El director de Vialidad Provincial, José La Malfa, explicó el nuevo esquema de gestión que busca dejar atrás el modelo de intervenciones de emergencia. Con participación directa de los productores y una planificación plurianual, permitirá definir radios de trabajo y programar tareas con anticipación en la red de rutas y caminos no pavimentados.
El Gobierno de San Luis, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, elabora una nueva estrategia para dar respuesta a uno de los problemas más sensibles del interior productivo: el mantenimiento de los caminos y rutas provinciales no pavimentadas. El director del organismo, José La Malfa, explicó a Todo Un País que la provincia trabaja en la implementación de los llamados “contratos modulares”, una figura innovadora que busca otorgar previsibilidad, continuidad y eficiencia a las tareas de conservación de la red vial rural.
El funcionario recordó que, durante las gestiones anteriores, la figura jurídica de los consorcios camineros fue derogada. Actualmente no existe ese marco legal en la provincia, pero se avanza en la construcción de alternativas: “Mientras presentamos la documentación ante la Legislatura para la conformación de nuevos consorcios, seguimos trabajando bajo otras figuras jurídicas, como asociaciones de productores o sociedades rurales”.
En la práctica, ya existen tres agrupaciones que funcionan como embrión de los futuros consorcios: Zona Sur – Martín de Loyola; Soven, en las cercanías de Villa Mercedes, y La Punilla, sobre la costa de Los Comechingones.
Estos espacios, conformados junto a sociedades rurales y centros ganaderos, permiten coordinar acciones inmediatas para la mejora de los caminos de tierra, con aportes compartidos entre los productores y el Estado.
La propuesta parte de una premisa: quien mejor conoce la necesidad de un camino es el productor que lo transita a diario. Bajo esta lógica, los consorcios o asociaciones priorizan las obras de acuerdo con la realidad de cada zona. En áreas con alta producción de maíz o soja, por ejemplo, los mantenimientos deben coincidir con las fechas de cosecha, mientras que en regiones ganaderas la demanda es distinta y no estacional.
“Se trata de articular las necesidades productivas con la acción del Estado. Los productores deciden qué trabajos priorizar y nosotros garantizamos la capacidad operativa. Así, la diversidad geográfica y productiva de San Luis se convierte en una ventaja organizativa, no en un obstáculo”, destacó La Malfa.
La gran innovación que impulsa Vialidad Provincial es la creación de los contratos modulares. Esta herramienta permite definir radios de acción concretos, como, por ejemplo, 150 kilómetros de caminos a mantener en determinada región, y definir un calendario para todas las tareas a realizar durante un período de entre 18 y 24 meses.
Con este esquema, los productores y el Estado acuerdan de antemano qué trabajos se harán en cada etapa: apertura de caminos, alteos, limpieza de banquinas, construcción de desagües, señalización o consolidación de calzadas. Cada tarea queda programada con fechas y responsables definidos, lo que otorga previsibilidad y permite planificar la logística de cosechas y traslados.
“Lo modular nos da dos claves: primero, definir zonas de trabajo con kilómetros concretos a mantener; y segundo, programar en el tiempo las intervenciones, de manera que la conservación de los caminos deje de ser una respuesta de emergencia y se transforme en una política sostenida”, subrayó el funcionario.
El objetivo es dejar atrás el esquema reactivo que dominó históricamente la gestión vial rural, basado en intervenciones de urgencia tras lluvias o deterioros graves. Los contratos modulares, en cambio, buscan dar sustentabilidad al mantenimiento, contemplando un horizonte de al menos 18 meses y adaptándose a la evolución de las tareas ya realizadas.
Por ejemplo, una apertura de camino o un destronque hecho este año no se repite al siguiente; la planificación prevé nuevas acciones, como desagües o consolidación de calzada. De este modo, se avanza por etapas hacia una mejora integral y duradera.
Una mirada integral y multisectorial
Aunque los productores agropecuarios son actores centrales, La Malfa remarcó que la iniciativa también considera otros sectores sociales y económicos: turismo, gastronomía, actividades religiosas y transporte rural. La programación modular permite incorporar sus demandas en el calendario de tareas.
“Se trata de un esquema inclusivo, donde participan productores, Vialidad y otros actores de la comunidad. La idea es que cada sector sepa con anticipación cuándo se harán los trabajos y pueda planificar en consecuencia”, insistió.
Uno de los desafíos es el cambio cultural que supone este modelo, ya que implica que los productores se asocien formalmente y trabajen junto al Estado en una lógica de corresponsabilidad. Para acompañar este proceso, la provincia iniciará capacitaciones junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinadas tanto a técnicos de Vialidad como a dirigentes rurales.
Además, se observa con optimismo el recambio generacional en el campo. En consorcios como el de Martín de Loyola, ya participan activamente los hijos de productores históricos, con una mentalidad más abierta al trabajo asociativo y al uso de nuevas tecnologías.
Aunque el foco inicial son los caminos de tierra, La Malfa adelantó que el modelo modular también se aplicará a rutas pavimentadas. “El asfalto también requiere mantenimiento para evitar deterioros mayores. Pensamos aplicar la misma lógica de planificación modular a toda la red vial provincial”, señaló.
Por primera vez en mucho tiempo, el Estado provincial plantea una política de infraestructura rural de largo plazo, donde la planificación, la previsibilidad y la participación de los productores reemplazan la lógica de la emergencia.
“Los contratos modulares son nuestra apuesta para dar una solución definitiva al mantenimiento de los caminos no pavimentados. No será fácil, pero estamos convencidos de que este modelo permitirá articular al Estado y al sector productivo en beneficio de toda la provincia”, concluyó.
