El sector agropecuario de San Luis aguarda definiciones clave. Este mediodía, el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, comunicará si el organismo deja sin efecto el aumento en la tarifa del agua cruda para el campo, tal como se comprometió en la asamblea realizada el jueves en la Sociedad Rural Río Quinto. El encuentro, que reunió a más de un centenar de productores y fue convocado por las entidades rurales de Villa Mercedes, Justo Daract, Valle del Conlara, La Toma y Quines, contó con la presencia de todos sus presidentes y altos funcionarios provinciales.
El titular de la Sociedad Rural Río Quinto, Daniel Casella, señaló a El Semiárido que, si se concreta la suspensión del incremento, el paso siguiente será la conformación de mesas productivas zonales para definir un nuevo esquema tarifario. Estas instancias de diálogo se organizarán en tres regiones: el departamento Pedernera, el Valle del Conlara y el norte provincial, con el objetivo de que cada área pueda plantear sus particularidades y acordar un valor acorde a su realidad productiva.
Casella remarcó que las discusiones deberán basarse en criterios técnicos y en la diversidad de sistemas de abastecimiento de agua: “En el norte tienen mucho más riego por canales o por manto, mientras que en nuestra zona la provisión proviene de pozos para ganadería. No se puede cobrar con la misma lógica en lugares tan diferentes”, afirmó.
En ese sentido, fue categórico al rechazar el cobro por el uso de molinos para el ganado: “Es una locura que me cobren por el agua de un pozo que yo mismo hice y mantengo. En mi campo, en la Cuenca del Morro, el Río Nuevo ya me llevó dos molinos y me quedó uno solo, y encima quieren cobrarme por usarlo. Si hay canales o infraestructura de riego, está bien que se pague un cargo, pero debe ser un monto razonable, no confiscatorio”.
El dirigente advirtió que una tarifa mal diseñada puede expulsar a los productores del sistema: “Si a alguien con 10 hectáreas le cobran 360 mil pesos por hectárea, lo dejan fuera de juego. El agua hay que pagarla donde hay obras que mantener, pero no debe convertirse en un costo que haga inviable la producción”.
Las mesas de trabajo, explicó, buscarán consensuar una metodología para establecer tarifas justas, ajustadas a la zona y a la capacidad productiva. “Tenemos que sentarnos con técnicos, ingenieros y productores, analizar cada caso y llegar a un precio que no frene la actividad. A los desafíos del clima y de los impuestos nacionales y provinciales no podemos sumarles un costo desmedido por el agua”, subrayó.
Casella calificó la asamblea del jueves como “histórica” por su convocatoria y por la presencia de altos funcionarios, entre ellos el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Tromboto; la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; el director de Vialidad Provincial, José La Malfa, y el propio presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán. “Fue un momento de diálogo real, donde los productores pudieron hablar cara a cara con las autoridades. Pocas veces se da la oportunidad de que un ministro, un presidente de un organismo y dirigentes rurales estén sentados en la misma mesa escuchando las preocupaciones de cada zona”, sostuvo.
El dirigente también destacó la actitud de los funcionarios: “Con un tema tan caliente como este, no cualquiera se sienta en una asamblea a escuchar reclamos. Pusieron la cara y eso hay que valorarlo. Si no hubieran venido, esto habría quedado en la nada. En cambio, ahora tenemos la posibilidad de lograr una respuesta favorable”.
Más allá del tema del agua, la jornada sirvió para abordar otros asuntos clave como la seguridad rural, el estado de los caminos y las líneas de financiamiento disponibles a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Muchos productores se enteraron por primera vez de créditos con tasas muy bajas que pueden ayudar a sostener la producción. Esa información tiene que llegar al campo y vamos a organizar más charlas para difundirla”, adelantó Casella.
El cierre de la asamblea dejó un clima de expectativa y un mensaje claro: el sector está dispuesto a dialogar y a consensuar políticas con el Gobierno, siempre que las decisiones se ajusten a la realidad productiva de cada región. “Si logramos que el productor sea escuchado, ya estamos cumpliendo con nuestra tarea”, concluyó el presidente de la Sociedad Rural Río Quinto.
