Tras nueve horas y media de debate, pasada la medianoche, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto del Marco Regulatorio de Biocombustibles con apoyo de las bancadas más chicas y algunos legisladores de Juntos por el Cambio, que decidieron despegarse de la postura de la mayoría del interbloque. La iniciativa, que busca reemplazar a la norma actual que fue prorrogada a través de un DNU hasta el 12 de julio, obtuvo 135 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.
La nueva Ley de Biocombustibles fue resistida hasta último momento por la principal fuerza opositora. Sólo un puñado de integrantes de ese espacio se diferenciaron, atentos a los intereses de las provincias a las que representan. A pesar de las fuertes críticas de Juntos por el Cambio al texto que impulsó el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el legislador oficialista Marcos Cleri; los jujeños Jorge Rizzotti y María Gabriela Burgos, de la UCR; y los tucumanos Domingo Amaya, de PRO, y Lidia Ascarate y José Manuel Cano, de la UCR, acompañaron la iniciativa, tal como habían adelantado en sus intervenciones durante el debate. También se sumaron el sanjuanino Eduardo Cáceres y el jujeño Osmar Monaldi, de PRO,
El diputado riojano Enrique Sahad y el fueguino Héctor Stefani, de PRO, fueron los únicos que se abstuvieron.
El planteo de los legisladores de las provincias del norte fue escuchado en la coalición opositora, sin embargo, generó malestar entre algunos diputados que revistan en el ala más dura. Las críticas estuvieron dirigidas principalmente contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que de nuevo aportó votos al oficialismo. «Otra vez vamos a votar divididos», dijo un integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. «Votan a favor del lobby azucarero», agregó otra fuente de esa fuerza política.
La iniciativa establece que la nafta que se venda en el país deberá cumplir con un mínimo obligatorio de 12% de bioetanol, y el gasoil tendrá al menos 5% de biodiésel. El biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). En caso de aprobarse, la ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y el Poder Ejecutivo nacional podrá extenderla por 5 años más, por única vez. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía.
Desde Juntos por el Cambio aseguran que el proyecto reduce el porcentaje de mezclas obligatorias entre combustibles minerales y biocombustibles del 10% al 5% en el caso del biodiesel. Esa misma crítica, entre otras, realizaron en el bloque de Consenso Federal, que conduce Alejandro «Topo» Rodríguez. Por el contrario, en el oficialismo sostienen que la ley que está en vigencia actualmente fija el porcentaje de corte en el 5% y no en el 10% como asegura la oposición.
El debate de Biocombustibles
Tras aprobar la modificación del Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, el presidente de la comisión de Energía, Omar Félix, como miembro informante, abrió el debate del proyecto de Biocombustibles. «El porcentaje de corte a fijarse en el caso del biodiesel es del 5%, precisamente igual que en el régimen de promoción hasta hoy vigente, y del bioetanol del 12%, facultando a la autoridad de aplicación a reducir hasta el 3% en biodiesel y en el caso del bioetanol se distribuye el 6% para caña de azúcar y el 6% para derivado de maíz, pudiendo reducir en el caso de este último hasta un 3%», dijo el legislador mendocino y, atento a las críticas opositoras, aclaró que cualquier reducción «tendrá carácter excepcional».
“Se nos acusó de impulsar una norma intervencionista, se trata de un mercado que existe solamente por la decisión política expresada en una ley y es lógico que se tomen previsiones para un crecimiento armónico y no se generen efectos no deseados”, manifestó Félix. Y agregó: “Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector”.
«Es un traje a medida de los empresarios amigos del kirchnerismo», soltó la diputada radical Jimena Latorre. Y continuó: «Es un proyecto regresivo, intervencionista e inconstitucional. ¿A dónde quieren ir con esto? Hacia atrás».
«No hubo consenso. No se escuchó a nadie más que a los beneficiados. No se escuchó a las 10 mil familias que van a pasar a engrosar el altísimo número de desocupados de nuestro país», agregó la diputada de la UCR.
El diputado oficialista Germán Martínez solicitó una intervención para rebatir las palabras de Latorre. «Que a nosotros nos digan que esto tiene que ver con corrupción, con amiguismo y todo eso, me parece que es absolutamente desubicado y además, merecería otro tipo de acción dentro de lo que estipula el reglamento de la Cámara de Diputados», se quejó el legislador del Frente de Todos.
El legislador oficialista Eduardo Fernández aseguró que no se trata de un proyecto «anticordobés», en respuesta al planteo de los legisladores de Córdoba de Juntos por el Cambio, que rechazaron la iniciativa por considerar que perjudica a las empresas productoras de biocombustibles de esa provincia. “Los diputados que dicen que este proyecto es anti cordobés porque hace peligrar fuentes laborales, son los mismos que defienden el modelo que convirtió a Córdoba en la capital nacional del desempleo, según los últimos datos del Indec”, puntualizó legislador oficialista.
«Nuestra agenda ambiental en el Congreso debe mantener la premisa de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, no aumentarlas como lo plantea esta ley», afirmó Martín Maquieyra, de PRO. «Alejandro «Topo» Rodríguez también pidió «no votar este proyecto para devolverle al país una política de biocombustible que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo».
«Esta ley no protege el medioambiente sino el negocio de 54 empresas», apuntó el diputado de Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, y adelantó que acompañaría el proyecto. En el mismo sentido, se pronunciaron Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, y Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social.
“Estamos cuidando nuestra economía y a los productores nacionales. Industrializar en plantas nacionales es pensar en el futuro. Necesitamos tener precio, corte y trabajo argentino como garantiza esta ley con mirada integral y federal”, dijo Cleri durante el cierre, pasada la medianoche.
