Acreedores financieros internacionales de Vicentin pidieron a un tribunal de Nueva York que exija a la empresa agroexportadora que presente documentos que incluyen transferencias electrónicas realizadas en los últimos meses por la compañía y sus filiales en distintos puntos del mundo, como así también con las transacciones realizadas por sus ejecutivos.
La presentación fue realizada por los bancos internacionales Rabobank, Credit Agricole, ING y la división de préstamos privados del Banco Mundial, International Finance Corp, que iniciaron un proceso en los tribunales neoyorquinos tras el proceso de quiebra iniciado por la empresa santafesina.
Los acreedores internacionales de la compañía agroexportadora «desean acceder a documentos que incluyen copias de transferencias bancarias de Vicentin y de varias filiales», informó la agencia de noticias Bloomberg.
En la misma línea, también solicitaron transacciones por parte de ejecutivos, entre ellos miembros de las familias fundadoras de la compañía.
Según este conjunto de entidades financieras, que apenas se conoció el colapso de la cerealera en los primeros días de diciembre formaron el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales de la firma, la deuda que Vicentin mantiene con ellas asciende a los US$ 500 millones, de los US$ 1.350 millones que debe en total a todos sus acreedores.
Así, el comité directivo quiere que «se revelen documentos para su uso en un procedimiento que está pendiente ante un tribunal argentino y otros procedimientos que se espera que comiencen en un futuro próximo ante tribunales de Argentina», dijeron los abogados que representan a los bancos en la solicitud.
«Los miembros del comité directivo, como mayor grupo de acreedores de Vicentin, son partes interesadas en esos procedimientos, con plenos derechos de participación», añadieron.
La solicitud de documentos abarca datos desde principios de 2017 hasta la fecha actual, según el expediente del 29 de junio, y concierne a Vicentin y sus filiales, entre ellas negocios en Paraguay y Europa, así como Renova SA, una empresa conjunta que la compañía tiene con el negocio agrícola de Glencore Plc, el mayor comerciante de materias primas del mundo.
Los bancos, que incluyen Natixis y el banco de desarrollo holandés FMO, también solicitaron información de gerentes y miembros de las familias fundadoras, entre ellos Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin y Roberto Oscar Vicentin.
La solicitud se realizó tras un requerimiento anterior en febrero, mientras que un portavoz de Vicentin dijo «que no estaba al tanto de una segunda ronda de solicitudes, pero enfatizó que la empresa ha cumplido completamente con el proceso de descubrimiento hasta el momento», indicó la agencia.
Sociedades offshore
El abogado Mariano Moyano, socio del bufete que reveló las maniobras de triangulación del grupo agoexportador Vicentin. Explica cómo fue el proceso hasta el descubrimiento y denuncia que presentó ante la Justicia paraguaya. «Esto no va a terminar en el Juzgado de Reconquista, en Santa Fe. Esto trasciende a la Argentina. Ya está en Nueva York», señala Moyano, especializado en detección de operaciones de ocultamiento de activos en paraísos fiscales.
Su estudio fue contratado por acreedores extranjeros del grupo Vicentin, pero asesora también al comité de bancos extranjeros de Nueva York y a las autoridades del Banco Nación Argentina.
En la denuncia presentada en el Ministerio Público de Paraguay, el estudio Moyano solicita se investiguen las transferencias entre firmas controladas y sociedades offshore de Paraguay, Uruguay y Panamá, bajo la denominación de Nacadie –controlada por el grupo– que podrían haber sido el canal de fuga de capitales y evasión impositiva.
«Dos días antes de que se reuniera el presidente Alberto Fernández con los directivos de Vicentin fue remitida la información a la Jefatura de Gabinete hace unos días enviamos un informe mucho más pormenorizado sobre la composición de esas sociedades off-shore», señaló el letrado en una charla desde su residencia en Paraguay.
Un racimo de empresas
La inspección general de Justicia del gobierno santafesino presentó ante el juez Fabian Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, los elementos que prueban que las empresas que conforman el holding agroexportador son muchas más que las admitidas en la presentación que hizo la cerealera ante la convocatoria de acreedores. Se trata, al menos, de 15 empresas en el país y otras diez en el exterior, todas bajo su absoluto control, pero ocultas en su conformación accionaria a través de firmas offshore en Uruguay y en Panamá, y otras en Brasil.
Además, el informe de la IGPJ describe las operaciones inmobiliarias realizadas por al menos cuatro de los directores de Vicentin, que a través de escrituras públicas inscriptas entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 (inmediatamente a la cesación de pagos y casi hasta la aprobación de apertura del concurso) cedieron la propiedad de al menos diez inmuebles que estaban a su nombre, a favor de parientes o allegados, presumiblemente para alejarlos del riesgo de cualquier demanda sobre ellos de parte de los acreedores.
Con todos estos elementos, más otros que surgen de actuaciones de la Sigen y de otros tribunales, la inspección de justicia insistió en el reclamo de apartamiento del Directorio de Vicentin de la conducción de la empresa, ante el riesgo de alteración de pruebas de delitos comerciales o penales, y pidió el nombramiento de una intervención judicial en su reemplazo.
El «entramado social» de Vicentin, según revela el informe de la IGPJ, se conforma de ocho empresas «con domicilio coincidente con el de Vicentin SAIC, calle 14 número 495 de Avellaneda, Santa Fe», otras seis en Reconquista o Rosario con las que comparte todos o la mayoría de directores, una en Buenos Aires bajo la misma condición, una bodega en Mendoza y otra en San Juan, tres filiales de Vicentin en Paraguay, Brasil y Europa, y otras tres radicadas en Uruguay.
Las tres en Uruguay son Vicentin Family Group, VFG Inversiones e Industrias Agroalimenticias Latam. Las tres tienen como representante a María Carolina Buyatti, el mismo apellido del actual presidente de Vicentin SAIC, y que se repite en varios de los directorios de empresas vinculadas. Hay una cuarta, Nacadie SA, inscripta en Uruguay cuyo objetivo social es «realizar operaciones offshore sobre agrocommodities». Es la única accionista además de una sociedad panameña, Swass International Corporation. ¿Por qué la IGPJ la relaciona con Vicentin?
Su representante es un contador argentino, Patricio Coghlan, que en 2017 la inscribe en Argentina y fija domicilio de la empresa en Boulevard H. Yrigoyen 298 de Reconquista, donde está el frigorífico Friar. Coghlan, como representante, fija domicilio en calle 14 número 495, Avellaneda; la misma dirección de Vicentin y de otras ocho empresas del grupo. Ese mismo año, Nacadie decide la compra del 49% de las acciones de Friar, quedando el resto de su capital en manos de VFG Inversiones, 50,5%, y una porción menor a medio punto en Vicentin SAIC.
Este mismo mecanismo fue utilizado en innumerables oportunidades, entre 2014 y 2018, para sacar del patrimonio aparente de Vicentin SAIC a muchas de estas empresas. En los informes y folletos, sin embargo, son todas mostradas como parte de un poderoso grupo con Vicentin SAIC como nave insignia. La IGPJ considera una grave irregularidad que Vicentin se presente a concurso despojada de esos otros millonarios activos, en perjuicio potencial hacia los acreedores. De allí el reclamo de que, por conductas sospechosas, el Directorio de Vicentin sea desplazado «en forma urgente» del control de la empresa.
