Mientras la Corte Suprema se toma su tiempo para establecer los intereses que la Nación debe pagar a San Luis sobre la deuda ya reconocida superior a los $12 mil millones, el gobierno puntano negocia en paralelo las formas de pago y está abierto a recibir dinero, tierras y bonos.
Los al menos tres grandes inmuebles que San Luis quiere son las 73 mil hectáreas del imponente Parque Nacional Sierra de las Quijadas; las 15 hectáreas del ferrocarril, incluida su vistosa estación, y unas 8 hectáreas del complejo que el Ejército tiene en el medio de la ciudad con precario uso y sin mejoras desde hace años.
La ministra de Hacienda puntana, Natalia Zavala Chacur, adelantó estos detalles durante una entrevista con el periodista Mario Otero, de FM UNSL, al explicar aspectos del segundo encuentro con funcionarios nacionales por el pago de la deuda.
La funcionaria aclaró, además, que el pedido de recuperación del dominio sobre las Quijadas tendrá como condición que la reserva siga como parque nacional.
Entre medio, hay un laberinto judicial que debe resolver la Corte Suprema, iniciado por un planteo del gobierno nacional cuando San Luis transfirió por ley esas tierras a la comunidad huarpe a 20 años de haber sido declarado parque nacional.
Pero más allá de la justicia, la comunidad huarpe tiene un problema concreto. Mantiene una vieja queja porque Parques Nacionales no los deja atravesar un sector de la reserva que les evitaría muchos kilómetros para llegar al centro poblado más cercano.
Un parque de los ‘90
El 3 de julio de 1989, por un convenio firmado entre gobierno de San Luis y la Administración de Parques Nacionales, la provincia se comprometió a ceder al estado nacional el dominio y jurisdicción de con el fin de crear un parque y reserva nacional.
El 20 de septiembre de 1989 la Legislatura de San Luis sancionó la ley N° 4844 (en Digesto ley VII-0226-2004) que ratifica el convenio y declara sujetas a expropiación las tierras que integrarían el parque.
El parque nacional fue creado mediante la ley nacional N° 24015, sancionada el 13 de noviembre de 1991 y promulgada de hecho el 10 de diciembre de 1991. La ley ratificó el convenio y dispuso que el parque nacional fuera creado una vez que la provincia de San Luis expropiara los terrenos y los cediera al Estado nacional.
El 28 de mayo de 1999 por decreto N° 1493 el entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saá ordenó la transferencia al estado nacional de 73.534 hectáreas expropiadas, que fueron aceptadas por decreto N° 393-2006, firmado el 10 de abril de 2006.
Reclamo huarpe que espera en la Corte
Basados en antecedentes históricos que ubican a sus ancestros en esas tierras, en septiembre de 2009 representantes de la comunidad huarpe Guanacache de San Luis solicitaron al gobernador la restitución de las sierras de las Quijadas, gestión que inició de inmediato, pero sin suerte alguna.
Pero San Luis redobló la apuesta y le transfirió por ley el área protegida al pueblo huarpe el 28 de julio de 2010 y la declaró “de utilidad pública y sujeto a expropiación”.
El Ministerio de Turismo de la Nación logró entonces que la Corte Suprema dispusiera una medida cautelar de “no innovar”, mientras que el fallo aún sigue pendiente.
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