuesta sobre el comercio hacia el exterior tenga el efecto esperado por el gobierno de Alberto Fernández”, ya que, según interpretó, la suba en los precios internos en los cortes vacunos no solo se origina en los abultados envíos a China, sino en el aumento del maíz, principal componente en la dieta de los feedlots.
Para el movimiento, se debería incrementar la producción ganadera “agroecológica con políticas públicas de acceso a la tierra, para tratar de alcanzar mercados internacionales con manifiesto valor agregado; recrear la Junta Nacional de Carnes y Granos para que el estado regule y controle el mercado, fije un precio sostén y asegure el consumo interno”, entre otras medidas.
En un documento entregado a El Semiárido, el MCL expresó textualmente lo siguiente:
“El consumo interno de carne vacuna por habitante se ubica en los niveles más bajos de los últimos 100 años de la historia del país; en efecto, cayó de 69 (2007) a 49 kg por habitante. Sin embargo, los precios de la carne aumentaron un 65% en los últimos 12 meses, casi el doble de la inflación. Uno de los factores a considerar en esta suba tan significativa, sería la creciente exportación a China. Sin embargo, la categoría vacuna que más se envía al gigante asiático, es la vaca. Terneros y novillos son las presas favoritas de las mesas criollas, que en estos días se vendieron en el Mercado de Liniers, a $200 el kilo del animal en pie. ¿Cuál serían las razones del aumento de precios y cómo se los podría controlar?
El Gobierno nacional ha dictado una medida de suspensión de las exportaciones de carne vacuna, por el término de un mes. La Sociedad Rural y Mesa de Enlace, salieron con los “tapones de punta” contra dicha decisión.
La reacción adversa de los oligarcas ruralistas, nos indicarían como primera lectura, que la medida podría ser buena para el conjunto del pueblo trabajador. No obstante, tenemos serias dudas sobre que la restricción impuesta sobre el comercio hacia el exterior, tenga el efecto esperado por el Gobierno de Alberto Fernández. Es que la suba de los precios de la carne, no se originó únicamente por el aumento de las exportaciones, sino principalmente por el aumento del precio del maíz, que en estos tres últimos años duplicó su precio a valores constantes. De 100 USD que valía en noviembre de 2017 pasó a los actuales 197USD. Los cortes de novillo y ternero gordo, que tanto gustan comer lxs argentinxs, se terminaron en los feedlots con una dieta donde el maíz, es el componente más importante.
Consideramos que las claves para controlar el precio de la carne en las góndolas de los supermercados; entre otros alimentos, podrían incluir varias medidas.
Los poderes públicos en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) deberían orientar y estimular efectivamente la actividad ganadera, sin permitir que quienes dominen el mercado de los alimentos (interna y externamente) frenen el desarrollo de la actividad, sometiéndola a los dictados de intereses supranacionales los cuales ubican a la Argentina en el lugar de país de reserva.
Una ganadería deficiente o contradictoria con los fundamentos de la producción de tipo agroecológica, es aquella que se hace sobre la base de cultivos puros y excluyentes, los que a su vez generan grandes problemas ambientales, sociales, sanitarios, etc. Se debería incrementar este tipo de producción con políticas públicas de acceso a la tierra, para tratar de alcanzar mercados internacionales con manifiesto valor agregado. Recrear la Junta Nacional de Carnes y Granos para que el estado regule y controle el mercado, fije un precio sostén y asegure el consumo interno. Fiscalizar el precio del maíz, aplicando una suba importante en los derechos de retención y reducir a la mitad el IVA de la carne; entre otros alimentos de la canasta básica, para los sectores más vulnerables. Recuperar, fortalecer y desarrollar el ferrocarril como medio de transporte e integración nacional, estatizar los puertos y nacionalizar la megaempresa Vicentín para que opere como empresa testigo.
Finalmente, ordenar los recursos de que dispone la sociedad para su subsistencia y desarrollo con sentido nacional y compromiso humanitario, es necesidad moral y obligación ética; necesarias en la proyección de un porvenir para el pueblo argentino que sea justo, saludable, sustentable y en armonía con la naturaleza”.
