La iniciativa busca aumentar la productividad, fortalecer el arraigo rural y garantizar la seguridad alimentaria, con un enfoque integral, sustentable e inclusivo.
En una apuesta ambiciosa por el fortalecimiento del sector agropecuario y el desarrollo territorial equilibrado, la Legislatura de San Luis analiza el proyecto de Ley “Raíces Productivas San Luis”, una propuesta integral destinada a redefinir las políticas agrícolas y ganaderas de la provincia. La norma —que aún debe ser tratada en ambas cámaras— propone un régimen jurídico sistemático y permanente que promueve el desarrollo sustentable, el arraigo rural, el agregado de valor en origen y la soberanía alimentaria.
La iniciativa fue presentada por el senador provincial Sergio Moreyra (PJ-Dupuy), acompañado con la firma de sus colegas de bloque Juan Alejandro Torres (Pringles), Hugo Olguín (Chacabuco) y Mariana Cruz (San Martin).
La propuesta busca reemplazar un marco legal vigente desde 2004, considerado obsoleto frente a los desafíos actuales del sector. Con una visión multidimensional, la propuesta no sólo apunta a aumentar la productividad del campo, sino también a promover la equidad territorial, la innovación tecnológica y la inclusión productiva de pequeños y medianos productores.
El proyecto abarca tanto la actividad ganadera como la agrícola, ambas declaradas de interés público provincial por su valor estratégico en términos de abastecimiento interno, industrialización, generación de empleo y equilibrio territorial.
Además, pone especial énfasis en el asociativismo, la integración de cadenas productivas y la transición tecnológica como motores del cambio rural.
En el capítulo destinado al desarrollo productivo ganadero, la propuesta impulsa la retención y reposición de vientres, la recría y engorde en territorio provincial, el fortalecimiento de la faena local, y el mejoramiento genético y sanitario de los rodeos. Se plantea, además, un ambicioso programa de infraestructura rural que incluye la instalación y modernización de mataderos, corrales, bebederos, caminos secundarios y electrificación.
Un aspecto central del nuevo régimen será la creación del Programa Provincial de Retención de Vientres, que permitirá revertir la descapitalización ganadera a través de subsidios, créditos blandos y beneficios fiscales. A esto se suman políticas para consolidar circuitos comerciales más justos, garantizar la trazabilidad sanitaria del ganado y promover la tipificación de carnes.
Revolución agrícola con identidad provincial
En cuanto a la agricultura, el proyecto propone diversificar la matriz productiva con una mirada agroecológica y regenerativa. Se estimularán cultivos intensivos, frutícolas, hortícolas, industriales y forestales, de acuerdo con las condiciones agroecológicas de cada región, y se incentivará la transformación local de materias primas mediante plantas de molienda, secado, empaquetado, producción de aceites, bioinsumos y biocombustibles.
También se prevé la creación del Programa de Agricultura Regenerativa y Agroecológica, que fomentará prácticas orientadas a la restauración del suelo, la biodiversidad, el ciclo del agua y la salud ambiental.
La infraestructura productiva es otro pilar clave. La provincia podrá financiar o cofinanciar la construcción de reservorios hídricos, sistemas de riego, galpones de acopio, caminos rurales y maquinaria de uso comunitario, facilitando el acceso a los bienes de capital necesarios para la producción agrícola.
La Ley prevé un sistema integral de beneficios fiscales que contempla exenciones en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos y tasas provinciales, así como una estabilidad fiscal por cinco años para los productores inscriptos en el régimen.
Se creará además el Fondo Provincial de Fomento Agroganadero, destinado a financiar inversiones productivas, acompañamiento técnico, generación de empleo rural y asistencia a productores de pequeña y mediana escala. Tendrán prioridad para el acceso a estos beneficios las cooperativas, asociaciones de pequeños productores, juventudes rurales organizadas y comunidades agrícolas de pueblos originarios.
Buenas prácticas y sostenibilidad
Uno de los componentes más innovadores de la iniciativa es la institucionalización del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA-SL), orientado a certificar y promover prácticas sostenibles, seguras y eficientes en el manejo del suelo, el agua, los insumos y el bienestar animal.
La Autoridad de Aplicación, que será el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, deberá elaborar un Manual Técnico actualizado anualmente, con criterios específicos según tipo de actividad y sistema de puntuación. El cumplimiento de estándares mínimos ambientales será condición para acceder a los beneficios de la Ley.
En un contexto de creciente éxodo poblacional desde el campo hacia las ciudades, la propuesta incorpora herramientas para fomentar el arraigo rural y la radicación de jóvenes. Se prevé asistencia para la construcción de viviendas productivas, acceso a servicios básicos, créditos preferenciales, formación agroemprendedora y conectividad.
Se creará el Programa Provincial de Juventudes Rurales Productivas, con el objetivo de insertar laboralmente a las nuevas generaciones en el agro, fortalecer sus capacidades y brindar incentivos para su permanencia en el territorio.
Para garantizar la transparencia y efectividad del régimen, se establece la creación de un Consejo Consultivo de Desarrollo Agropecuario y Ganadero, con representación del Ejecutivo, Legislativo, municipios, universidades, organizaciones de productores y de la economía social.
También se creará un Registro Provincial de Productores Agropecuarios y Beneficiarios, obligatorio para acceder a los programas, y se exigirá un informe anual con los resultados obtenidos, la nómina de beneficiarios y el impacto territorial de las políticas implementadas.
Una herramienta para el futuro
Según los fundamentos del proyecto, la actual legislación, vigente desde hace más de 20 años, ha demostrado limitaciones operativas, técnicas y políticas, sin lograr revertir problemas estructurales como la exportación en pie de ganado, la desconexión entre producción y consumo local, la concentración de cultivos o la fragilidad de los pequeños productores frente al cambio climático y las restricciones económicas.
“No es sólo una reforma sectorial, sino una propuesta de transformación estructural para el presente y el futuro de San Luis”. Lo hacemos desde la convicción de que el desarrollo no puede seguir pensándose solo desde las grandes ciudades. San Luis tiene un potencial enorme en cada rincón de su geografía y este proyecto busca encender ese motor dormido del interior productivo”, manifestó ante sus pares.
Finalmente, Moreyra dejó en claro que la propuesta no busca imponer un modelo cerrado, sino abrir un debate amplio que permita construir una herramienta duradera. “No venimos a imponer, venimos a construir consensos que trasciendan una gestión. Esta Ley puede dejar capacidad instalada, fortalecer la autonomía de los productores y garantizar seguridad alimentaria para todos los puntanos”, afirmó.
Concluyó su intervención invitando a los senadores a debatir el proyecto “con profundidad y espíritu constructivo”, con la premisa de mejorar lo que sea necesario, pero sin desvirtuar el objetivo central: dotar a San Luis de una política agropecuaria que trascienda gobiernos y proyecte futuros.
