La reciente decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa encendió una fuerte polémica en el sector agropecuario. La medida, formalizada a través de la resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, fue cuestionada con dureza por Confederaciones Rurales Argentinas, que alertó sobre posibles consecuencias sanitarias, productivas y comerciales.
El nuevo sistema, que comenzaría a regir a partir de 2027, introduce un cambio estructural en la organización de la vacunación. A diferencia del modelo actual, basado en la coordinación de entes sanitarios, la propuesta oficial habilita a los productores a elegir de manera individual al veterinario encargado de aplicar las dosis, lo que implica una descentralización del esquema.
Desde CRA advirtieron que esta flexibilización podría “desarticular” un sistema sanitario que durante más de 20 años permitió sostener el estatus sanitario del rodeo bovino argentino, considerado clave para el acceso a los mercados internacionales de carne.
Actualmente, la vacunación se organiza bajo un esquema colectivo, con cobertura amplia y costos distribuidos entre los productores. El nuevo modelo, en cambio, propone una lógica individual, donde tanto la contratación del servicio como los costos quedan en manos de cada establecimiento. Para la entidad ruralista, este cambio no solo plantea desafíos operativos, sino también económicos.
Según señalaron, la eventual reducción de costos que impulsa el Gobierno podría no materializarse y, por el contrario, generar una mayor carga para los productores de menor escala. Además, advirtieron que la falta de coordinación podría traducirse en caídas en la cobertura de vacunación, dificultades logísticas y una mayor fragmentación del sistema.
“La sanidad no es un costo, es una inversión”, remarcaron desde la entidad, al defender el principio de “solidaridad sanitaria” que rige el esquema actual, donde la participación colectiva garantiza niveles homogéneos de inmunización.
En ese sentido, CRA planteó un escenario de riesgo progresivo: una menor cobertura de vacunación podría derivar en una reducción de la inmunidad del rodeo, lo que aumentaría la vulnerabilidad sanitaria. En última instancia, esto podría comprometer el estatus sanitario del país y poner en riesgo las exportaciones de carne, uno de los pilares del ingreso de divisas del sector.
El impacto, advirtieron, no sería uniforme. La entidad alertó que miles de pequeños y medianos productores podrían quedar fuera del sistema por limitaciones económicas o logísticas, profundizando las brechas dentro de la actividad ganadera.
En un contexto global donde los mercados exigen cada vez mayores estándares en materia de trazabilidad, sanidad y calidad, desde CRA consideran que la medida avanza en sentido contrario. “No moderniza el sistema, lo debilita”, afirmaron.
Frente a este escenario, la entidad reclamó la revisión urgente de la normativa y la apertura de una instancia de diálogo con el sector, con el objetivo de evitar decisiones unilaterales en un tema considerado estratégico para la ganadería argentina.
El conflicto deja al descubierto una tensión de fondo: cómo mejorar la eficiencia y reducir costos sin comprometer uno de los activos más valiosos del país en materia agroexportadora. Para buena parte del sector, la respuesta es contundente: sin un sistema sanitario sólido y coordinado, los riesgos trascienden lo productivo y alcanzan la reputación y la competitividad internacional de toda la cadena cárnica.
