Las declaraciones del presidente del Grupo Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, despertaron un fuerte malestar en un sector del campo en medio de la polémica por la intención de derogar la exención de Bienes Personales a los inmuebles rurales.
«Está bien que paguemos más impuestos a los stock; o sea a lo que ya tenemos como el capital, bienes personales, tierras y demás», indicó Grobocopatel en el marco de una conferencia en el VII Forum Nacional de Agronegocios que organizó LIDE Argentina.
«Estamos en un proceso de crisis histórico que nos puede servir para cambiar la historia, para dar vuelta la página y de acá en adelante crecer. Esta oportunidad va más allá de un presupuesto y para avanzar necesitamos acuerdos», sostuvo Grobocopatel.
Carlos Vila Moret, vicepresidente de la Sociedad Rural (SRA), dijo que «es una ingenuidad creer que el impacto de un mayor costo fiscal en una cadena de valor no se va a trasladar a los productores; el mejor ejemplo son las retenciones», expresa el portal La Política on Line
Advirtió que en caso de aprobarse tal cual está la iniciativa en el Presupuesto 2019 se producirá un cambio sustancial en el mercado de arrendamientos agrícolas: «Es irreal que el propietario que arriende el campo no traslade ese costo al alquiler», señaló.
Grobocopatel es uno de los empresarios agropecuarios más importantes del país cuyo negocio se basa, justamente, en el arrendamiento de grandes extensiones de tierras en las principales zonas productivas para destinarlas, principalmente, al cultivo de soja.
Actualmente los propietarios de campos arrendados o los productores con explotaciones unipersonales en campo propio no tributan Bienes Personales porque están sujetos al impuesto de Ganancia Mínima Presunta (que sería derogado si se aprueba el proyecto).
La iniciativa prevé subir el mínimo no imponible de los actuales $ 1,05 millones a $ 2 millones, además de elevar la alícuota a un 0,75% para bienes con una valuación superior a $ 20 millones (en el cual se incluye a todos los campos).
De todas maneras, a partir de los reclamos de sectores del campo, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, reconoció que podría establecerse una alícuota única del 0,25% para inmuebles rurales en el proyecto oficial.
«Deberíamos buscar una equidad entre una Sociedad Anónima (agropecuaria) que tributa un 0,25% de Bienes Personales con un individuo (productor unipersonal) que tiene inscripto el campo a su nombre», afirmó el diputado santafesino.
Los posibles cambios a la idea original llegaron después de que las cuatro entidades rurales, agrupadas en la Mesa de Enlace, salieran con los tapones de punta a criticar al Gobierno y a la oposición por la reforma planteada en Bienes Personales.
«Esta modificación se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de entre 10 y 20 veces el valor fiscal original», apuntaron La Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria en un comunicado.
«Esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la economía y que está en mejores condiciones de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra», concluyó la Mesa de Enlace.