El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles en Casa Rosada el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, una iniciativa cuyo propósito es «incrementar la producción e industrialización” del sector con el fin de “aumentar el ingreso de divisas, promover el desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento».
El proyecto, que «busca dar previsibilidad a la industria con un esquema de incentivos para el sector del gas y el petróleo durante los próximos 20 años», tiene «un rasgo distintivo, que es que todos fueron oídos y todos aportaron para ver de qué modo esta ley se hacía mejor, se hacía definitivamente fructífera para el futuro», destacó el presidente Alberto Fernández durante la presentación.
El plan, explicó el mandatario, «tiene una ambición muy grande», «la ambición de que la Argentina produzca en exceso, exporte los excedentes e ingresen los dólares que hacen falta». Para eso, «hemos decidido dar certezas» con un «plan que prevé 20 años de estabilidad en materia fiscal, un plan donde el que invierte conoce cuáles son las reglas y sabe que no serán alteradas».
“Yo celebro que podamos estar mandado esta ley en un contexto muy complejo como el que impuso la pandemia», subrayó Fernández. Una ley, insistió, «construida entre todos: entre el Estado, los inversores privados y los sectores del trabajo, que para nosotros son muy importantes porque en toda nuestra lógica alguien que arriesga e invierte convocando al trabajo es muy importante”.
Además, mencionó el jefe de Estado sobre las potencialidades de la iniciativa, «lo cierto es que cada pozo que se inicia, cada lugar de exploración que se inicia, son ciudades que empiezan a desarrollarse alrededor de esos lugares y que permite en la Patagonia, que es un lugar tan extenso, tan árido y complejo, buscar mejores condiciones de vida».
El presidente también rescató que se trata de “una ley que ha permitido abordar absolutamente todos los temas de producción petrolera y gasífera en un tiempo también donde tenemos que garantizar la sustentabilidad», ya que para su gestión, aseguró, «el cuidado del ambiente no es un tema retórico sino que es un tema que nos preocupa y con el que estamos profundamente comprometidos”.
El Proyecto de Ley
Está basado en la disponibilidad de acceso a las divisas y, también, a la posibilidad de exportar una parte de la producción incremental.
- El eventual Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas (RPIH), cuya duración se propone en 20 años, incluye aspectos como el impulso a la recuperación secundaria y terciaria de los yacimientos convencionales, algo en los que algunos operadores, como YPF, tienen especial interés.
- Además, institucionaliza el Plan Gas, puesto en marcha este año hasta el 2024, como política de Estado para sostener los volúmenes de producción del fluido.
- Otro punto sensible son las exportaciones. Hasta ahora, cada empresa debe pedir autorización por cada despacho. Esto dificulta conseguir contratos en firme y a largo plazo para sus producciones. El proyecto prevé Autorizaciones de Exportación Garantizadas (AEG) por un 20 % de la producción incremental de cada operador. El 80 % deberá ser ofrecido al mercado interno.
- En el caso que haya producción incremental agregada, es decir, un crecimiento de la actividad de todo el sector, cada beneficiario tendrá AEG del 30 % sobre su producción incremental, si el crecimiento consolidado oscila entre el 10 % y el 30 %. Subiría al 40 % con producción incremental agregada del 30 % al 50 %. Por encima de eso, el permiso automático de exportación para cada empresa también será del 50 % sobre su producción incremental.
- Hay incentivos mayores, según la proporción de la actividad total de la empresa incluida en el régimen de la ley y el nivel de abastecimiento que cada una registre en el mercado interno. También, si renuncia a cualquier reclamo pendiente por incumplimientos del Estado en otros programas.
- El Estado, a través de la autoridad de aplicación, se reserva el derecho de dar autorizaciones de exportación adicionales si la demanda doméstica se contrae.
- En relación a los precios, el proyecto aplicará al Volumen Exportable Beneficiado (VEB) una retención del 8 % sobre el valor que arroje una ecuación entre promedios del precio internacional del crudo (Brent) de los cinco días anteriores, un precio crudo de referencia base (CRB) y un precio de crudo de referencia alto (CRA). Estos dos serían establecidos en la reglamentación de la ley. Si el valor supera el último concepto, correría una tasa del 8 %.
- En materia de divisas, el proyecto plantea que los beneficiarios están obligados a ingresar el 50 % del VEB, gozando de libre disponibilidad del porcentaje restante.
- Las exportaciones adicionales de crudo que hayan sido por fuera del régimen, deberán liquidarse en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en las condiciones que establezca el Banco Central. También la disponibilidad de divisas sube hasta el 10 %, en caso de que esté abastecido el mercado interno.
- Criterios similares se aplican para las exportaciones de gas. La norma fija los montos mínimos sobre los que aplicarán los proyectos de inversión. Para almacenaje subterráneo de gas natural, son u$s 30 millones a tres años. Para medianos desembolsos en tratamiento, licuefacción, transporte, comercialización y fabricación de equipos para proyectos de GNL, u$s 50 millones, también a tres años. Para prospectos de explotación de crudo o gas natural convencionales, costa afuera o con recuperación secundaria, tres años ídem, US$ 150 millones.
- Prevé en US$ 300 millones, a cinco años, el desembolso mínimo para proyectos de industrialización, separación, fraccionamiento, tratamiento, transporte y/o refinación de hidrocarburos y derivados, y en u$s 400 millones aquellos destinados a producción de gas natural o petróleo, ya sea en etapa de piloto o precedentes al momento de recibir el beneficio o a desarrollar en concesiones de explotación no convencional, durante un plazo no menor a los cinco años consecutivos.
