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Sin programa oficial contra el picudo algodonero, San Luis queda expuesta a una plaga que amenaza a su principal región semillera

La desaparición del Programa Nacional de Control del Picudo del Algodonero encendió luces rojas en todo el país, pero en San Luis la situación adquiere un carácter particularmente crítico. La provincia, donde se siembran unas 3.500 hectáreas de algodón en el norte y donde más del 70% de la semilla que usa la Argentina proviene del departamento Ayacucho, decidió no implementar un plan provincial para impedir el ingreso de la plaga, ausente hasta ahora. El riesgo, según advierten especialistas y proveedores consultados por El Semiarido, es alto y creciente.

Mientras otras jurisdicciones avanzaron en estrategias propias, San Luis optó finalmente por “no hacer nada”, dejando en manos del sector privado la responsabilidad sanitaria. Hoy, son los proveedores de insumos, como feromonas, trampas e insecticidas, quienes buscan organizar por su cuenta un monitoreo básico para evitar que la plaga avance sin control. “Con un acompañamiento mínimo, la provincia podría ayudar; pero no hay apoyo de ningún tipo”, señalaron fuentes del sector.

La situación se vuelve más preocupante por la falta de controles oficiales: en el puesto de COSAFI en Quines, una barrera histórica para la protección de cultivos, “no se hace absolutamente nada”, alertan los actores del sector.


El picudo algodonero (Anthonomus grandis) ya no está bajo control estatal. En 2024, el Senasa dejó de considerarlo “cuarentenario bajo control oficial” y lo ubicó entre las plagas establecidas en el país. Según el análisis de Bichos de Campo, el organismo sanitario se retiró del frente de batalla: “Por picudo tenés que hablar con INTA; Senasa ya no tiene participación”.

La sensación dominante entre los productores es de resignación. Lo que alguna vez fue un programa nacional exitoso —que contuvo al picudo durante una década— hoy es un recuerdo distante. El insecto avanzó desde Misiones hacia todo el NEA y NOA, llegando a Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y también al norte de San Luis, donde el cultivo volvió a tomar impulso en los últimos años.

María Simonella, entomóloga del INTA Sáenz Peña, explicó que el manejo integrado de plagas es hoy la única vía sostenible: destruir rastrojos, respetar fechas de siembra y actuar de inmediato ante las primeras detecciones. Pero sin coordinación oficial, la estrategia queda librada a la “buena voluntad del productor”.

El riesgo principal, advierte la especialista, es la falta de trabajo conjunto: “Si un productor hace las cosas bien pero su vecino no destruye los rastrojos, el impacto es nefasto”.

El manejo del picudo implica costos fijos que ya están incorporados en cada campaña. El asesor agronómico Martín Canteros estima un gasto promedio de 100 dólares por hectárea solo para enfrentar la plaga, dentro de un esquema que ronda los 360 dólares en insumos y labores, más otros 700 u 800 dólares para cosecha y comercialización.

En años húmedos el impacto se multiplica: el productor debe realizar baterías de cuatro aplicaciones cada cinco días, con costos que pueden alcanzar los 80 dólares por ciclo.

Para un pequeño productor, estos números son inasumibles.
“Acá te tenés que acostumbrar. Del Estado no podés esperar mucho. Muchos productores chicos están fundidos”, cuenta un algodonero con dos décadas en el rubro. “Vos tenés que fumigar todo. Acá no sirve pelear con nadie”.

En un cultivo donde el impacto económico puede arruinar la campaña completa, la ausencia de un programa público no solo compromete a los productores: pone en riesgo la competitividad nacional, dado que gran parte de la genética algodonera nace en los campos puntanos.

Instituciones como INTA y la COPROSAVE insisten en la difusión de buenas prácticas, pero reconocen que no pueden reemplazar el rol del Estado. “Nos tenemos que cuidar entre todos”, concluye Simonella.

El desafío ahora es claro: sin una política sanitaria activa, San Luis deberá decidir rápidamente si continúa expuesta a una de las plagas más destructivas de la agricultura regional o si toma medidas antes de que el picudo golpee al corazón mismo de su potencial algodonero y semillero.