Dos iniciativas legislativas presentadas por el presidente del bloque de diputados Frente Unidad Justicialista, Lucas Caymes, buscan fortalecer la protección del sector agropecuario y modernizar las herramientas institucionales destinadas a la seguridad rural y al desarrollo productivo. Los proyectos apuntan a crear nuevos organismos y marcos normativos que permitan coordinar políticas públicas, combatir delitos rurales y garantizar la protección ambiental en el ámbito productivo.
Las propuestas fueron presentadas formalmente en la Cámara de Diputados provincial, con el objetivo de que sean analizadas y debatidas por el cuerpo legislativo. Ambas iniciativas parten de un diagnóstico común, la necesidad de dotar a la provincia de herramientas más modernas para acompañar el crecimiento del sector productivo y enfrentar los desafíos vinculados a la seguridad rural.
Uno de los proyectos propone la creación de la Agencia Puntana de Desarrollo y Seguridad Agropecuaria (APDSA), un ente autárquico de derecho público destinado a coordinar y ejecutar políticas vinculadas con la prevención del delito rural, la infraestructura productiva y la sanidad agropecuaria.
Según los fundamentos de la iniciativa, el nuevo organismo tendría como misión central articular acciones entre el Estado provincial, los productores y las entidades del sector, con el objetivo de mejorar las condiciones de producción en el territorio provincial.
El proyecto plantea que la agencia funcione bajo un modelo de colaboración público-privada, integrando en su conducción a representantes de las distintas entidades agropecuarias de la provincia. En este sentido, se prevé la creación de un directorio compuesto por quince miembros, en el que el sector productivo tendrá participación mayoritaria y federal, garantizando representación de las diferentes regiones de San Luis, norte, centro y sur.
Entre las funciones previstas para el nuevo organismo se destacan la de coordinar políticas de seguridad rural preventiva; promover mejoras en la infraestructura productiva; fortalecer los sistemas de sanidad agropecuaria, y generar estrategias de articulación entre productores y organismos estatales.
El financiamiento de la agencia provendría, según el proyecto, de una porción de los recursos generados por el Impuesto Inmobiliario Rural, que permitiría cubrir los gastos iniciales de funcionamiento y garantizar la presencia territorial del organismo.
De acuerdo con el documento presentado, la implementación de esta estructura institucional busca asegurar una presencia efectiva del Estado en el territorio, aunque bajo mecanismos de control administrativo y supervisión por parte de los organismos competentes, como el Tribunal de Cuentas provincial.
Caymes sostiene que esta herramienta podría convertirse en un pilar para la modernización del sistema productivo puntano, permitiendo planificar políticas de largo plazo para el sector agropecuario.
Un régimen para enfrentar el delito rural
El segundo proyecto legislativo propone la creación de un Régimen Integral de Seguridad Rural y Protección Ambiental de la Provincia de San Luis, con el objetivo de enfrentar la creciente complejidad de los delitos rurales y proteger los recursos productivos y ambientales.
La iniciativa parte de la premisa de que el campo enfrenta problemas cada vez más sofisticadas vinculados con el abigeato, el robo de maquinaria y herramientas, los daños a instalaciones productivas y otras modalidades delictivas que afectan directamente a los productores.
En ese marco, el proyecto plantea una serie de instrumentos institucionales y tecnológicos destinados a mejorar la prevención y la investigación de estos delitos.
Entre las principales medidas previstas se encuentra la creación de una Unidad Fiscal Especializada en Delitos Rurales y Ambientales, que actuaría con competencia específica para investigar este tipo de hechos en todo el territorio provincial.
La propuesta sostiene que una fiscalía especializada permitiría abordar los delitos rurales con mayor eficacia, debido a la particularidad de las dinámicas productivas y territoriales del ámbito agropecuario.
Tecnología y control territorial
Otro de los ejes del proyecto es la implementación de un “Anillo Digital Rural”, un sistema de vigilancia tecnológica orientado a mejorar el control en los accesos rurales y en las principales rutas productivas.
Este esquema incluiría herramientas de monitoreo avanzado que permitirían detectar movimientos sospechosos, registrar circulación de vehículos y generar alertas tempranas ante posibles hechos delictivos.
Según se detalla en el documento, el sistema estaría acompañado por mecanismos ágiles que permitan la restitución provisoria de bienes sustraídos, con el objetivo de evitar que los productores queden largos períodos sin equipamiento o herramientas esenciales para su actividad.
Además, el proyecto contempla la persecución penal específica del delito de explosión de molinos, una práctica delictiva que se ha registrado en distintas zonas rurales y que genera graves daños en la infraestructura productiva.
Los fundamentos de la iniciativa remarcan que la seguridad rural requiere presencia territorial efectiva y una estructura judicial capaz de actuar con rapidez en zonas alejadas de los centros urbanos.
Por esta razón, el proyecto propone fortalecer el sistema de investigación y persecución penal en el interior provincial, garantizando que la justicia pueda intervenir con mayor rapidez ante los delitos que afectan al sector productivo.
El diputado considera que la norma permitiría dotar a la provincia de herramientas modernas para defender tanto el aparato productivo como los ecosistemas rurales.
Modernización institucional
Ambos proyectos comparten un objetivo estratégico, modernizar la institucionalidad vinculada al agro en San Luis y fortalecer la protección de uno de los sectores económicos más importantes de la provincia.
En conjunto, las iniciativas buscan mejorar la seguridad rural, fortalecer la coordinación entre el Estado y los productores, incorporar tecnología al control territorial, garantizar una respuesta judicial más especializada y proteger el patrimonio productivo y ambiental.
De aprobarse en la Legislatura provincial, estas medidas podrían marcar un cambio significativo en la forma en que San Luis aborda la seguridad rural y el desarrollo agropecuario.
El debate legislativo que se abra en torno a estas propuestas será clave para definir el alcance de estas herramientas y su impacto futuro en la actividad productiva de la provincia.
