Después de que haya sido creado en forma oficial el programa SemillAR la semana pasada, su director, Alberto Chiavarino, consideró como “urgente” la reglamentación de la Ley de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, aprobada en 2014, dado que en esa norma se contempla la creación del Centro de Producción de Semillas Nativas y Criollas (CEPROSENA).
Explicó que en la actualidad el Instituto Nacional de Semillas (INASE) trabaja para emitir una resolución que contemple la “legalidad” de las semillas nativas y criollas, porque no existe “normativa para inscribirla y poder vender sin problemas”.
El director del programa nacional SemillAR mantuvo una charla telefónica con Claudia San Martín, conductora del programa “Caminos ancestrales”, que se emite por la FM 104.1 de la ciudad de San Luis. Temas como el programa SemillAR, las articulaciones que se realizan desde el Estado para preservar las semillas nativas y criollas, la ley de semillas y la ley de la agricultura familiar, estuvieron presentes durante un extenso diálogo.
Chiavarino aclaró que, si bien el programa SemillAR fue creado oficialmente mediante resolución publicada en el Boletín Oficial, desde marzo del año pasado se viene trabajando, aunque de manera acotada por la pandemia.
SemillAR fue creado en el marco específico de las semillas nativas y criollas. “Sabemos que desde hace cientos de años hay guardianes de las semillas, que fueron pasando de generación en generación y de mano en mano”, dijo el director del programa.
En un encuadre histórico, aclaró que hasta los años ’60 del siglo pasado esas semillas estuvieron en manos de los agricultores. En ese momento fue cuando empezó un proceso de mejoramiento, surgieron las semilleras, la ley de semillas y así como se concentraron diferentes tópicos de la economía, las semillas también se concentraron en pocas manos.
Lo que sí, en manos de las multinacionales se concentraron las semillas que les interesaba económicamente. “De esa forma se fueron limitando la cantidad de especies que consume la humanidad y las variedades dentro de cada especie”, explicó.
Tomó como ejemplo al maíz, que es originario de Latinoamérica y tiene una multiplicidad de variedades. No obstante, en la Pampa Húmeda, donde se da la mayor producción, éstas se redujeron a unas pocas, sólo a los fines de comercialización.
Ante este escenario global, desde el programa SemillAR se promueve “impulsar, fomentar, colaborar, para que los productores se agrupen con la finalidad de producir semillas nativas y criollas y que tengan la posibilidad de comercializarlas. Para lo cual se necesita legalidad y varios elementos más que contribuyan a despejar el horizonte para este sector”.
Chiavarino comentó que se vincularon con otras organizaciones del Estado Nacional relacionadas con el tema, como son INTA, INASE (Instituto de Semillas) e INAES (Asociativismo). Con la sinergia de estos organismos, más el apoyo del ministro y el secretario, se armó el programa SemillAR. Hace una semana vio la luz oficial a través de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA).
En el lapso desde que se iniciaron los trabajos con el programa SemillAR, se ubicaron más de 520 puntos de producción de semillas nativas y criollas. De esos, la mitad son de desarrollo personal y la otra mitad pertenecen a asociaciones y cooperativas.
También se impulsaron dos capacitaciones. En una de ellas participaron más de 400 técnicos de los organismos del Estado Nacional involucrados -INTA, INASE, SAFCI-. La otra, que agrupó a doscientos participantes, consistió en cinco módulos donde se desarrollaron temas inherentes a los diferentes aspectos que reúne la semilla.
Consultado cuáles serían las políticas públicas necesarias hacia el horizonte de la soberanía alimentaria, consideró como “urgente” la reglamentación de la Ley de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, aprobada en 2014.
En esta ley se contempla la creación del CEPROSENA, Centro de Producción de Semillas Nativas y Criollas. Está previsto el funcionamiento de seis centros, uno en cada región del país.
A su vez, aseguró que la resolución que crea el programa SemillAR asigna un financiamiento para que se transforme en una “política de Estado”.
A esto se suma como activo del programa, el logro que desde el INAES se emitiera una resolución mediante la cual se puedan conformar cooperativas para la Agricultura Familiar, con menores requisitos que los estándares exigidos tradicionalmente.
En la actualidad el Instituto Nacional de Semillas (INASE) trabaja para emitir una resolución que contemple la “legalidad” de las semillas nativas y criollas, porque esta posibilidad no figura. “Si querías ir a inscribir una semilla nativa y criolla no había normativa para inscribirla y poder vender sin problemas”, aseguró el director de SemillAR, lo cual causó sorpresa en los oyentes.
Por esta causa es que, aclaró, se realizan ferias de intercambio, pero no hay en el mercado semillas nativas y criollas con productores o cooperativas que las produzcan y cuenten con una legalidad para su comercialización.
En cada provincia la SAFCI tiene dos o tres técnicos como referentes del programa. Se ampliarán contactos con las universidades y con los gobiernos provinciales a través de las herramientas que tengan disponibles, ya sea en ministerios o secretarías. Se mostró confiado en que adhieran a esta política para que los agricultores familiares encuentren apoyatura cerca de donde estén produciendo.
Con la aplicación de este programa, Chiavarino dijo que aspiran a que los involucrados “den un pasito para adelante”. Ejemplificó al explicar que quien produce para autoconsumo, pueda aumentar un poco más e intercambiar con su vecino; el que ya está intercambiando semillas, que pueda comercializar; el que comercializa en forma incipiente, que pueda aumentar la cantidad de semillas o tenga una marca propia.
Ley de Semillas
Consultado por la ley de semillas, Chiavarino dijo que su respuesta debía ser tomada a nivel personal. “La ley data del año 1973 y todos los intentos que hubo para modificarla, le puedo asegurar que no era para mejorar la situación de los productores; entonces digo: menos mal que no cambió la ley de semillas”.
No obstante, reconoció que se debe modificar la ley, pero “cuando la relación de fuerzas se incline para el lado de los pequeños y medianos productores y los agricultores familiares, campesinos e indígenas”.
Desde 2002, cada dos años hubo proyectos para la modificación de la ley de semillas, pero “siempre hubo que atajar los penales, porque iba en detrimento del uso propio”, sostuvo.
Este último es un elemento muy importante, dado que permite que, a las semillas autógamas, como la soja y el trigo, los agricultores puedan guardar una parte para la próxima siembra y no tener que depender de los semilleros.
“No nos olvidemos que el 70 por ciento de las semillas en el mundo la manejan ocho empresas, de manera que la concentración y el poder que tienen es muy grande”, ilustró Chiavarino, y agregó que el monopolio se construyó sobre la semilla “como un bien de cambio y no como un bien esencial para la procreación de vida”.
La semilla nativa y criolla es muy importante para la mesa de los argentinos. “Está asociada a la producción agroecológica, más sana, en manos de productores, con la cual se puede hacer una trazabilidad y está cerca”, afirmó.
