La entidad rural advirtió que productores de distintas regiones sufren quitas por no tener sus animales inscriptos en VISEC Carne. Exige que cesen esas prácticas, reclama claridad sobre los costos de la plataforma y evalúa llevar los casos ante las autoridades nacionales.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó con dureza a los frigoríficos exportadores que, según denuncias recibidas por la entidad, estarían aplicando descuentos en el precio de la hacienda por la falta de inscripción de los animales en VISEC Carne, la plataforma vinculada con la trazabilidad para los mercados que demandan productos libres de deforestación.

El planteo pone en discusión quién debe asumir las responsabilidades y los costos de las exigencias comerciales. Para CRA, la adaptación a los requerimientos europeos no puede convertirse en un mecanismo para reducir el valor que recibe el ganadero.

“Lo que no puede aceptarse es que una exigencia comercial se transforme en una excusa para pagar menos por el trabajo del productor argentino”, expresó la organización en un comunicado.

Uno de los principales argumentos de la entidad es que el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación todavía no resulta exigible. Según señaló, sus obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026, después de dos postergaciones.

CRA sostuvo, además, que la debida diligencia recae sobre el operador que introduce el producto en el mercado europeo. Desde esa interpretación, afirmó que no existe una norma europea ni argentina que obligue al productor a inscribirse en una plataforma determinada o que habilite descuentos por no hacerlo.

La organización también objetó el alcance de las quitas denunciadas. Argumentó que solo una fracción de la res tiene como destino la Unión Europea, mientras que el resto se comercializa en el mercado interno o en países que no plantean esas mismas exigencias. Por eso, consideró injustificado aplicar una reducción sobre el animal completo o sobre toda la tropa.

Como parte de su planteo, citó información del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y del CONICET, según la cual el 87% del territorio ganadero presenta riesgo nulo de deforestación.

Otro eje del reclamo apunta a la libertad de elección de los productores. CRA remarcó que VISEC Carne no constituye la única alternativa para responder a los requerimientos europeos y sostuvo que el reglamento exige geolocalización y trazabilidad, sin imponer una plataforma específica.

En ese sentido, indicó que buena parte de los datos necesarios ya se encuentra en registros estatales, como el RENSPA, el SIGSA y los catastros. También señaló que existen otras herramientas, incluidas opciones públicas y gratuitas. A criterio de la entidad, condicionar el precio a la adhesión a un único sistema promovido por los compradores debilita la capacidad de negociación del ganadero.

El cuestionamiento alcanzó también al IPCVA. CRA le pidió que informe públicamente y por escrito cuáles son los costos actuales y previstos de VISEC Carne para los productores. Recordó que el instituto había anunciado que la plataforma sería gratuita para ese sector y reclamó precisiones sobre el alcance de ese compromiso, especialmente en lo referido al análisis de polígonos y las condiciones de acceso.

Frente a las denuncias, la entidad exigió a los frigoríficos exportadores que cesen los descuentos fundados exclusivamente en la falta de inscripción en VISEC Carne. Asimismo, reclamó que cualquier diferencial de precio tenga una causa claramente detallada en la liquidación.

A los productores les recomendó solicitar por escrito los fundamentos de las quitas y comunicar cada caso a sus entidades de base. También dejó abierta la posibilidad de presentar los antecedentes ante la Autoridad Nacional de la Competencia, en el marco de la Ley 27.442, y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CRA ratificó su respaldo a una producción comprometida con el cuidado de los recursos naturales, pero reclamó que la trazabilidad y el acceso a los mercados se construyan con reglas claras, información verificable y responsabilidades definidas. Su exigencia es que ese proceso no se traduzca en descuentos injustificados sobre el ingreso del productor.