El gobierno de Santa Fe decidió que se bajará de la «co-administración» de la defaulteada aceitera. Se quejan de que ahora es inocua poque llegó 6 meses tarde. Además, hay sospechas de que el juez la dicta sólo para cubrirse y no quieren validar esa maniobra. Qué dice el nuevo interventor sobe la empresa?
El gobierno provincial de Santa Fe conducido por Omar Perotti tomó la decisión, y la formalizará antes del fin de semana, de bajarse de la co-adminstración de Vicentin, tal como lo dispuso días atrás el juez comercial que lleva la convocatoria de la defaulteada agroexportadora, Fabián Lorenzini.
Formalmente, según sostienen en la Casa Gris, que fue la que pidió hace seis meses la intervención, la medida llega fuera de tiempo. Pero informalmente se deja trascender que no quieren aparecer convalidando una resolución que les parece que el juez tomó pensando más en cuidar sus espaldas ahora que avanzan las causas penales contra Vicentin y que salpican la convocatoria que lleva adelante, como la posibilidad que le dio a la aceitera de demorar varios meses antes de presentar el último balance como siempre se exige a las empresas para aceptarle la apertura de un concurso de acreedores.
La renuncia a presentarle al juez llevará la firma de la Secretaria de Justicia y de la Inspección General de Personas Físicas, que fue la que formalmente había realizado el pedido. Precisamente, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, ya la semana pasada se había manifestado molesto por la demora del juez en avalar su reclamo, que incluso era más urgente cuando todavía no había renunciando el directorio que llevó a la empresa a la más grande cesación de pagos en la historia.
En rigor, cuando Santa Fe pidió la intervención era parte de un paquete de medidas conocido como el “Plan Perotti”. Es que luego de que el juez rechazara los decretos de intervención del gobierno nacional y las asonadas en el interior contra la Casa Rosada hicieran recular al presidente Alberto Fernández y su plan de expropiación, el gobernador santafesino presentó una estrategia alternativo y más dialoguista. En líneas generales, el Plan Perotti, que estaba mas prolijamente concebido desde el punto de vista legal, argumentaba la necesida de intervenir luego de observar irregularidades administrativas en la sociedad.
El interventor, como en este caso, no corría al directorio pero sí conduciría el proceso. La idea era que una vez intervenida la empresa, se forme un fideicomiso -administrado por un tercero- en el que los dueños cederían sus acciones para que los interventores negocien con acreedores y con nuevos inversores la venta (total o parcial) de la compañía. En ese contexto, se reflotaría del plan original la alianza con YPF para desarrollar nuevos negocios de agregado de valor. Ese plan fracasó porque el juez demoró en intervenir la empresa y los dueños de la compañía rechazaron ceder sus acciones.
¿Qué dice el interventor?
Andrés Shocron, designado interventor judicial en Vicentin, apuesta a no correr la misma suerte que Luciano Zarich, el funcionario nacional que durante algunas jornadas de junio fungió como responsable de la agroexportadora. Por ello, en su primer contacto con la prensa prefiere no tirar dardos contra la empresa y decir que si hubo falta de colaboración con la Justicia no fue por mala intención sino por el esfuerzo que supone enfrentar una convocatoria de acreedores. «Estás en un proceso donde estás verificando créditos. Tenés que armar todos los legajos y eso lleva demasiado tiempo», afirma Shocron.
Las palabras del interventor -un ex ejecutivo de Terminal 6, que desde 2018 se desempeñaba como consultor independiente- cobran importancia en función de cuál fue el principal argumento del juez Fabián Lorenzini para definir su sorpresiva medida: la omisión «recurrente y sistemática» de facilitar información por parte de la empresa. «No creo que sea mala intención», dice Shocron, que también tira una línea para el resto de los actores implicados en el proceso: «Es necesaria la elaboración de un plan de negocios en el que participen el conjunto de los acreedores».
Contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, el profesional había llegado a Vicentin en agosto, luego de ser propuesto por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) -principal acreedor del concurso- como veedor, en el marco de un proceso de control creciente por parte de Lorenzini sobre la marcha de la firma, que incluyó también la autorización de una auditoría forense.
Se tiene fe, pero…
Medido en sus palabras y con un currículum que le reporta buenos antecedentes para su nueva función, remarca que existe «buena voluntad de todas las partes» para encontrar una salida a la crisis. Sin embargo, las últimas novedades conocidas en torno al caso parecen indicar que justamente allí estará su primer gran escollo. Por un lado, no parece haber «voluntad» del Estado provincial en participar de esta nueva etapa. Por otro, tampoco parecería ser «buena» la actitud del resto de las partes.
«Mañana tendremos una reunión en Santa Fe para definir las argumentaciones del escrito que eventualmente presentaremos, pero la decisión será la de no consentir. No vamos a aprobar la decisión de participar en la intervención», ratificó este martes el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, ratificando aquello que había adelantado este medio el pasado viernes, cuando dijo que la resolución judicial «no causó buena impresión» en la Casa Gris.
En su fallo, Lorenzini le había asignado un papel preponderante al gobierno provincial: había dicho que su aporte para la solución del conflicto era “absolutamente irremplazable”. También había hablado del rol del Estado como “articulador virtuoso de medidas para evitar el agravamiento de situaciones complejas”.
Daría la sensación que a menos de una semana, la salomónica propuesta del magistrado encuentra más trabas que facilidades para avanzar. Es que en paralelo con la desavenencia del gobierno santafesino la concursada se acerca a una crisis terminal, por los severos problemas que enfrenta Díaz & Forti, la firma que se venía desempeñando como su respirador artificial (a través de contratos de fasón, le opera sus principales plantas y le asegura el capital para pagar sueldos y demás costos fijos).
La empresa fue quitada nuevamente del Registro Único de Operadores de Granos (Ruca), por lo que quedó imposibilitada de comprar, vender, recibir y despachar cereales. La medida no fue «por un problema con una coma» (como denunció hace dos semanas el CEO de Grupo Olio -el holding dueño de Díaz & Forti-, cuando se produjo una primera suspensión en el Ruca), sino porque el Banco Central informó que la empresa tenía 450 millones de dólares sin liquidar.
Consultado sobre la situación de Díaz & Forti, Shocron se limita a decir que “por ahora, el contrato se sigue cumpliendo”. De todas formas, reconoce que la debilidad de Vicentin es extrema: “Hoy la empresa no tiene capital de trabajo para hacer crushing. Lo único que puede hacer es vender servicios”, indica, para luego completar diciendo que “todo lo que sume estará bien para poder sacar a flote a la empresa”.
