El ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis, Cristian Moleker, explicó por qué no consultó a la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) para elaborar la polémica ley de agroquímicos aprobada la semana pasada y que establece nuevas distancias mínimas para fumigar cerca de zonas pobladas.
“Con la Coprosave se trabajó en la confección del decreto reglamentario de la ley anterior, pero claro está que ante los incumplimientos tomamos una decisión política que ya excede a este consejo técnico”, dijo ante los cuestionamientos que recibió porque no tuvo en cuenta a este ente creado por ley e integrado por INTA, Senasa, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Universidad Nacional de San Luis y sociedades rurales.
Moleker se refirió a una serie de temas vinculados con la protesta de productores del martes próximo, durante una entrevista con los periodistas Mario Otero y Adolfo Gil, en FM Universidad:“No creo que San Luis este ejerciendo una presión impositiva sobre el sector agropecuario que los esté asfixiando”.
El funcionario negó que sean 100 mil hectáreas, sino la mitad de tierras que quedarían sin poder fumigar en toda la provincia: “No hay consenso de la comunidad científica respecto a las distancias, así como tampoco hay un consenso generalizado acerca del impacto sobre la salud de las personas”.
Respecto a la presión fiscal, insistió en que en este momento el sector agropecuario no esta en una situación como para que tenga un trato privilegiado.
Como ejemplo de recaudación, dijo que en la Cuenca El Morro hay 360 mil hectáreas que se han declarado en emergencia ambiental. En esa superficie hay 1.600 productores que pagan por impuesto inmobiliario un millón y medio de pesos al año, a razón de $4 la hectárea, mientras que el gobierno de San Luis lleva gastado en lo que va del año en acciones de remediación ambiental, cerca de cien millones de pesos.
Dijo al respecto que son transferencias de recursos desde Educación, Salud y Seguridad que fueron a esta emergencia ambiental: “Los beneficiados número uno de esta acción son ellos, porque los caminos rurales los estamos manteniendo como nunca se hizo los principales privilegiados serán los productores. Si uno hace este tipo de ecuaciones, no entiendo dónde está la carga fiscal de la que hablan: Si considero que a nivel nacional hay una carga fiscal muy excesiva, pero para todos los sectores económicos”.
Respecto de que unas cien mil hectáreas dejarán de producir a partir de las nuevas distancias mínimas dijo: “Tenemos una ley con su decreto reglamentario que lleva varios años y que contempla un procedimiento fitosanitario con la venta del producto mediante receta agronómica y un aplicador registrado con su máquina homologada. Esto no se está cumpliendo. Uno de los pedidos de la Rural Río V es por los controles que estamos haciendo sobre los aplicadores y sus máquinas. Se quejan porque cobraremos mutas a los que estén fuera de la norma. El decreto reglamentario de la ley anterior fue elaborado de manera conjunta con ellos y su sistema sancionatorio también”.
Recordó que están haciendo los controles en las rutas, que ya fiscalizaron a más de 30 máquinas y la mitad esta fuera de norma, porque no están registradas en el ministerio y por lo tanto no pueden saber si está en condiciones y su aplicador capacitado para cuidar el medio ambiente y la salud de las personas, además de no contar con la receta fitosanitaria.
Como esa ley no establece las distancias para fumigar cerca de los centros poblados, insistió en que el gobernador tomó una decisión política y privilegió la salud de las personas: “No vamos a esperar que haya muertos por una mala situación. La distancia establecida por la nueva ley es precautoria y obviamente que afectará una fracción de la superficie destinada a la producción agrícola, pero tampoco son cien mil hectáreas, sino la mitad”.
Negó que la producción de papa en San Pablo ni la de algodón en Quines queden fuera del sistema por sus cercanía a viviendas: “Este grupo está produciendo desinformación porque tampoco se prohíbe la producción, sino la aplicación de agroquímicos en ese radio, por lo que se puede hacer otro tipo de producciones”.
El ministro aseguró que no hay una distancia óptima establecida y que ello tiene una larga discusión nacional e internacional. Todo está relacionado con las buenas prácticas agrícolas: “Si hiciéramos las cosas como las tenemos que hacer, no tendríamos esta discusión. Lo cierto es que recibimos denuncias de escuelas rurales que los aviones fumigadores les pasan por arriba cuando los niños están estudiando o jugando en el patio”.
Coprosave
Moleker justificó la elaboración del proyecto de ley sin consultar a la la Coprosave de que se trató de una decisión política basada en cuidar la salud de las personas ante la evidencia de las malas prácticas agrícolas: “No hay consenso de la comunidad científica respecto a las distancias, así como tampoco hay un consenso generalizado acerca del impacto sobre la salud de las personas, por ello en este caso debemos prevenir y no curar, porque lo que está pasando en el resto de las provincias es que se espera que haya una situación de salud complicada para tomar decisiones al respecto. No queremos llegar a esa instancia”.
El presidente de la Rural Rio V, Carlos Cavadore, le reclamó al ministro porque las irregularidades en las fumigaciones ocurren por la falta de control del Estado, al que estaba obligado por la anterior ley y su reglamentación.
La respuesta del funcionario fue inmediata: “El mensaje de la Rural Rio V es que reclaman porque estamos aplicando la ley sobre los aplicadores que no están cumpliendo con las normas; lo que dice Cavadore queda fuera de lugar”.
Respecto del camionetazo de productores convocado para el martes frente a la gobernación puntana, Moleker negó tener cerrado su despacho: “Seguimos en actitud de diálogo. Al presidente de la Sociedad Rural Rio V y al titular entrante los recibí en mi despacho hace quince días. El diálogo está y siempre ha estado; no es cierto que no estoy dialogando con los sectores de la sociedad rural”.
Foto: Agencia San Luis
