El ocultismo y la mentira parecen tornarse un hábito en ciertas áreas del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción. El escándalo desatado por el proyecto de ley sobre las distancias mínimas permitidas para aplicar agroquímicos cerca de poblados presentado a escondidas ante el Senado, que ya le dio media sanción, desnudó el desprecio por los órganos consultivos que el mismo gobierno creó.
La falta de claridad técnica y ausencia de solidez científica en los fundamentos de ese proyecto, que ahora debe tratarse en Diputados, no indignó tanto como el haber ignorado a la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), un ente creado por ley e integrado por el INTA, Senasa, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y las rurales de la provincia, de las cuales solo la Rural Rio Quinto reaccionó retirando a su representante.
Establecida por la ley Nº IX-0320-2004 (5559), la Coprosave es el máximo organismo que entiende sobre la materia a nivel provincial, la que sin embargo si fue convocada a principio de año por el jefe del Programa Arraigo Rural, el veterinario Martin Rodríguez, para desmentir técnicamente a la Confederación Rural de San Luis, que por entonces arrastró a CRA con el papelón de asegurar que en el norte provincial una plaga de langostas por poco se estaba comiendo a los niños.
Pero ahora, el mismo funcionario omitió avisarle al ministro Cristian Moleker que el gobierno está obligado a consultar a esa comisión y que no hacerlo significa incumplir con la ley. También cerró la boca cuando el gobernador Alberto Rodríguez Saá disparó una serie de inexactitudes agronómicas en su discurso legislativo del 1 de abril pasado. En fin, Rodríguez además miró para el costado con el proyecto de ley sobre agroquimicos del diputado nacional Luis Lusquiños (Compromiso Federal-San Luis), que culpa al glifosato de todos los males que padece el suelo argentino bajo un razonamiento falaz.
No hay señales de que Moleker ni los diputados oficialistas se abran al diálogo y la negociación para cambiar un proyecto que, según cálculos de asesores técnicos, dejará muchas tierras fuera del circuito productivo.
Por ejemplo, en el Departamento Chacabuco, son más de 10.000 hectáreas las que quedarían fuera del sistema, lo que significa unos siete millones de pesos de margen bruto que se dejarían de ganar. En Fraga, 300 metros de radio sin producción alrededor de una casa son un lucro cesante de $110.000 anuales y los que pierden son productores medianos y chicos.
Difícil resulta para este medio acceder a entrevistas con esos funcionarios para que expliquen la posición oficial. Para ellos solo basta con las obsecuentes crónicas de El Diario de la República. Un insulto a la inteligencia media de los que habitan esta provincia.
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