La provincia sostiene desde hace años una de las mayores zonas de exclusión para aplicaciones agrícolas de Argentina. Mientras el Congreso impulsa una ley nacional basada en evidencia científica, trazabilidad y Buenas Prácticas Agrícolas, el gobierno puntano mantiene una normativa cuya revisión continúa postergada. El costo productivo, político e institucional comienza a ser cada vez más evidente.
Hay decisiones políticas que con el paso del tiempo se fortalecen porque la evidencia científica las respalda. Otras, en cambio, sobreviven únicamente porque nadie se anima a revisarlas.
La ley provincial que regula las aplicaciones de fitosanitarios en San Luis parece pertenecer al segundo grupo.
Mientras buena parte del mundo agrícola evolucionó hacia sistemas de aplicación cada vez más precisos, con pulverizadoras inteligentes, control satelital, recetas agronómicas digitales, monitoreo climático en tiempo real y protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas, la provincia continúa aferrada a una prohibición lineal de 1.500 metros alrededor de cualquier población, una de las mayores restricciones vigentes en Argentina.
La distancia, convertida casi en un símbolo político, nunca estuvo acompañada por estudios científicos públicos que demostraran que ese límite representa el punto exacto donde desaparece cualquier riesgo sanitario o ambiental. Sin embargo, permanece vigente como una verdad incuestionable.
El debate nacional demuestra hasta qué punto cambió la discusión sobre fitosanitarios.
Durante el encuentro organizado por el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), legisladores nacionales, universidades, especialistas y entidades técnicas coincidieron en un diagnóstico que hace algunos años parecía imposible, que Argentina necesita una ley nacional que unifique criterios y termine con el mosaico de regulaciones que hoy generan incertidumbre jurídica y productiva.
No se habló de eliminar controles. No se propuso flexibilizar indiscriminadamente las aplicaciones. Tampoco se impulsó una desregulación. Todo lo contrario.
La propuesta consiste en elevar los estándares de control mediante herramientas mucho más sofisticadas que una simple distancia fija.
La iniciativa incorpora monitoreo remoto de las aplicaciones, cajas negras en las pulverizadoras, mayor capacitación de los operarios, trazabilidad digital, fiscalización permanente y la incorporación de la figura del «veedor», además de definir zonas sensibles sobre la base de criterios técnico-científicos y no mediante números arbitrarios.
En otras palabras, el eje deja de estar puesto exclusivamente en cuántos metros separan un lote de una vivienda para concentrarse en cómo, cuándo, con qué tecnología y en qué condiciones se realiza una aplicación.
Es exactamente el debate que San Luis todavía no logró iniciar.
El silencio como política
Uno de los aspectos que más preocupa dentro del sector agropecuario provincial no es solamente la existencia de la ley sino la ausencia de voluntad política para discutirla.
Durante años, productores, ingenieros agrónomos y entidades profesionales solicitaron abrir una mesa técnica que permitiera revisar la normativa a la luz de los nuevos conocimientos científicos.
La respuesta, según describen distintos referentes del sector, fue prácticamente siempre la misma, el silencio.
La antigua Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nunca impulsó una revisión integral de la normativa, pese a los permanentes cuestionamientos formulados por profesionales vinculados a la producción agropecuaria.
El cambio de autoridades provinciales despertó expectativas.
La reciente reunión entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Colegio de Ingenieros Agrónomos abrió una pequeña ventana de esperanza.
Fuentes vinculadas a ese encuentro señalaron que la revisión de las distancias mínimas habría ingresado finalmente en la agenda institucional.
Sin embargo, el comunicado oficial difundido posteriormente omitió cualquier referencia al tema.
La omisión volvió a sembrar dudas sobre el verdadero interés del Gobierno en revisar una normativa que lleva años generando controversias.
El caso puntano resulta especialmente llamativo cuando se observa el contexto nacional e internacional.
Durante el encuentro del ELIA se recordó un dato contundente, que prácticamente ningún país del mundo establece zonas de exclusión tan extensas como algunas de las vigentes en Argentina.
Los países con agricultura altamente desarrollada no regulan únicamente mediante distancias, si no que controlan tecnología, fiscalizan procedimientos, exigen capacitación, auditan aplicaciones, registran condiciones meteorológicas, verifican equipos y monitorean la deriva. Es decir, regulan procesos completos.
San Luis, en cambio, continúa dependiendo casi exclusivamente de un número: 1.500 metros.
La ciencia quedó afuera de la discusión
Quizás el aspecto más delicado del debate sea justamente la escasa participación que tuvo la evidencia científica en la construcción de la política pública provincial. La ciencia no funciona mediante percepciones.
Si una distancia de exclusión pretende convertirse en política pública permanente, resulta razonable esperar estudios epidemiológicos, investigaciones ambientales, modelizaciones de deriva y evaluaciones de riesgo que permitan justificar técnicamente esa decisión.
Hasta hoy, esos estudios nunca fueron presentados públicamente para respaldar la restricción vigente en San Luis.
Cada hectárea que queda dentro de una zona de exclusión representa mucho más que una superficie sin producir. Significa menores rendimientos, menor inversión. menor incorporación tecnológica, menor demanda de servicios y menor movimiento económico para contratistas, distribuidores, talleres, transportistas y comercios vinculados al agro.
La simulación presentada durante la reunión del ELIA advirtió que determinadas restricciones pueden comprometer hasta el 40 % de algunas actividades productivas, entre ellas la producción de maíz, trigo, papa, leche y carne vacuna.
En una provincia donde la producción agropecuaria constituye uno de los motores de la economía regional, el impacto potencial adquiere una dimensión mucho mayor que la meramente agronómica.
Durante años el debate fue planteado como una elección entre producir o cuidar la salud. Ese enfoque hoy comienza a mostrar sus limitaciones.
La evidencia científica disponible y las nuevas tecnologías indican que ambas cosas pueden convivir bajo regulaciones inteligentes.
El verdadero desafío consiste en garantizar aplicaciones seguras, fiscalizadas y técnicamente correctas. No simplemente prohibir. La propia discusión nacional refleja ese cambio de paradigma.
Los legisladores que impulsan la futura ley sostienen que el objetivo consiste precisamente en responder a las demandas sociales mediante información científica, capacitación, trazabilidad y control, fortaleciendo simultáneamente la protección del ambiente, la salud y la producción.
La eventual revisión de la ley provincial podría transformarse en una de las decisiones institucionales más importantes para el agro puntano en los últimos años. No porque implique reducir controles, sino porque permitiría construir una regulación moderna, transparente y respaldada por evidencia.
La nueva conducción del Colegio de Ingenieros Agrónomos parece haber dado el primer paso al instalar nuevamente el tema en la agenda pública.
Ahora la decisión queda del lado del Gobierno. Abrir una discusión técnica no significa ceder frente a intereses sectoriales. Significa gobernar utilizando el conocimiento disponible.
Mientras el Congreso Nacional avanza hacia una legislación que busca unificar criterios en todo el país, San Luis enfrenta una disyuntiva cada vez más evidente.
Puede continuar sosteniendo una norma que la convirtió en una excepción regulatoria dentro del mapa argentino o aprovechar el nuevo escenario político para revisar, actualizar y modernizar una legislación que fue concebida bajo un contexto tecnológico muy distinto al actual.
