En un encuentro con representantes de las sociedades rurales y autoridades provinciales, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, expuso una de las principales preocupaciones del cuerpo: la falta de celeridad de la justicia para resolver delitos que afectan tanto a la seguridad rural como a la urbana.
La funcionaria expuso durante la asamblea de realizada en la Sociedad Rural Rio Quinto, en Villa Mercedes, a la que asistieron más de cien productores y fue convocada por las rurales de Villa Mercedes, Justo Daract, Valle del Conlara, La Toma y Quines.
La asamblea fue encabezada por el presidente de la entidad villamercedina, Daniel Casella, y acompañada por los titulares de las entidades colegas Sandro Blangero (Justo Daract), Hugo Diaz Flores (Quines), Arnaldo Aimale (Valle del Conlara) y Rosa Etcheverry (La Toma).
La ministra Sosa asistió acompañada por el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, el director de Vialidad Provincial, José La Malfa, el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Duran, entre otros funcionarios.
Los productores describieron casos concretos que desnudan la creciente inseguridad que acecha los campos de San Luis y sugirieron cambios en la modalidad de los patrullajes.
Sosa explicó que, pese a los recientes esfuerzos por reforzar la patrulla rural, con reasignación de móviles, incorporación de camionetas 4×4 y 4×2, y la redistribución de efectivos en distintas unidades regionales, las demoras judiciales siguen siendo un obstáculo para lograr resultados concretos en la prevención y sanción del delito.
“Muchas veces la denuncia está, la policía llega, constata, realiza las averiguaciones y solicita los allanamientos, pero las órdenes tardan entre 7 y 15 días en ser emitidas. Esto, en hechos que se producen generalmente de noche o fines de semana, dificulta una respuesta efectiva”, señaló.
La ministra advirtió que esta situación no solo se da en delitos rurales, como el abigeato o la caza furtiva, sino también en hurtos y robos urbanos. “La misma tardanza, la misma falta de celeridad en lo administrativo y criterios dispares: a algunos delincuentes se les dicta prisión preventiva, mientras que otros quedan en libertad de inmediato”, subrayó.
Recordó que la Policía, en casos de flagrancia, realiza la aprehensión directa e inmediata, pero la decisión de mantener o no la detención es competencia exclusiva de la justicia. “Sé que comúnmente se dice ‘la policía lo dejó libre’, pero lo cierto es que cumplimos órdenes judiciales”, enfatizó.
Otro punto crítico fue la ausencia, desde febrero, de un procurador general que coordinara el trabajo del Ministerio Público Fiscal. “La justicia funcionaba con coordinación interna entre fiscales, pero sin una línea de trabajo clara”, explicó. En ese sentido, consideró como un paso positivo la reciente designación de Eduardo Cadelago Filippi como nuevo procurador, y adelantó que solicitarán una reunión inmediata con él para coordinar acciones.
Finalmente, Sosa reiteró que, si bien la provincia avanza en el fortalecimiento de la patrulla rural, con más móviles, más personal y operativos conjuntos con la Secretaría de Medio Ambiente, la efectividad de estas medidas depende en gran parte de que la justicia agilice los tiempos procesales y unifique criterios. “Estamos en un contexto de creciente conflictividad, y la respuesta institucional debe ser coordinada y rápida”, concluyó.
Sosa anunció una serie de medidas para fortalecer la seguridad en zonas rurales de la provincia.
Entre las principales acciones, se dispuso que la patrulla rural, que hasta ahora dependía de la Dirección Caminera, pase a integrarse a las unidades regionales, con el objetivo de mejorar el conocimiento territorial y agilizar los controles. “Buscamos un ordenamiento para que las denuncias y la prevención estén bajo la misma jurisdicción”, explicó.
Informó la redistribución de personal y móviles: la brigada de Villa Mercedes recibió un patrullero y nueve efectivos; Lavaisse, siete efectivos y un móvil; San Luis, tres efectivos y un patrullero; La Toma, siete efectivos sin movilidad asignada; y La Legua, diez efectivos y un patrullero.
En paralelo, se concretó la adquisición de 19 camionetas pick-up, de las cuales 11 se destinaron a la seguridad rural. Las nuevas Toyota 4×4 y 4×2 fueron asignadas a zonas estratégicas como Fraga, Villa Mercedes, Justo Daract, San Martín, Quines, Candelaria, La Calera y el departamento Dupuy, donde se duplicó la flota de patrulleros de cuatro a ocho unidades, además de Buena Esperanza, Unión, Anchorena y Navia.
