Santiago Aurand, con 23 años de trayectoria, denuncia irregularidades en el proceso y apunta contra autoridades locales del organismo en San Luis.
La noticia sacudió al sector agropecuario del norte de San Luis: Santiago Aurand, ingeniero agrónomo con más de dos décadas de trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), fue despedido de su cargo en la agencia de extensión de Quines y enfrenta una sanción millonaria. Según relata el propio técnico, la medida incluye una multa de $55 millones, impuesta por supuesta incompatibilidad en sus funciones, algo que él niega categóricamente.
Aurand ingresó al INTA en noviembre de 2002, inicialmente como becario, y más tarde como empleado de planta permanente. Desde sus comienzos, estuvo enfocado en el trabajo con pequeños productores y comunidades campesinas del norte puntano, con base en San Francisco del Monte de Oro. Allí colaboró en la creación de asociaciones productivas, promovió el desarrollo rural y coordinó la Feria Campesina, una iniciativa que llegó a reunir a más de 80 productores locales y que considera uno de los mayores logros de su carrera.
“Lo mejor que le puede pasar a un extensionista es que la semilla que uno siembra funcione sola. Hoy la feria sigue porque los mismos productores la retomaron después de la pandemia”, destacó en diálogo con medios locales.
Sin embargo, su relación con el organismo se volvió conflictiva. Según su testimonio, el sumario que derivó en su despido fue armado «a sus espaldas», sin que se le informara de forma directa ni se le diera oportunidad de defenderse en tiempo y forma. “Compañeros que tienen mi teléfono nunca me llamaron. Me culpan de una incompatibilidad laboral basada en un decreto del año 1979, una norma que yo ni siquiera conocía, y que nadie me explicó nunca”, lamentó.
Aurand explicó que trabajaba como docente en una institución educativa durante horarios compatibles con su función en el INTA y que, incluso durante una licencia, continuó dictando clases en cumplimiento de sus responsabilidades. Esa situación fue calificada por las autoridades como una falta grave. “Me acusaron de estafar al Estado, cuando en realidad siempre actué de buena fe”, aseguró.
El ingeniero relató además que, al intentar adherirse a un plan de retiro voluntario, la administración del INTA le negó esa posibilidad y en su lugar le comunicó el despido, acompañado por la impensada sanción económica. “No solo me despidieron, sino que me pusieron una multa por una cifra que ni siquiera gané en cinco años de trabajo”, señaló.
Aurand responsabiliza directamente a autoridades del INTA San Luis por lo ocurrido. “Todo se tejió acá. Mandaron la documentación a Buenos Aires sin hablar conmigo, sin preguntarme nada. Es un error administrativo, porque el sumario fue ejecutado desde una oficina porteña sin conocer la realidad local”, denunció.
La situación generó un profundo malestar entre productores de la zona, que este lunes convocaron a una marcha pacífica frente a la sede del INTA en San Luis capital, para expresar su apoyo al ingeniero. “Protestamos de forma ordenada, aprovechando el semáforo en rojo para visibilizar lo que pasa, pero sin molestar”, aclaró.
La desvinculación de Aurand ocurre en un contexto nacional complejo para el organismo, en medio de versiones sobre una posible fusión entre el INTA e INTI, y recortes presupuestarios que amenazan con desmantelar agencias y oficinas en todo el país. “INTA e INTI son dos cosas completamente distintas. Querer unirlos es como mezclar Boca y River”, opinó el profesional en declaraciones a la prensa local.
