Con el respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados de San Luis, obtuvo media sanción el proyecto de ley que impulsa la creación del Régimen de Consorcios Camineros. La iniciativa busca establecer un nuevo modelo de gestión para el mantenimiento de los caminos rurales no pavimentados, con participación directa de los productores y acompañamiento financiero, técnico y operativo del Estado provincial.
La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que apunta a transformar el sistema de mantenimiento de los caminos rurales no pavimentados de la provincia mediante una articulación entre el sector productivo y el Estado.
La propuesta fue aprobada por mayoría, con 28 votos a favor y 12 en contra, y ahora continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Senadores. El proyecto es seguido de cerca por las entidades agropecuarias, ya que busca dar una respuesta estructural a uno de los reclamos históricos del sector: mejorar la transitabilidad de la red vial secundaria, fundamental para la producción, el transporte y la conectividad del interior provincial.
Durante el debate parlamentario, la diputada Eugenia Gallardo, miembro informante del proyecto, sostuvo que la iniciativa representa “un hito en la forma de gestionar la red vial provincial” y destacó que permitirá convertir una demanda histórica de los productores en una política pública permanente, con continuidad más allá de los cambios de gestión.
La legisladora recordó que durante las reuniones de comisión las entidades rurales manifestaron que llevan décadas reclamando soluciones para el estado de los caminos rurales. En ese sentido, resaltó la importancia de que el sistema quede establecido por ley, otorgándole previsibilidad y estabilidad institucional.
La iniciativa tiene como objetivo promover la creación, organización y funcionamiento de consorcios destinados a la conservación, mantenimiento y mejoramiento de las rutas provinciales no pavimentadas que integran la red vial secundaria. Se trata de una infraestructura estratégica para la producción provincial, compuesta por aproximadamente 4.460 kilómetros distribuidos en todo el territorio sanluiseño.
Además de mejorar el estado de los caminos, el proyecto apunta a fortalecer la seguridad vial, la transitabilidad, la competitividad de las actividades productivas y el desarrollo de las economías regionales mediante una gestión más cercana a las necesidades de cada zona.
La diputada Miriam Serra remarcó que la iniciativa responde a una necesidad concreta del interior productivo de San Luis. Señaló que la red de caminos rurales no solo es esencial para el traslado de la producción agropecuaria, agroindustrial y minera, sino también para garantizar el arraigo y la conectividad de las comunidades que viven fuera de los centros urbanos.
“Cuando hablamos de caminos rurales, hablamos de producción, de trabajo y de desarrollo”, sintetizó la legisladora, al destacar que la infraestructura vial constituye una herramienta clave para mejorar las condiciones de vida y de producción en el interior provincial.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que los consorcios estarán integrados por personas humanas y jurídicas y funcionarán como entidades sin fines de lucro. También se prevé la creación de un Registro de Consorcios Camineros y la delimitación de circuitos de trabajo definidos por la autoridad de aplicación para asegurar una cobertura eficiente de toda la red.
Según explicó Gallardo, podrán formar parte de los consorcios productores agropecuarios, usuarios de los caminos, vecinos e instituciones locales. El funcionamiento estará supervisado por Vialidad Provincial, organismo que tendrá a su cargo el control técnico de las tareas ejecutadas.
La planificación preliminar contempla la conformación de 17 circuitos de trabajo, cada uno con una extensión estimada de entre 200 y 250 kilómetros. La delimitación se realizó considerando factores como la topografía, el tipo de suelo y la cercanía operativa, con el objetivo de optimizar el uso de la maquinaria y mejorar la eficiencia en las tareas de mantenimiento.
Desde el oficialismo destacaron que el proyecto fue enriquecido a partir del diálogo con las mesas productivas y las sociedades rurales de distintos puntos de la provincia. Durante el tratamiento legislativo, representantes del sector agropecuario participaron de reuniones informativas, realizaron observaciones y propusieron modificaciones que fueron incorporadas al texto final.
Otro de los pilares de la iniciativa es la creación del Fondo para el Mantenimiento de Rutas No Pavimentadas (FONOPA), un instrumento que tendrá asignación específica para financiar las tareas de conservación, mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales.
De acuerdo con el proyecto, el fondo estará integrado por el 100% de la recaudación proveniente del DOPRO y por el 50% de los recursos generados por el Impuesto Inmobiliario Rural, además de otras fuentes de financiamiento contempladas en la normativa.
Para los impulsores de la propuesta, este esquema permitirá garantizar recursos genuinos para el sistema sin incrementar la presión tributaria sobre los productores. Asimismo, sostienen que generará un mecanismo de retroalimentación positiva, ya que una mayor recaudación derivada del cumplimiento fiscal se traducirá directamente en más inversiones para la red vial rural.
El proyecto también establece que el Gobierno provincial podrá realizar un aporte inicial de maquinaria y equipamiento para el funcionamiento de los consorcios y asumir su reposición cuando los equipos alcancen el final de su vida útil. De esta manera, se busca garantizar la continuidad operativa del sistema y evitar que las entidades deban afrontar inversiones de gran magnitud.
Además, contempla beneficios fiscales para los convenios celebrados en el marco del régimen, incluyendo exenciones en el Impuesto de Sellos y en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos vinculados a esos acuerdos.
Durante el debate, Gallardo enfatizó que la iniciativa no implica transferir la responsabilidad del mantenimiento vial a los productores, sino establecer un esquema de gestión compartida donde el Estado mantendrá un rol activo. Según explicó, la Provincia aportará equipamiento, financiará las tareas mediante pagos por kilómetro certificado y ejercerá el control técnico de los trabajos realizados.
Entre los beneficios esperados, los legisladores mencionaron una reducción significativa de los períodos de intransitabilidad de los caminos, menores costos logísticos para el transporte de la producción, una mejora en la competitividad de las actividades agropecuarias y un fortalecimiento de la seguridad vial y la conectividad rural.
Para el sector agropecuario, la iniciativa representa una herramienta que podría generar un cambio sustancial en la gestión de la infraestructura rural de San Luis. La expectativa es que el nuevo modelo permita una intervención más rápida y eficiente sobre los caminos productivos, uno de los factores clave para el desarrollo económico y la competitividad de las economías regionales.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto ingresará ahora al Senado provincial, donde continuará el debate de una propuesta que busca convertirse en una política de largo plazo para uno de los principales desafíos de la producción agropecuaria saCon el respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados de San Luis, obtuvo media sanción el proyecto de ley que impulsa la creación del Régimen de Consorcios Camineros. La iniciativa busca establecer un nuevo modelo de gestión para el mantenimiento de los caminos rurales no pavimentados, con participación directa de los productores y un fuerte acompañamiento financiero, técnico y operativo del Estado provincial.nluiseña: contar con una red vial rural en condiciones adecuadas durante todo el año.
