Entre las noticias que se publicaron en El Semiárido el 21 de marzo pasado, una de ellas llevó el título «San Luis aún no recibió la partida 2018 de bosques nativos», en la cual se reprodujeron declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente de la provincia, Natalia Spinuzza, que fueron difundidas por la Agencia de Noticias San Luis (ANSL).
En su desarrollo, la integrante del Poder Ejecutivo Provincial se explayó en varias situaciones irregulares que se estarían cometiendo desde el Estado Nacional para el cumplimiento de la denominada Ley de Bosques Nativos.
Entre otros reclamos fundados por la funcionaria se destacaron la falta de cumplimiento respecto de los fondos que se deben destinar para la preservación de los bosques: «El presupuesto 2019 sólo destina un 4.5 % de lo que corresponde por ley para la preservación de los bosques. Es la cifra histórica más baja. Esto nos duele a todos los argentinos, y que en lo que hoy nos atañe, desfinancia la protección de nuestros bosques”.
También, Spinuzza señaló: “Hoy enfrentamos un nuevo obstáculo: aún nos encontramos a la espera de la transferencia de los fondos 2018, que corresponden a nuestra provincia ya que hemos cumplimentado todos los requisitos necesarios para la transferencia de los mismos y no se nos ha notificado los motivos por los cuales no se realiza”.
Varios de nuestros lectores al recorrer la noticia con los dichos de la ministra no tardaron en comunicarse con la redacción para aclarar cuestiones respecto de la aplicación de la ley y explicar cómo se observa del «otro lado del mostrador», es decir, de aquéllos que están directamente relacionados y se sienten perjudicados.
Varias fuentes mantuvieron reuniones con personal de la redacción, además de entregar material explicativo sobre la ley nacional y su correlato con la ley provincial Nº IX-0697-2009 -De Bosques Nativos De La Provincia De San Luis, de acuerdo con los términos del Artículo 6° de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Si bien se persigue un conjunto de objetivos, los centrales son:
- A) Implementar medidas para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; procurando disminuir la tasa de desmonte.
- B) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Estableciendo un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Los productores que dispongan de bosque y que quieran conservarlo, pueden solicitar apoyo económico a través de un plan de Conservación y Manejo Sostenible de Bosques Nativos, incluyendo actividades susceptibles de financiamiento, entre ellas:
- Materiales y servicios de alambrados o clausuras perimetrales y/o internas.
- Materiales y servicios para distribución de recurso hídrico
- Podas y raleo entre otras prácticas silvícolas
- Manejo integrado de Especies Exóticas invasoras,
- Honorarios de los profesionales Responsables Técnicos de proyecto, entre otras actividades que resulten en un Manejo Sustentable y/o Conservación del Bosque Nativo.
Según explicaron las fuentes, la aplicación e instrumentación de la ley en la provincia «está viciada desde sus orígenes». Fundamentan esta afirmación en que el ordenamiento territorial de los bosques nativos debía realizarse con activa participación de los diferentes actores e instituciones vinculados en forma directa e indirecta al recurso, a través de talleres, consultas y participación pública, en todo el ámbito provincial.
Por el contrario, dijeron, sólo se limitó a una ponencia por parte del Ejecutivo Provincial en cuatro jornadas que se realizaron San Luis, Villa Mercedes, Unión y Quines, de la zonificación y los criterios utilizados, «sin posibilidad de discusión y menos aún de agregar, quitar o agregar algún aspecto relevante».
La Ley Provincial incluye dentro de las actividades susceptibles para financiar un reducido listado en relación a lo que prevé la ley nacional, dijeron las fuentes, con lo que «resta posibilidad de planteos técnicos tendientes a mejorar e incrementar los beneficios del bosque».
Ilustraron que gran parte de los montos recibidos provenientes del Fondo Nacional creado por la Ley Nº 26.331, el Estado provincial lo destina para «actividades propias», queda un «reducido volumen de dinero para apoyo de las actividades privadas» y que distribuye a través de una polinómica entre los productores, donde salen favorecidos «aquéllos que poseen grandes extensiones y cuyos ingresos no depende del aprovechamiento y conservación del bosque nativo».
El órgano de Aplicación de la ley a nivel provincial es el Programa Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente; pero el pago de materiales, servicios, honorarios -que contempla el plan- se realiza a través de una empresa, San Luis SAPEM, que el propio Estado contrata, por lo cual el dinero que llega a los productores se ve «cada vez más reducido; puesto que sale de este mismo fondo».
Una de las informaciones que transmitieron es sobre los escasos aportes que reciben los productores: muchos de ellos no reciben más de 20.000 pesos anuales, cifra insignificante para conservar, mejorar e incrementar la calidad y cantidad de los bosques; a ello se le suma la falta de desembolsos de los respectivos Planes Operativos Anuales.
Uno de los enojos que provocaron las declaraciones de Spinuzza es que ella informó que el gobierno provincial aún no recibió las partidas de 2018. A la ministra le responden que a la fecha aún se adeudan parte del Plan Operativo Anual (POA) Año 2014 y los POA completos 2015- 2016- 2017-2018 y ya entrará en vigencia el POA 2019.
El dinero que se debe es sobre cada uno de los planes presentados, que abarcan los aportes que deben recibir los productores (dinero para compra de materiales, servicios y contratación de mano de obra) y los honorarios profesionales por servicios de monitoreo y acompañamiento de los planes declarados.
Por lo que se pudo armar, los planes son cerca de cien y los profesionales son 10. Se les adeuda y desde ambos sectores comentan que en el gobierno «no dan respuesta alguna cuando se consulta», aún cuando tienen la certeza que el Ejecutivo Provincial ha recibido los aportes en tiempo y forma de parte de Nación, con la excepción del de 2018.
El Semiárido
