La incertidumbre se cierne sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ante la posible reestructuración de su estructura institucional y financiera. Así lo manifestaron con profunda preocupación el médico veterinario Jorge Reynals, director del Centro Regional La Pampa-San Luis, y el ingeniero agrónomo Hugo Bernasconi, director de la Estación Experimental INTA San Luis, en una extensa conversación con El Semiárido donde detallaron los riesgos que enfrenta la institución en caso de avanzar el nuevo decreto impulsado por el Gobierno nacional.
Los referentes locales del INTA alertaron sobre un posible cambio significativo en el sistema de gobernanza del organismo, que pondría en riesgo su histórico modelo de conducción colegiada. Actualmente, el Consejo Directivo del INTA está integrado por representantes del gobierno, de entidades del agro, del sector académico y de la producción privada. Esta composición plural, destacan, permite una conducción equilibrada y una independencia clave para el desarrollo de políticas técnicas con visión territorial.
Según Reynals, “el supuesto decreto modificaría esta constitución, dejando el control del organismo dividido equitativamente entre las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y el gobierno nacional”. La presidencia del Consejo, que hoy tiene voto doble y está a cargo de un representante designado por la Secretaría de Agricultura, pasaría así a tener una influencia decisiva. “Esto implicaría que las decisiones estratégicas quedarían subordinadas a la voluntad del gobierno de turno, más allá del signo político que tenga”, afirmó.
Además del Consejo Directivo, los cambios impactarían en los centros regionales, donde también se alteraría la actual estructura participativa. En el caso del Centro Regional La Pampa-San Luis, hoy participan representantes de ambas provincias, universidades, gobiernos provinciales y entidades rurales. “Es un espacio de consulta y decisión permanente que podría desaparecer o ser transformado en una figura mucho más centralizada y alejada del territorio”, advirtió Bernasconi.
A este panorama se suma una preocupación adicional: el riesgo de perder la autonomía financiera del organismo. La modificación del estatus jurídico del INTA, que dejaría de ser un ente autárquico y descentralizado para depender directamente del Ministerio de Economía, podría implicar una pérdida sustancial de su capacidad operativa. “Hoy contamos con un sistema propio de decisiones financieras, ideado por el propio INTA. No sabemos qué pasará si eso se centraliza”, señaló Reynals.
Un modelo de trabajo que se sustenta en el territorio
Tanto Reynals como Bernasconi insistieron en que el INTA trabaja desde el territorio y para el territorio. Las cinco agencias de extensión de San Luis –Villa Mercedes, San Luis capital, Concarán, Unión y Quines– mantienen vínculos activos con los municipios, gobiernos provinciales y productores locales. Esa presencia territorial se ve reforzada por convenios de cooperación como el que existe entre la agencia Concarán y la Municipalidad de Merlo, o el histórico acuerdo con la Agencia 25 de Mayo en La Pampa.
“La articulación con otros organismos, públicos y privados, es la base de nuestro accionar. Nuestro objetivo es responder a la demanda de los territorios. Trabajamos con grandes y pequeños productores, con sectores rurales y periurbanos, con emprendedores, con municipios y con provincias”, explicó Bernasconi.
La posibilidad de una reestructuración que recentralice las decisiones pone en jaque esa lógica de trabajo asociativo y territorial. “Nos preocupa no saber qué pasará con esa presencia en los territorios, que hoy es el gran valor agregado que ofrece el INTA a la sociedad”, añadió.
Apoyo político y social
En medio de este escenario, sorprendió gratamente a los directivos el respaldo que comenzó a surgir desde fuera del organismo. Diversos sectores políticos, legisladores y entidades agropecuarias expresaron su apoyo al modelo actual del INTA. La Cámara de Diputados de San Juan y Santa Fe, además de sectores vinculados a la Mesa de Enlace, manifestaron su preocupación ante los posibles cambios.
“No nos sorprende porque son instituciones que conocen y valoran el trabajo del INTA. Pero sí nos alienta mucho ver ese respaldo explícito. Habla de la importancia que la sociedad le da a nuestra tarea”, reconoció Bernasconi.
El funcionario destacó que cada región del país, a través de sus centros experimentales, comenzó a tomar contacto con legisladores, gobernadores y otras instituciones para visibilizar las implicancias del posible decreto. “Nuestro trabajo es con las provincias, aunque seamos una institución nacional. Por eso es tan importante que los gobernadores también se expresen. Ya son al menos siete los que lo han hecho”, subrayó.
Impacto humano y científico
Más allá de la discusión política e institucional, ambos directivos señalaron el fuerte impacto humano que esta situación está generando dentro del organismo. La Estación Experimental San Luis, por ejemplo, ya perdió siete agentes a través de retiros voluntarios. “Algunos eran referentes de laboratorios o responsables de líneas de investigación que quedaron vacías. Eso debilita seriamente nuestra capacidad institucional”, explicó Reynals.
“Además, no hay designaciones nuevas, no hay contratos. Todos los ingresos son por concurso público, y eso también está frenado. Tenemos becarios formados durante años, con posgrados terminados, que no pueden incorporarse a planta. Gente con vocación y formación, que ahora se está yendo”, añadió Bernasconi con visible preocupación.
En los últimos años, la Experimental San Luis había logrado un recambio generacional significativo, con muchos jóvenes profesionales asumiendo roles claves. Hoy, ese grupo se encuentra atravesado por la incertidumbre. “Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo con la agenda técnica, pero hay una gran desmotivación. No saben qué futuro les espera”, reconoció Reynals.
Desde sus funciones de conducción, ambos referentes intentan contener al equipo, mantener informada a la gente y seguir con la agenda técnica que no se detiene. “Seguimos haciendo ensayos, capacitaciones, publicaciones, porque el INTA no paró. Pero necesitamos claridad. Necesitamos certezas”, reclamaron.
La situación actual los obliga a hacer equilibrio entre las demandas institucionales, la gestión interna y la presión de los actores externos que dependen de su accionar. “Somos ejecutores de políticas públicas, generamos información científica y técnica que es fundamental para la toma de decisiones. Nuestro trabajo no es solo para el gobierno nacional, también para las provincias, los municipios y el sector privado”, subrayó Bernasconi.
El pedido que ambos dejaron sobre la mesa es claro: preservar el modelo institucional, territorial y técnico del INTA. “No estamos hablando de cerrar el INTA, eso es cierto, pero una reestructuración que modifique su esencia puede tener efectos igual de devastadores”, concluyeron.
La historia del INTA como referente del desarrollo agropecuario argentino, construido con décadas de trabajo articulado y presencia territorial, no puede ni debe ser puesta en riesgo. La sociedad toda, sus instituciones y sus dirigentes tienen ahora la responsabilidad de defender esa construcción colectiva que tanto ha aportado al país.
