La situación política que recuerda lo ocurrido en la década del ’90, la cooptación de AACREA en la toma de decisiones en el Consejo Directivo nacional, la reivindicación de la línea intermedia de gerentes y directores que se oponen al ajuste y la sangría de personal, como así también el avance sobre la extensión fueron algunos de los temas sobre los que se extendió el secretario general de APINTA, Mario Romero, en un extenso diálogo que mantuvo con El Semiárido.
Mario Romero llegó a Villa Mercedes para compartir un tiempo con los trabajadores de INTA en ocasión del acto para elegir la nueva comisión directiva de la provincia de San Luis, cuyo secretario general es Andrés Casagrande.
Si bien en INTA no hubo despidos masivos como ocurrió con el caso de Agricultura Familiar de la Nación, Romero dijo que se produjeron casi mil bajas. “Éramos 7765 trabajadores en diciembre de 2015 y hoy estamos en más o menos 6870. Digo más o menos porque varía mes a mes, dadas las jubilaciones o las renuncias que se producen”.
De acuerdo con lo expresado por el gremialista el problema está centrado en que no hay reposición de vacantes y además no se produce el recambio generacional que deben tener estos organismos de ciencia y técnica. La aseveración es compartida por los diferentes técnicos con los que se puede hablar en las oficinas de la institución.
La situación recuerda lo ocurrido en la década de los ’90 cuando ocurrió algo similar. En 2004 no había recambio generacional para aquéllos que se jubilaban. Por eso es que Romero considera auspicioso el resultado de las elecciones primarias de agosto y espera se repita en octubre para que INTA “vuelva a estar al servicio de los productores de la agricultura familiar, dado que es una decisión tomada retirar el apoyo a este sector”.
En su análisis agregó lo ocurrido en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, a lo cual calificó como una “sangría” dentro del Ministerio. “Nosotros hemos estado junto a los compañeros, en Chaco y en Buenos Aires cuando fueron reprimidos por la policía”.
Hay un aspecto que Romero considera diferenciador respecto de lo ocurrido en los años ’90. Está focalizado en lo que ocurre en las estructuras intermedias de INTA: se pronunciaron en contra del ajuste y esa actitud detuvo los despidos masivos. “Valoro muchísimo la valentía que tuvieron para ponerse al frente de esta lucha”.
En este sentido reivindicó la actitud asumida por Néstor Stritzler, director regional de La Pampa – San Luis, dado que fue “uno de los seis directores regionales del país que se puso al frente de esta situación y a esa actitud los compañeros deben conocerla”. El gremio les solicitó que firmaran una nota en defensa de los puestos de trabajo e ir en contra del achique.
Sumó a este pelotón de estructura intermedia a Héctor Espina, director nacional de INTA, a quien consideró “un dique de contención en el avance por los despidos y más ajuste en INTA”.
Respecto de este último se da una situación conflictiva. Está próximo a retirarse y la conducción hizo un llamado para su reemplazo. “Nosotros presentamos un recurso de impugnación porque el Consejo directivo está avasallando la ley de creación del INTA”, dijo Romero.
En su artículo 8 esta ley explica que para ser director nacional se debe tener un título de grado. En el llamado que hizo ahora el Consejo Directivo le agregó que quien concurse debe tener, además, una maestría o doctorado. Los pronósticos ante el escenario que se presenta es que va a terminar judicializado.
Hay un contexto político que es central en la conducción de INTA. Así como en varios puestos de conducción ministerial los nombres fueron provistos por la fundación “Pensar” que conduce Santiago Hardie, actual Secretario de Agricultura Familiar de la Nación, en INTA los puestos directivos y de decisión fueron provistos por AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola).
En el Consejo Directivo Nacional de INTA el presidente Juan Balbín, además del vicepresidente y un vocal pertenecen a esa asociación. Pero, además, los representantes de Coninagro y de CRA también son socios. A esto se suma que los representantes de Sociedad Rural y las Facultades de agronomía y veterinaria apoyan en tándem todas las iniciativas, por tanto las decisiones son casi por unanimidad.
Sólo el representante de Federación Agraria, Pablo Paillole, ha votado en contra del ajuste. “Tuvimos oportunidad de charlar con él y agradecer su posición dado que cumplió con lo que hablamos cuando asumió; dijo que nunca iba a levantar la mano en contra de los trabajadores ni del INTA, y mantuvo su palabra” expresó Romero.
Respecto de los cambios impulsados para el funcionamiento de INTA, ¿Cuál es la posición que tienen como gremio?
Desde cuando asumieron las nuevas autoridades empezamos a notar en su discurso la intencionalidad de avanzar sobre la extensión. Nosotros dijimos que no teníamos problemas en cambios, pero con las agencias abiertas y los trabajadores adentro.
En enero lo hablamos con Balbín. Me dijo que no iban a tocar los institutos de la agricultura familiar, que sólo iban a reformular los objetivos. Después salieron con la eliminación de Patagonia, Cuyo y Nea. Nos mintió. No sólo avanzaron con esos institutos, sino con algunas agencias de extensión también y con más de 350 puestos de trabajos de estructuras intermedias, lo cual repercutió en el ingreso de trabajadores.
La realidad es que hoy un 11% de los trabajadores de INTA perciben salario por debajo de la línea de pobreza. Lo que vamos a pedir es que el bono de los cinco mil pesos sea incorporado a los salarios de todos los trabajadores.
Lo que decimos a nuestros trabajadores es que si este gobierno sigue, si tenemos cuatro años más de gobierno de Macri, el INTA está condenado a desaparecer.
Producción: El Semiárido
