Después de nueve años de inactividad, la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) volvió a reunirse y lo hizo con un anuncio que marca un punto de inflexión en la política agrícola y ambiental de San Luis: la creación de la Receta Digital Provincial (Redipro), un sistema que permitirá modernizar el uso y control de productos fitosanitarios en la provincia.
El encuentro, que se desarrolló bajo la coordinación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tuvo un único punto en el orden del día: avanzar en el diseño e implementación de esta nueva herramienta digital. La Redipro reemplazará al actual esquema en papel, que obliga a los asesores fitosanitarios a completar formularios por cuadruplicado, con copias que deben repartirse entre el ingeniero agrónomo, el aplicador, el productor y la propia autoridad ambiental.
Hasta ahora, los asesores debían llenar recetas con un formato que muchos profesionales consideran obsoleto: impresas en papel autocopiativo, con campos incompletos y un diseño que dificulta la trazabilidad. “Es como seguir trabajando con las viejas cartas de porte, donde ya en el tercer carbónico no se leía nada”, graficó el ingeniero agrónomo Gabriel Nafissi, representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia (CIAPA).
La nueva receta digital buscará simplificar este proceso, permitiendo que las cargas se realicen desde cualquier punto de la provincia, sin la necesidad de traslados a la capital ni trámites burocráticos engorrosos. Además, el sistema contempla incorporar datos de georreferenciación de los lotes tratados, un registro en tiempo real y la identificación del principio activo utilizado, lo que representa un salto de calidad en materia de transparencia y control.
“Lo que pedimos es que San Luis adopte un modelo ágil, similar al de Córdoba, donde el trámite lleva apenas cinco minutos y queda todo registrado de manera seria y eficiente”, sostuvo Nafissi, quien también se desempeña como asesor fitosanitario en esa provincia vecina.
La implementación de la Redipro no puede analizarse de manera aislada. San Luis cuenta con un marco normativo estricto, establecido en la Ley IX-320-2004 y su decreto reglamentario 1962/2014, complementado por la Ley IX-0958-2016, que fija distancias mínimas para aplicaciones: 1.500 metros respecto de zonas urbanas y 300 metros de viviendas rurales.
Si bien estas restricciones buscan garantizar la seguridad ambiental y sanitaria, desde el sector advierten que en la práctica generan dificultades para compatibilizar la actividad agrícola con el cumplimiento de la normativa. Durante la reunión, los integrantes de la Coprosave plantearon la necesidad de “acomodar” algunos aspectos de la ley de distancias mínimas, de modo que la futura receta digital pueda funcionar de manera efectiva sin quedar bloqueada por las limitaciones actuales.
La comisión fue creada por el Decreto 1962-2014 y está integrada por representantes de distintas instituciones vinculadas al agro y al ambiente.
En esta primera sesión participaron, entre otros, Claudio Sáenz y Sergio Casariello (INTA), Marcelo Bongiovanni (FICA-UNSL), Gabriel Nafissi (CIAPA), Héctor Barrientos (Cosafi), junto al director de Gestión Ambiental y Vinculación, David Nicola, y el jefe del Área de Monitoreo, Fiscalización y Control Ambiental, Alex Simioli.
Expectativa y advertencias
La reactivación de la Coprosave fue bien recibida por los representantes técnicos, aunque no faltaron los cuestionamientos. Nafissi subrayó la importancia de que las entidades profesionales y productivas no solo sean convocadas “para la foto en tiempos de elecciones”, sino que sean escuchadas en la elaboración de políticas públicas. “Nosotros somos gente ocupada, con mucha responsabilidad, y no podemos perder tiempo en reuniones que no tienen resultados. Si vamos a trabajar en serio, no tenemos problema. Pero necesitamos que lo que discutimos acá se traduzca en decisiones concretas”, afirmó.
El dirigente insistió en que la actual receta fitosanitaria “es un sistema que atrasa” y que resulta poco respetuoso para los profesionales y productores. “La idea es contar con una herramienta del siglo XXI, ágil y efectiva, que simplifique la vida de quienes trabajan en el campo y que, al mismo tiempo, garantice un mayor control por parte del Estado”, sostuvo.
La implementación de la Redipro aparece, entonces, como una oportunidad para equilibrar las necesidades de producción agrícola, que en San Luis supera el millón de hectáreas cultivadas, con la obligación de garantizar la seguridad ambiental y la trazabilidad del uso de agroquímicos.
En esa línea, el representante de la Universidad Nacional de San Luis, Marcelo Bongiovanni, aportó una visión crítica: “Yo estoy nombrado en la Coprosave desde 2020 y recién ahora, cinco años después, tuvimos la primera reunión. El sistema de papel que seguimos usando es un incordio: formularios por cuadruplicado que nadie respeta, datos incompletos, hojas que se pierden y un control que nunca se concreta. Es tan engorroso que la mayoría directamente dejó de usarlo”.
Para Bongiovanni, el problema no es solo técnico sino también institucional. “Antes la Coprosave trabajaba, pero después las decisiones se tomaban de manera inconsulta, lo que terminó en renuncias masivas. Ahora, al menos, vemos predisposición de las autoridades para escuchar y trabajar en conjunto”, destacó.
La nueva receta digital deberá articularse con el marco normativo vigente. En San Luis, la Ley IX-320-2004 y su decreto reglamentario establecen requisitos para el uso de agroquímicos, a lo que se sumó en 2016 la Ley IX-0958, que fijó distancias mínimas para zonas urbanas y viviendas rurales.
Si bien la norma buscó reforzar la seguridad ambiental y sanitaria, desde el sector advierten que fue sancionada sin consulta a la Coprosave ni participación de especialistas. “Es una ley inaplicable, armada sin criterio técnico”, cuestionó Bongiovanni.
Las consecuencias, según explicó, fueron contraproducentes: productores periurbanos que debieron abandonar cultivos por imposibilidad de aplicar; lotes que terminaron convertidos en baldíos, basurales o focos infecciosos; tierras que fueron loteadas, trasladando el problema 1.500 metros más allá; aplicaciones “clandestinas”, realizadas de noche y con equipos no habilitados, para sortear las restricciones.
“En muchos países del mundo no existen estas trabas. Con un marco técnico serio, las aplicaciones pueden hacerse cerca de poblaciones sin afectar la salud ni el ambiente. Lo que se necesita es control, criterio y sentido común, no prohibiciones arbitrarias”, enfatizó.
