En un paso más dentro de su plan de reforma del Estado, el Gobierno nacional oficializó este martes la designación del ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente del “nuevo” Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que dejará de ser autárquico y pasará a funcionar como ente desconcentrado bajo la órbita directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que depende del Ministerio de Economía.
La decisión se tomó el mismo día en que entró en vigencia el Decreto 462/2025, que reestructura profundamente al INTA y a otros organismos técnicos vinculados al agro. Bronzovich ya ocupaba la presidencia del organismo en su formato anterior y ahora continuará en funciones con rango y jerarquía de Secretario, según estipula el nuevo decreto que será publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
En paralelo, la ingeniera agrónoma María Beatriz “Pilu” Giraudo, quien se desempeñaba como vicepresidenta del organismo, fue nombrada Consejera Técnica “ad honorem”, también en representación del Ministerio de Economía. La medida fue confirmada por fuentes oficiales que destacaron que los trámites administrativos para estas designaciones se agilizaron en tiempo récord, permitiendo que no se detuvieran los trabajos técnicos en curso.
El nuevo decreto elimina la estructura autárquica del INTA, que le permitía gestionar de forma autónoma su presupuesto, administración y líneas técnicas. Además, se eliminará el cargo de Director Nacional –actualmente ocupado por Ariel Pereda– y se creará una nueva figura: Director Ejecutivo o CEO, con el objetivo de “acelerar los procesos de investigación orientados a las demandas reales del sector productivo”. Según trascendió, en esta nueva etapa se definirá cuánto será financiado por el Estado y cuánto por el sector privado.
La transformación del INTA se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley Bases (N° 27.742) recientemente sancionada por el Congreso. Durante su presentación, el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la reforma busca racionalizar estructuras y adecuarlas a una lógica más moderna y eficiente.
Las reacciones no tardaron en llegar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, quien calificó la medida como “un día triste para la ciencia y la tecnología”. Rodríguez consideró que se trata de una “destrucción del INTA” y remarcó que el ajuste forma parte de un ataque generalizado del gobierno de Milei contra el sistema científico nacional, en el que también incluyó a las universidades públicas y al CONICET.
“El INTA venía siendo desfinanciado desde hace más de un año y medio. Hubo retiros voluntarios, no se cubrieron vacantes por jubilaciones, y diversas áreas de investigación perdieron personal clave. Esto lo que hace es profundizar esa crisis”, expresó el ministro bonaerense, quien además lamentó la eliminación de la histórica conducción tripartita del organismo, que incluía representantes del sector científico, productivo y estatal.
“El INTA es fundamental para el desarrollo de variedades adaptadas a cada región. Hoy en casi todos los cultivos existe una variedad desarrollada por el INTA. Esto no puede ser reemplazado con importaciones, como sugiere el Gobierno”, concluyó Rodríguez.
También se expresaron con dureza desde Bases Federadas, la organización que nuclea a pequeños y medianos productores familiares y cooperativistas. Consideraron que la reforma es “un ajuste brutal” que conllevará el despido de más de 1500 trabajadores calificados, el cierre de agencias territoriales y la venta de más de 70.000 hectáreas pertenecientes al organismo.
“El vaciamiento también implica el abandono de programas clave como Pro Huerta, Cambio Rural, y la investigación en agricultura familiar y economías regionales. Se pierde el enfoque territorial y el agregado de valor en origen”, indicaron.
Desde la organización advirtieron que el nuevo modelo apunta a un INTA “más chico”, alineado con un esquema agropecuario “extractivista, concentrado y de monocultivo”, alejado de los intereses de la soberanía alimentaria y los productores de escala media y baja.
“El INTA no es un gasto, sino una inversión. Por cada peso que se destina al instituto, retorna entre cinco y once pesos en beneficios sociales y productivos”, aseguraron, citando estudios técnicos. En ese sentido, llamaron a legisladores nacionales a no convalidar con su voto el decreto presidencial y anunciaron que permanecerán en estado de alerta y movilización.
Fundado en 1956 mediante el Decreto-Ley N° 21.680, el INTA fue concebido como un organismo autárquico, con el objetivo de promover la investigación, el desarrollo y la extensión agropecuaria. A abril de 2025, contaba con más de 6000 agentes y 932 cargos jerárquicos, una cifra que el Gobierno nacional considera “sobredimensionada”, de acuerdo a un informe reciente de la Sindicación General de la Nación (Sigen).
La reestructuración del INTA es uno de los capítulos más relevantes del proceso de reforma del Estado impulsado por Javier Milei, y anticipa futuros cambios en otros entes del sistema científico tecnológico argentino. Mientras tanto, el sector agropecuario, los científicos y los trabajadores del organismo observan con preocupación el rumbo adoptado y su posible impacto en el desarrollo productivo nacional.
