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San Luis autorizó $362 millones para financiar 26 planes de conservación de bosques nativos

El Gobierno provincial ratificó 26 resoluciones y homologó los acuerdos con los beneficiarios de la operatoria 2023 de la Ley de Bosques. Los aportes no reintegrables serán destinados al manejo y la conservación de los recursos forestales. Todavía resta conocer cuánto recibirá cada titular y cuándo se concretarán las transferencias.

El Gobierno de San Luis autorizó el otorgamiento de $362.590.387 en aportes no reintegrables destinados a financiar planes de manejo y conservación de bosques nativos en la provincia. La medida quedó formalizada mediante el Decreto Nº 11941-MDPS-2026, firmado por el gobernador Claudio Poggi el 15 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial.

La disposición ratifica 26 resoluciones de aprobación de planes de manejo y conservación de bosque nativo y homologa los respectivos acuerdos de ejecución suscriptos entre el entonces ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, y los beneficiarios.

Los recursos serán entregados en concepto de compensación por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos, en el marco de la Ley Nacional 26.331 y la Ley Provincial IX-0697-2009, que regula la protección y el manejo sostenible de estos ecosistemas.

Según los antecedentes administrativos, el trámite corresponde a la operatoria 2023 del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. El expediente que dio origen al decreto es el EXD-0-6290098/26.

El monto autorizado tiene un antecedente concreto. En enero de 2025, el Gobierno provincial había informado que San Luis recibió $1.141.672.288 correspondientes a distintas operatorias de financiamiento de bosques nativos de los años 2022, 2023 y 2024.

Dentro de ese total, $362.590.387 correspondían específicamente al Plan Estratégico Anual 2023, una cifra que coincide exactamente con la establecida en el decreto firmado en septiembre de este año.

La diferencia temporal entre la recepción de los recursos nacionales y la autorización de los aportes individuales permite reconstruir un proceso administrativo que se extendió durante varios meses.

En ese período, la Provincia avanzó con las convocatorias, la evaluación de las propuestas y la aprobación de los planes que finalmente quedaron comprendidos en las 26 resoluciones ratificadas por el Poder Ejecutivo.

El artículo segundo del decreto ratifica las resoluciones numeradas del 01 al 26-DGA-MDPS-2026, mediante las cuales se aprobaron los planes de manejo y conservación.

Por su parte, el artículo tercero homologa los acuerdos de ejecución firmados con los beneficiarios, cuya documentación está incorporada al expediente administrativo.

El cuarto artículo autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable a otorgar los aportes no reintegrables, de acuerdo con las resoluciones y los convenios aprobados. También establece que los recursos estarán sujetos a las correspondientes rendiciones de cuentas.

En tanto, el artículo quinto instruye al organismo provincial a realizar las gestiones necesarias para concretar los pagos y efectuar posteriormente la rendición ante la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley 26.331.

El gasto fue imputado al presupuesto provincial vigente por la totalidad de los $362.590.387.

Los planes de manejo y conservación constituyen herramientas previstas en la legislación nacional para compatibilizar la protección de los bosques nativos con actividades productivas sustentables.

Entre las modalidades contempladas se encuentran los planes de conservación y los de manejo sostenible, que pueden incluir acciones de restauración, prevención de incendios, protección de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

También se encuentra contemplado el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), una modalidad que busca compatibilizar la actividad ganadera con la conservación de la estructura y las funciones ambientales del bosque.

En San Luis, la Resolución 79-DGAyV-SAyDS-2025 convocó a personas físicas y jurídicas interesadas en presentar planes de formulación, conservación y manejo sostenible correspondientes a las operatorias 2023 y 2024.

La finalidad es promover la conservación, el aprovechamiento sostenible y la mejora de los servicios ambientales de los bosques nativos.

Uno de los aspectos que todavía requiere mayor información es la distribución de los recursos entre los 26 beneficiarios.

El decreto publicado no incluye una nómina con los nombres de los titulares, los establecimientos involucrados ni los montos individuales asignados.

Por ese motivo, todavía no es posible establecer públicamente qué campos están comprendidos, en qué localidades y departamentos se encuentran, cuántas hectáreas involucran los planes ni qué actividades específicas deberá desarrollar cada beneficiario.

Tampoco se cuenta, a partir del decreto, con comprobantes que permitan determinar si los $362,5 millones ya fueron transferidos en su totalidad o si existen pagos pendientes.

La norma autoriza el otorgamiento de los aportes e instruye a realizar las gestiones para efectivizarlos, pero no constituye por sí misma una constancia de acreditación del dinero.

La utilización de estos recursos está sujeta a mecanismos de control y rendición establecidos por la normativa vigente.

La Ley Nacional 26.331 establece el régimen de protección ambiental de los bosques nativos y contempla compensaciones económicas para los titulares de tierras que contribuyen a mantener estos ecosistemas y los servicios ambientales que brindan.

En ese marco, la autoridad provincial debe fiscalizar el cumplimiento de los planes aprobados y presentar ante el organismo nacional la documentación correspondiente sobre la aplicación de los recursos.

La ejecución efectiva de los trabajos, el cumplimiento de los compromisos asumidos y las rendiciones constituyen, por lo tanto, etapas centrales para evaluar el resultado de esta inversión.