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La Justicia no hizo lugar a la cautelar para desalojar a Dolores Etchevehere

Así mantienen tapado el ingreso al campo los productores que apoyan a Luis Etchevehere en la disputa con su hermana. Foto Canal 11 Enre Ríos

La Justicia rechazó el pedido de desalojo presentado por el ex ministro macrista Luis Etchevehere contra su hermana Dolores, quien desde hace días se afincó en un campo de la familia en Entre Ríos y sobre el cual reclama parte de su propiedad por derecho sucesorio.

La decisión fue tomada por el juez de Entre Ríos Raúl Flores, quien no hizo lugar este mediodía al pedido de desalojo presentado tanto por el ex titular de la Sociedad Rural como por sus hermanos Sebastián y Juan Diego, quienes en los últimos días organizaron una movilización de ruralistas que amenazaron con echar por la fuerza a Dolores y los miembros del Proyecto Artigas que se encuentran en el lugar.

En la resolución dada a conocer este mediodía, el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, estableció «no hacer lugar a la medida cautelar del artículo 75 del CPPER (desalojo), peticionada por la Fiscalía (Sobko y Bessa) y la Querella (Pagliotto)» y sostuvo que «tener presente la familia Etchevehere el ofrecimiento de poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces».


Uno de los documentos claves que hizo inclinar la balanza para no ordenar el desalojo del establecimiento Casa Nueva, fue mencionado por el juez Flores en su resolución, en la cual declaró al caso como una «disputa meramente familiar».

Flores explicó que «el Juez Civil y Comercial Nº 7, Martín Furman, remitió el pasado 17 de octubre, la «copia de la declaratoria de herederos, de la sucesión de Luis Felix Etchevehere del año 2010, en la cual, Dolores Etchevehere, es declarada heredera junto a sus hermanos y su madre. Además, el juez civil informa, y esto es dirimente para este juzgado, que: en el marco del sucesorio no hay partición, nunca se aprobó ninguna cuenta particionaria, ni adjudicación, para ello, es necesario que previamente se culmine con la tarea de inventario».

Además, el Juez Civil y Comercial Nº 7, Martín Furman, señaló al magistrado subrogante de La Paz que «el inmueble sobre el que se asienta Casa Nueva es de titularidad registral de Las Margaritas S.A. y no ha sido incluido en el inventario sucesorio».

Flores deduce que «los herederos han omitido inventariar el inmueble donde se asienta el campo «Casa Nueva», por lo tanto, quien no esté al tanto de la omisión podría sufrir algún perjuicio patrimonial; en segundo lugar, si se acreditara el dominio (con el Título de propiedad), el Juez anuncia que a la fecha no hay Partición, por ello, le asiste razón a la defensa en cuanto a que, por todos los bienes existentes, los hermanos son condóminos y dueños por igual, hasta que culmine el sucesorio».

«Esas situaciones llevan a un claro sinceramiento de los hechos aparentemente típicos que, de por sí, terminaron siendo unificados y debatidos por los propios abogados, en cuanto a que la Cesión a Midus S.A. dejaba sin bienes a la Sra. Dolores Etchevehere y, la respuesta adversarial consecuente, que la cesión, es nula por el art. 1618 del Código Civil y Comercial, pero que además, era el fruto de la extorsión que investiga la justicia federal», señala Flores.

Al respecto, el juez Flores sostiene que «eso dejaría en pie la Asamblea Societaria de «Las Margaritas S.A.», del 14-09-2018, en cuyo seno, la denunciante Leonor Barbero Marcial y sus hijos, le cedieron a Dolores Etchevehere la cantidad de 129 hectáreas del campo Casa Nueva; de todo ello también se deduce que la disputa familiar-hereditaria por la titularidad y/o posesión y goce del inmueble, no puede ser resuelto en sede penal, por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado».

El juez Flores indicó que «para ser válidamente despachada la medida cautelar de desalojo del inmueble, se exige la «verosimilitud del derecho» en que se funda, lo que no ha podido ser acreditado por la Fiscalía ni Querella, con la provisoriedad que el caso amerita, sin perjuicio de que oportunamente, y con el avance de la causa, o en el decurso del debate, se acrediten los requisitos exigidos; en tanto al momento la duda favorece al sospechado», explicó el magistrado.

Por otra parte, la resolución aclara que «no hace a la cuestión resuelta, por ello, pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde «el derecho de las familias», me lleva a la necesidad de ofrecer a los hermanos Etchevehere, poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces, y con la ayuda de operadores bien intencionados, evidenciando con el ejemplo que todo esto es material y por lo tanto, quedará en la tierra», señala el juez.

«El juez pide que acordemos entre hermanos. De acá no nos vamos a ir», anticipó Luis Etchevehere en declaraciones a la prensa minutos después de que se diera a conocer la resolución, en clara disconformidad por lo decidido. Una muestra más del respeto por las instituciones que tiene el ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.

«Vamos a seguir con nuestro pedido ante la Justicia», sentenció al mostrarse «sorprendido por el enfoque que le dio el juez, porque en vez de contestar al pedido de los fiscales con argumentos penales, lo hizo desde un punto de vista de derecho de la familia; en lugar de determinar si es una usurpación o no para decidir o no el desalojo».

Para el ex ministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, «se violó el artículo 181 del Código Penal que dice que aquellos que privaran de la posición mediante ardid, engaño, violencia a los legítimos dueños tienen que ser desalojados de esa propiedad».

«Hace dos noches que dormimos en el vehículo. De acá no nos vamos a ir hasta que haya un fallo en el cual se restituya el bien a los legítimos propietarios, que es Las Margaritas S.A., y que saquen a los ocupantes ilegales, porque estamos amparados por la ley, porque creemos en el derecho a la propiedad privada, y porque el mismo juez está dando una respuesta desde el derecho de familia a una respuesta que debería haber sido desde el derecho penal», argumentó.

«Este fue un fallo de un juez de primera instancia, que no es definitivo. Vamos a apelar este fallo y seguir presentando todas las pruebas en todas las instancias que la Justicia nos lo permita porque nos asiste el derecho. Mientras, me quedaré en la puerta esperando», aseguró.