Dirigentes rurales se reunieron con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y acordaron avanzar en una mesa de diálogo sobre temas sensibles para la producción y las exportaciones.
En un contexto de reformas estructurales que impactan de lleno en el sector agropecuario, autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) mantuvieron un encuentro institucional con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el que expresaron su preocupación por los cambios en el sistema sanitario y plantearon la necesidad de revisar aspectos vinculados a la ley de semillas y al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI).
La reunión, que se desarrolló con la presencia de más de cuarenta dirigentes rurales provenientes de las 15 confederaciones que integran la entidad, marcó el inicio de una instancia de diálogo formal entre el Gobierno y uno de los principales espacios representativos del campo argentino.
Según explicó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, el encuentro permitió abordar varios temas estratégicos, aunque el tiempo limitado del funcionario —quien debía trasladarse luego al Congreso— condicionó la profundidad del intercambio. No obstante, el dirigente destacó el tono constructivo de la reunión y valoró la apertura de una mesa de trabajo para continuar analizando los temas planteados.
Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con el impacto de las políticas de desregulación sobre el sistema sanitario animal, considerado clave para garantizar la sanidad del rodeo y sostener los mercados internacionales.
Desde la entidad rural transmitieron al ministro sus reparos ante posibles modificaciones que puedan debilitar el esquema actual. “Se le trasladó el miedo, el temor o la precaución que tenemos desde nuestro sector de que esta desregulación no debilite el sistema sanitario”, sostuvo Castagnani.
La inquietud del sector se vincula con el reciente anuncio oficial que habilitaría, a partir de 2027, la posibilidad de elegir veterinarios privados autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para llevar adelante la vacunación contra la fiebre aftosa, una medida que generó resistencia entre entidades rurales.
Tras el encuentro con el ministro, los dirigentes profundizaron el análisis técnico junto a las autoridades del organismo sanitario, encabezadas por su presidenta, María Beatriz Giraudo, y el vicepresidente, Néstor Osacar.
Otro de los ejes centrales fue la actualización de la legislación sobre semillas, un tema que lleva años de discusión en el país y que volvió a cobrar impulso en el marco de compromisos internacionales.
Castagnani señaló que el ministro dejó en claro que existe una ventana temporal hasta 2027 para avanzar en consensos que permitan actualizar el marco normativo vigente, que actualmente se basa en la ley sancionada en 1973.
El debate se vincula con la eventual adopción de estándares internacionales relacionados con el convenio internacional sobre protección de obtenciones vegetales, conocido como Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). En particular, el acta de 1991 amplía los derechos de los obtentores y establece mayores restricciones al uso propio de semillas, lo que genera preocupación entre productores que defienden la posibilidad de reutilizar semilla de su propia cosecha.
Actualmente, la Argentina se encuentra adherida a la versión de 1978 del convenio, que establece un marco más flexible respecto del uso propio.
Durante el encuentro también se abordaron aspectos vinculados al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), un instrumento diseñado para fomentar proyectos productivos mediante beneficios fiscales y estabilidad normativa.
Desde CRA plantearon la necesidad de revisar algunos requisitos del esquema vigente, particularmente aquellos que podrían dejar fuera a productores individuales.
Según explicó el titular de la entidad, el régimen actual contempla montos mínimos que, en la práctica, podrían excluir a personas físicas que realizan inversiones escalonadas a lo largo del año. “Hoy el RIMI estaría dejando a la persona física fuera de la inversión. Si tomamos la inversión que quizás realiza varias veces durante el año, supera el monto mínimo y tendría que entrar en el RIMI”, señaló.
El dirigente indicó que el planteo despertó interés en el ministro, quien tomó nota del planteo y se comprometió a trasladarlo al área económica correspondiente.
Pese a las diferencias planteadas, desde la dirigencia rural destacaron que el balance del encuentro fue positivo y valoraron la posibilidad de mantener un canal de diálogo abierto con el Gobierno nacional.
“El encuentro fue muy positivo porque se plantearon las situaciones con educación y con fundamentos técnicos. Pudimos manifestar temas que nos preocupan y se abrió un tiempo para trabajar e intercambiar ideas”, concluyó Castagnani.
La reunión dejó como resultado inmediato la conformación de una agenda de trabajo conjunto sobre temas estratégicos para el agro, en un momento en que las reformas impulsadas por el Gobierno continúan generando debate dentro del sector productivo.
