El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa por el vaciamiento del grupo Vicentin, le pidió a su par de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, «copia forense del estudio pericial» realizado al celular del secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto. Sucede que en el block de notas del iPhone de Nieto se encontraron dos mensajes, que todo indica que fueron emitidos por el ex presidente, en el que se instruyó al secretario para que llame a un funcionario del gobierno porteño, Martín Mura, para que le dé un préstamo de «diez millones» a Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin. En un segundo mensaje le ordena «que no lo lleven al directorio ni a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) porque la van a complicar». O sea, denle la plata, pero háganlo de manera irregular, a escondidas. Ercolini le pidió a Augé la copia de lo encontrado en el celular por iniciativa del fiscal Gerardo Pollicita.
Los mensajes demuestran algo que en su momento mencionó el ahora director del Banco Nación Claudio Lozano: Mauricio Macri tuvo directa injerencia en los créditos que se le dieron a Vicentin, cuando ya estaba en cesación de pagos. Es que las instrucciones fueron dadas el 22 de noviembre, cuando Nardelli y el gigante cerealero habían dejado de pagar lo que les debían a los bancos: cuando cobraban una exportación, el dinero no era retenido para cobrar las deudas, sino que se lo llevaban a las arcas de la empresa y, según investigan Ercolini-Pollicita, los fondos se fugaron a paraísos fiscales.
Los textos en el celular de Nieto tienen un problema serio como prueba, después de haber sido descubiertos con el software israelí Ufed plus. Sucede que el secretario borró los mensajes de WhatsApp y lo que hizo fue copiarlos en su block de notas, seguramente para no olvidarse de la instrucción del mandatario. También Nieto borró su block de notas, pero lo borró mal, por eso se pudieron rescatar los textos. El problema es que no queda verificado quién mandó ni quién recibió. Es un mensaje sin emisor y sin destinatario. Por lo tanto será un indicio, que tiene que ser concordante con otros indicios. Ercolini ya ordenó la inhibición general de bienes y el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, lo que le permitirá ver la responsabilidad de Javier González Fraga, ex presidente del Nación, un largo listado de directivos de ese banco y ahora aparece en escena el ex inquilino de la Casa Rosada.
Lo que surge del mensaje de Macri es que la instrucción era para el Banco Ciudad, porque Mura era funcionario del gobierno de la Ciudad, no del Banco Nación. Es más, en ésta última entidad estuvieron buscando evidencias de alguna intervención de Mura dentro del Nación, pero no existe ninguna prueba. De todas maneras, en la convocatoria de acreedores el Ciudad aparece reclamando unos 30 millones de pesos, de manera que habrá que ver cómo encajan las piezas. Parece evidente que el fiscal deberá pedir la declaración de Mura y el juez seguramente la concederá.
Hay otra evidencia que podría arrojar luz sobre los hechos y tiene que ver con algo tan elemental como el balance de Vicentin en 2019. Aunque parezca asombroso, el grupo no lo presentó y eludió hacerlo en los últimos meses. Todo indica que tendrá que salir a la luz en la asamblea de accionistas de septiembre. En el mes que falta para ese momento, es posible que Ercolini avance en la investigación de una gran cantidad de delitos, pero lo que hace la diferencia es que ahora apareció Macri en escena.
Ya a principios de este año, mucho antes de que se conocieran los detalles del escándalo de Vicentin, Claudio Lozano explicó que cuando había alguna traba para darle dinero a la cerealera se producía una llamada desde la Casa Rosada, donde el fallecido Nardelli jugaba de local. Ya es conocido que el empresario y su grupo fueron los mayores aportantes a la campaña presidencial de Macri. Pero lo que exhibe el mensaje encontrado en el iPhone de Nieto es que la instrucción no sólo era darle dinero a Vicentin, sino hacerlo de manera irregular. Además, está claro que era plata del Estado, ya sea nacional o porteño, que no se iba a devolver, porque Vicentin no estaba pagando nada.
Una de las preguntas es si el aparato de Comodoro Py va a avanzar contra el ex mandatario, con el que tuvieron una alianza férrea durante todo su mandato y aún antes. La coalición judicial-mediática-política funcionó en casi todos los casos y es probable que se afiance todavía más como bloque frente a la reforma judicial. Sin embargo, Cambiemos no está en un momento de armonía y Macri podría ser la pieza a sacrificar ante evidencias tan claras de desfalco.
Inhibición de bienes de Algodonera Avellaneda
Esta semana llegaron novedades de peso para los dueños de Vicentin en el plano judicial. Finalmente, en el primer día hábil de la semana, el juez federal Julián Ercolini dictó la inhibición de bienes de Algodonera Avellaneda, firma que forma parte del grupo empresario, y en paralelo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de los directivos de la agroexportadora.
Pero esto no es todo porque también, y quizás bastante en concordancia con las averiguaciones que está haciendo la Justicia federal, un grupo de acreedores de la firma conformado por el Banco Nación, los organismos internacional IFC y FMO y la cooperativa de productores ACA, solicitaron formalmente al juez que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzini, que autorice como “medida de carácter urgente” una auditoría forense sobre las cuentas, maniobras financieras, estados contables e información comercial del grupo. En definitiva, buscan “entender cómo y por qué se produjo el colapso de Vicentin” y van detrás de la figura de presunto fraude y desviación de fondos.
Lo cierto es que en materia judicial las medidas más contundentes llegaron de la mano del juez Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que se investiga además a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por otorgamiento de créditos irregulares a la firma agroexportadora que llegó a acumular una deuda con el Banco Nación superior a los $18.300 millones. Mientras tanto, en el juzgado de Reconquista el concurso de acreedores continúa recién en la etapa de verificación de deudas y el juez Lorenzini continúa haciendo caso omiso de que la empresa logró la apertura del proceso concursal sin siquiera haber presentado formalmente su último balance.
Quizás por este último punto un grupo de acreedores, probablemente los mayores damnificados por el desfalco de la empresa por más de u$s1.350 millones, conformó un comité para concretar presentaciones de impacto para conocer en profundidad cómo una empresa que se mostraba entre las más prósperas de la Argentina pasó repentinamente al colapso financiero dejando como damnificados a más de 2.000 productores, acopios y cooperativas, y diversas entidades bancarias y crediticias locales y del exterior.
“Las vaguedades con que, al presentarse en concurso, la concursada intentó justificar semejante colapso financiero son inverosímiles -aparte de que omitió toda explicación particularizada-, y tratándose del proceso de insolvencia más grande que se tramita actualmente en el país, es de toda razonabilidad y justicia que los acreedores cuenten con una explicación seria, técnica y profesional acerca de lo que sucedió con Vicentin”, detalla el escrito firmado por Elenora Sartor, apoderada judicial del Banco Nación y los apoderados de las cooperativas ACA, el IFC y el FMO.
Concretamente este grupo de acreedores sigue la misma línea de pensamiento que el comité de bancos internacionales acreedores de Vicentin, que también está conformado por el IFC y el FMO, quienes están llevando adelante un proceso de “Discovery” sobre las cuentas de la firma con el aval de la Justicia Estados Unidos. Buscan determinar dónde fueron dirigidos al menos u$s400 millones que le fueron otorgados a la empresa en préstamos y que hoy no aparecerían a simple vista en las cuentas de la agroexportadora.
En tanto, con la resolución del martes del juez Ercolini, se abre un nuevo panorama para los acreedores de la empresa porque el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre los directivos del grupo y sus firmas relacionadas es justamente uno de los puntos clave para dilucidar las maniobras que habrían llevado a Vicentin al default.
En paralelo, la inhibición de bienes que ahora pesa sobre Algodonera Avellaneda se volvió además en una especie de tranquilidad para los empleados de la empresa textil que desde hace semanas están llevando adelante un reclamo gremial, ya que en los últimos días los dueños de Vicentin amenazaron con cerrar el establecimiento y despedir a la totalidad de la plantilla laboral.
