La Dirección de Personería Jurídica de la provincia resolvió suspender la asamblea de la Sociedad Rural de San Luis, prevista para este martes y destinada a elegir a la nueva comisión directiva por un mandato de dos años, tras corroborar una larga lista de irregularidades señaladas en una impugnación presentada por la agrupación “Productores genuinos de puertas abiertas”.
La decisión marca un hecho inédito en la vida institucional de la entidad ruralista y otorga un fuerte respaldo a los productores que vienen reclamando transparencia, igualdad de condiciones y verdadera representatividad dentro del gremio.
La lista “Productores genuinos de puertas abiertas”, un espacio conformado por productores de distintas zonas y escalas, desde pequeños a grandes establecimientos, desde áreas agrícolas a zonas de monte, se presenta como un sector amplio, genuino y con fuerte arraigo territorial, que reclama una conducción más abierta y vinculada al trabajo gremial histórico de la institución.
Enfrentados al espacio que responde a la actual presidenta Yeny Yurchag, los impugnantes presentaron documentación detallada que exhibe irregularidades graves en el padrón y en los procesos de admisión, baja y categorización de socios. La entidad provincial consideró estos planteos con suficiente entidad como para frenar el acto electoral.
Entre los puntos detectados, y que Personería Jurídica tomó como fundamento para suspender la asamblea, figuran:
Treinta personas fallecidas aún figuraban como socios habilitados para votar.
Socios cancelados por falta de pago que, aun habiendo regularizado su situación, no recuperaron su derecho a voto, vulnerando el estatuto.
Socios con antigüedad alterada o reducida sin explicación, lo que afecta directamente su capacidad para votar o integrar listas.
Altas de nuevos socios sin el procedimiento formal previsto, que exige presentación ante la comisión directiva, evaluación y votación secreta registrada en acta.
Ingresos masivos en simultáneo, sin registros formales, ni actas ni decisiones colegiadas que lo respalden.
Bajas irregulares y falta de claridad respecto de quiénes tienen o no derecho a participar en la próxima asamblea.
Los impugnantes remarcan que ninguna autoridad tiene potestad para convertir arbitrariamente a un socio activo en pasivo, ni para quitar antigüedad, ni para excluir a un miembro sin un proceso de expulsión debidamente fundado y vinculado a una falta grave.
La presentación también señala la presencia de miembros de la comisión directiva con intereses comerciales en contrapunto con la Sociedad Rural, lo cual estaría expresamente prohibido por el estatuto. Productores del sector opositor advierten que estas incompatibilidades afectan la credibilidad institucional y profundizan la pérdida de representatividad.
Los impugnantes relatan que incluso la lista oficialista no fue exhibida hasta que debieron exigirla formalmente, y que se entregaron padrones incompletos o con omisiones deliberadas.
También señalan que se impugnó su propia lista sin fundamentos válidos, mientras se habilitó la lista oficialista sin cumplir requisitos estatutarios.
Aún no está definida la fecha del nuevo llamado, ni quién convocará formalmente, ni bajo qué condiciones precisas se realizará el acto electoral.
El espacio impugnante subraya que su objetivo no es confrontar públicamente ni dañar a la institución, sino recuperar el perfil gremial, la transparencia y la representatividad que caracterizaron a la Sociedad Rural en otros momentos de su historia.
Defienden una conducción basada en la meritocracia y en la representatividad real del sector productivo, sin distinciones ni favoritismos, y rechazan que el debate electoral derive en discusiones ajenas al quehacer rural.
“Queremos que las decisiones vuelvan a surgir de una comisión directiva amplia, equilibrada y representativa del productor genuino, que la Sociedad Rural vuelva a tener voz y peso, y que las reglas sean claras e iguales para todos”, reiteran.
La suspensión de la asamblea abre un escenario de redefinición total del proceso electoral. Los productores impugnantes consideran que este reinicio “desde cero” es la única vía posible para garantizar legitimidad y evitar que arbitrariedades condicionen el futuro de la entidad.
