Durante su gobierno, Mauricio Macri decretó el aumento del mínimo no imponible (MNI) sobre las cargas patronales para pymes de Economías Regionales, beneficiando entre otras a las actividades productivas frutihortícolas. A partir de esta modificación las empresas del sector no realizaron aportes a quienes ganaron menos de 17.500 pesos por mes; mientras que, a quienes ganaron más, lo hicieron sólo por la diferencia.
Este año, la llamada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por Alberto Fernández y aprobada por las dos cámaras del Congreso decidió congelar el monto mínimo establecido para el cálculo de este beneficio. Andrés Domínguez, quien trabaja con la Federación Agraria Argentina (FAA), explicó en el medio agropecuario Bichos de Campo que ese congelamiento durará hasta diciembre de 2020 y que entre ambas puntas (marzo 2019 y diciembre 2020) se espera una inflación «que rondaría el 100%».
¿Cómo se compone este número? En principio, Domínguez incorpora en su cálculo el 53% de inflación acumulada que la gestión de Mauricio Macri dejó el pasado diciembre, y le agrega una expectativa inflacionaria de cerca de 40% en 2020 (los análisis más optimistas señalan que, aunque la variación de precios se mantuviera estable durante los próximos 12 meses, la variación internanual alcanzaría por lo menos un 22%).
De esta manera, el monto Mínimo No Imponible sobre el cual se realizarían las rebajas de aportes quedaría con un atraso cercano al 100% a fines de este año. “En los hechos, esto implica que más trabajadores dejen de estar incluidos en el beneficio, y que los que lo están paguen más”, señaló Domínguez al respecto.
Aquella medida de Cambiemos había sido bien valorada por algunos dirigentes del sector frutihortícola porque la consideraban “un primer paso”, mientras que otros la percibían insuficiente para resolver los problemas estructurales del sector. En ese entonces, Agroindustria anunciaba que la disposición tendría un impacto fiscal de alrededor de 3.000 millones de pesos (es decir, dinero que el Estado dejaría de recaudar) y beneficiaría a más de 25 mil pymes y 250 mil trabajadores.
Tal como explica Domínguez, al no evaluar una actualización de este monto Mínimo No Imponible, el gobierno (con una clara intención recaudatoria) reduce la cantidad de trabajadores incluidos en la exención impositiva. Este punto, sin dudas criticable, no debe dejar de contrastarse con otro aspecto: los acuerdos paritarios de este año incorporan en su cálculo la inflación de 2019, una de las más altas de la historia argentina a la fecha. Por ejemplo, los empacadores en el Valle alcanzaron un aumento del 51%, con sueldos mínimos de 56.000 pesos. De esta manera, sólo en uno de los dos años en los que transcurre la medida, el impacto de la misma se reduce considerablemente.
Las Economías Regionales, por ahora, no se han expresado al respecto, ya que a la mayoría les preocupan temas más urgentes como la caída del consumo en el mercado interno o la rentabilidad del sector exportador. No obstante, este punto posiblemente sea discutido en los próximos meses por los representantes de las distintas cámaras frutícolas, ya que atiende a una dificultad que el sector productivo arrastra desde hace varios años: la asfixiante estructura impositiva sobre las pymes regionales.
