Entidades rurales y productivas advierten que la falta de una política de Estado contra el delito está dejando zonas improductivas, vaciando galpones y golpeando tanto al campo como a las ciudades. Piden una reacción urgente del Gobierno provincial.
La inseguridad en la provincia de San Luis dejó de ser un problema aislado para convertirse en un flagelo estructural que afecta de manera directa a la producción, al comercio y a la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Así lo advierten la Sociedad Rural Río Quinto, las Rurales de San Luis y CARTEZ, que vienen denunciando esta situación desde hace más de dos décadas, sin lograr que se consolide una política de Estado capaz de frenar el avance del delito.
Según las entidades, la problemática impacta en al menos tres frentes: la inseguridad en el campo, los robos en viviendas y galpones rurales, y la inseguridad en zonas urbanas. La suma de estos factores, señalan, está provocando que algunas áreas directamente dejen de ser productivas, porque los costos y riesgos de trabajar allí ya no resultan sostenibles.
“Lo que falta es una política de Estado seria y sostenida en el tiempo”, remarcan los dirigentes rurales. Para ellos, combatir la inseguridad requiere una coordinación real entre los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con intendentes y comisionados municipales de toda la provincia. Sin ese trabajo conjunto, sostienen, cualquier medida termina siendo parcial y de corto alcance.
A lo largo de los años, las entidades mantuvieron reuniones con distintos ministros de Seguridad, incluidos funcionarios actuales, y acercaron propuestas concretas. Entre ellas, un modelo de Policía Rural que se aplica en la provincia de Córdoba y que, aseguran, muestra resultados exitosos. Sin embargo, denuncian que esas iniciativas nunca se tradujeron en una estrategia integral para San Luis.
También hubo encuentros con legisladores oficialistas y opositores, representantes municipales y asambleas multitudinarias impulsadas por productores, comerciantes y vecinos, en las que incluso participó la cúpula policial. Pese a esa intensa actividad, desde el sector rural afirman que no se logró plasmar la política de Estado que reclaman, responsabilidad que atribuyen principalmente al Poder Ejecutivo provincial. Informe Flagelo Inseguridad CRA
“Siempre estuvimos dispuestos a trabajar en conjunto”, destacan desde las instituciones, y subrayan la importancia de realizar las denuncias formales como única herramienta para visibilizar la problemática. No obstante, advierten que el delito no solo no disminuyó, sino que se incrementó tanto en cantidad de casos como en diversidad de modalidades.
Hoy, las entidades rurales esperan una reunión urgente con el gobernador de la provincia. Dicen estar ávidas de escuchar acciones concretas que permitan iniciar “un camino de soluciones reales” frente a un diagnóstico que ya es “archiconocido” y que sigue agravándose.
Como último paso, apelaron a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para que la problemática de la inseguridad en San Luis se instale también en la agenda nacional. El objetivo es que el tema tenga el peso político que merece y deje de ser una deuda pendiente en las discusiones centrales sobre el futuro productivo y social de la provincia.
El pronunciamiento esta firmado por el presidente de la Rural Rio Quinto y su secretario, Daniel Casella y Ariel Ayello.
