La cifra asignada en el presupuesto 2019 al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) marca que hay nubarrones que se aproximan sobre la institución con mayor prestigio del Estado Nacional en materia de investigación agropecuaria.
Las primeras lecturas que se realizan indican que el próximo año el INTA estará casi paralizado. De esta forma será mucho más simple justificar el achique de personal que se desea realizar, pero que hasta el momento el gobierno de Macri no ha podido tocar, diferente de lo ocurrido con el Ministerio de agroindustria, ahora degradado en Secretaría del Ministerio de la Producción.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2019 -que elaboró el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne- establece una partida de $ 7.516 millones para el INTA, una cifra 20% mayor a la asignada en 2018 aunque la mitad de la inflación estimada entre 40% y 45%.
La cuestión es que el 91,3% del presupuesto total asignado para el año que viene se destinará a remuneraciones de personal efectivo y temporario, mientras que en 2018 esa proporción era del 85,9%.
El presupuesto destinado al resto de las erogaciones fue establecido en 647 millones de pesos, una cifra 26,1% inferior a la determinada en 2018 (la cual, considerando el impacto de la inflación, representará un recorte de recursos importante).
Tal diseño implica que el Consejo Directivo del INTA, integrado por representantes del sector público y privado, priorizó, al momento de elaborar el presupuesto –en el marco de la restricción de recursos que debe afrontar el Estado nacional por exigencia del Fondo Monetario Internacional–, la conservación de plantilla de trabajadores en desmedro de la operatividad de las diferentes unidades del organismo.
Eso porque los quince centros regionales y seis centros de investigación del INTA dispondrán el año que viene de menores recursos para abonar insumos, equipos, repuestos, combustible, servicios públicos, comunicaciones, alquileres, pasajes, viáticos, energía, servicios profesionales, reparaciones y construcciones, entre otros ítems.
El detalle del presupuesto 2109 del INTA define como “servicios estratégicos” a aquellos “ofrecidos a los productores y a la sociedad en su conjunto relacionados con la agrometeorología, climatología y monitoreo agrícola y de gestión, conservación y preservación de la diversidad biológica, a través del acceso a colecciones y redes de bancos de germoplasma vegetal, en carácter de custodia del patrimonio genético”.
Además de las actividades de extensión agropecuaria e investigación, el INTA cuenta con un “Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Local Sustentable” (Profeder), en el marco del cual se instrumentan los subprogramas Cambio Rural, Minifundio, Prohuerta, Profam y de Apoyo al Desarrollo Local
El presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) siempre estuvo bajo la lupa debido a la enorme cantidad de empleados que tiene el organismo dependiente de Agroindustria ahora bajo el mando del Ministerio de la Producción.
Este presupuesto se da en medio de los recortes en la Secretaría de Agroindustria y en el Senasa donde se estiman alrededor de 1.000 despidos. El presidente del INTA, Juan Balbín, hizo malabares para que el ajuste de empleados no llegue al organismo.
Sucede que el gremio que representa a los trabajadores del INTA es APINTA cuyo secretario general es el combativo Mario Romero. Quizá fue por esto que Balbín decidió privilegiar la plantilla de empleados en desmedro de la operatividad del organismo.
En los últimos meses Balbín logró una reducción de entre 250 y 300 empleados vía retiros voluntarios y jubilaciones, al tiempo que a principios de año los directores del organismo decidieron reducirse el sueldo un 10% como un gesto de «austeridad».
Romero se quejó porque los empleados que se retiraron del INTA no fueron reemplazados: «Si no hay reposición de vacantes, en unos años más nos vamos a encontrar como en los ’90 cuando perdimos una generación de profesionales», apuntó.
«El INTA está paralizado porque no tiene presupuesto para funcionar. Los profesionales en el interior están limitando las salidas a los campos y los asesoramientos técnicos a los productores», advirtió el secretario general de APINTA.
