El diputado provincial presentó un proyecto para crear un Régimen de Resiliencia y Gestión de Riesgos Agropecuarios en San Luis. La iniciativa contempla exenciones impositivas, asistencia para recuperar la producción, incentivos a los seguros y continuidad del suministro eléctrico en establecimientos afectados por desastres. El fondo se financiaría, entre otros recursos, con el 10% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, descontada la participación municipal.
Las sequías, los incendios, las heladas y las crisis sanitarias pueden comprometer mucho más que una campaña. También ponen en riesgo la capacidad de los productores para mantenerse en actividad. Con ese problema como eje, el diputado provincial Lucas Caymes presentó un proyecto de ley que propone dotar a San Luis de herramientas propias para prevenir daños, asistir a los establecimientos afectados y financiar su recuperación.
La iniciativa, denominada “Régimen de Resiliencia y Gestión de Riesgos Agropecuarios”, combina un esquema de beneficios fiscales con monitoreo meteorológico y satelital, apoyo a la contratación de seguros y un Fondo de Resiliencia Productiva. También incorpora medidas de seguridad rural para los campos que deban interrumpir temporalmente su actividad a causa de un desastre.
El proyecto plantea complementar el sistema nacional de emergencias agropecuarias, establecido por la Ley 26.509. En sus fundamentos, toma como antecedente la emergencia por sequía, heladas e incendios que, según el documento, alcanzó a nueve departamentos de San Luis entre 2022 y 2023. Sostiene que la adhesión provincial al régimen nacional necesita acompañarse con mecanismos locales de asistencia, plazos definidos y recursos específicos.
Uno de los puntos centrales es la diferenciación entre emergencia y desastre agropecuario. La propuesta considera en emergencia a los productores cuya producción o capacidad productiva resulte afectada en un porcentaje igual o superior al 50% e inferior al 80%. Cuando el daño alcance o supere el 80%, correspondería la categoría de desastre.
Para los establecimientos con certificado de emergencia, el texto prevé postergar los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural y del canon de riego hasta el cierre del ciclo productivo siguiente, sin intereses ni recargos. También contempla suspender durante 180 días el inicio de juicios de apremio y el trámite de ejecuciones fiscales en curso por deudas de tributos provinciales vinculadas con los inmuebles y establecimientos afectados.
En los casos de desastre, el alivio sería mayor. A los beneficios anteriores se sumarían la exención total del Inmobiliario Rural por las anualidades comprendidas en la declaración y la exención del canon de riego durante su vigencia.
Además, se propone eximir del Impuesto de Sellos a los actos, contratos y operaciones de crédito, refinanciación y garantía destinados a recomponer la capacidad productiva del establecimiento, siempre que se celebren durante el período declarado.
El alcance comprende actividades agrícolas, ganaderas, apícolas, forestales y frutihortícolas desarrolladas en San Luis, con inscripción en los registros sanitarios y productivos que establezca la reglamentación.
Para sostener las medidas, Caymez propone crear el Fondo de Resiliencia Productiva como una cuenta especial administrada por la autoridad de aplicación.
Su fuente tributaria específica sería el 10% de la recaudación anual del Impuesto Inmobiliario Rural, una vez descontada la participación correspondiente a los municipios. También recibiría partidas presupuestarias, transferencias nacionales e internacionales, indemnizaciones de seguros, recuperos de créditos, multas, donaciones y rendimientos de sus recursos.
El fondo podría financiar aportes no reintegrables para recuperar la producción, bonificaciones de tasas de interés y provisión de forraje, agua, insumos y asistencia sanitaria. Los montos máximos y su graduación quedarían sujetos a la reglamentación, que debería dar prioridad a los pequeños productores.
Los recursos también cubrirían acciones preventivas, monitoreo, incentivos al aseguramiento y compensaciones por los beneficios previstos. Los saldos no utilizados pasarían al ejercicio siguiente con el mismo destino, mientras que los gastos de funcionamiento tendrían un límite del 5% de los recursos anuales.
Otro aspecto de la iniciativa apunta a evitar que un establecimiento afectado por un desastre pierda el suministro eléctrico por falta de pago.
El mecanismo propuesto requiere convenios con distribuidoras y cooperativas, con intervención del ente regulador. Durante la vigencia de la declaración, las prestadoras adheridas suspenderían los cortes por mora en los establecimientos que cuenten con certificado de desastre.
La Provincia las compensaría mediante créditos fiscales aplicables a tributos provinciales o subsidios directos sobre el cargo fijo de la factura, dentro del cupo presupuestario anual.
La suspensión del corte no implicaría perdonar la deuda: su cancelación se regiría por los planes de pago acordados en los convenios.
El proyecto asigna la aplicación del régimen al Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, o al organismo que lo reemplace. Propone que esa misma autoridad gestione el sistema nacional de emergencia en la provincia, para ofrecer una ventanilla única y evitar trámites duplicados.
La evaluación de las pérdidas se apoyaría en un Sistema Provincial de Monitoreo Agroclimático y Satelital, que integraría estaciones meteorológicas, imágenes satelitales e información científica. Podría utilizar inteligencia artificial como herramienta auxiliar, con metodologías públicas y revisión por un agente responsable.
La estimación técnica se contrastaría con la declaración jurada del productor. Si ambas coincidieran, la información del sistema sería fundamento suficiente para emitir el certificado. Ante discrepancias, a pedido del interesado o cuando la autoridad lo considere necesario, se realizaría una verificación en el establecimiento dentro de los 15 días hábiles de requerida.
El certificado debería emitirse en formato digital dentro de los 30 días corridos desde la presentación de la solicitud, indicar el porcentaje de afectación y explicar la metodología utilizada. La decisión podría recurrirse por la vía administrativa provincial.
La propuesta incluye un plan plurianual con mapas de riesgo por departamento, alertas tempranas, prevención de incendios, estrategias de reservas forrajeras y acceso al agua. Ese plan debería publicarse y revisarse al menos cada dos años.
Para pequeños y medianos productores, contempla un programa que podría bonificar parcialmente las primas de seguros multirriesgo, de granizo, paramétricos o de índice. Los porcentajes y prioridades dependerían de la reglamentación y del cupo fijado en el presupuesto.
También autorizaría al Ejecutivo a contratar coberturas paramétricas o de índice para aportar liquidez al fondo ante catástrofes de gran escala.
En materia de seguridad, las áreas declaradas en desastre podrían ser catalogadas como Zonas de Protección Crítica. Allí se reforzaría el patrullaje preventivo, con prioridad en establecimientos temporalmente inactivos, para prevenir robos de ganado, maquinaria e infraestructura.
El Fondo de Resiliencia Productiva quedaría sujeto al control del Tribunal de Cuentas. La autoridad debería publicar trimestralmente los beneficiarios de aportes y bonificaciones, los montos otorgados y los certificados emitidos por departamento, además de remitir un informe anual a ambas cámaras legislativas.
El texto también establece sanciones por declaraciones falsas, obtención indebida de certificados o desvío de beneficios: reintegro de los recursos, multas de hasta diez veces el beneficio obtenido e inhabilitación por cinco años.
La iniciativa necesita aprobación legislativa para convertirse en ley. De ser sancionada y promulgada, prevé un plazo de 90 días para su reglamentación e invita a los municipios a adherir y otorgar beneficios similares sobre sus tasas y contribuciones.
