Desde mediados del 2023 el INTA es jaqueado por una denuncia pública de censura. Distintos medios se hicieron eco y algunos ejemplos ilustran: “Acusan al INTA de censurar resultados…” (Qué Digital); “Agrocensura…” (La Izquierda Diario); “…el INTA niega los resultados del estudio…” (Asamblea Paren de Fumigarnos); “El silencio no es salud” (Tiempo Argentino) “Censura y Agrotóxicos en el INTA…” (Tierra Viva), “INTA pretende ocultar la evidencia…” (EcoPress); “La Mesa de Enlace y el Gobierno (INTA) atentan contra la salud…” (Política Obrera). La acusación se replicó cientos de veces en decenas de medios y redes sociales.
¿Cómo se desató esta batahola? En 2018, desde un enclave técnico del INTA en el exterior, se impulsó un convenio con un proyecto europeo (denominado Sprint) destinado a evaluar la contaminación por fitosanitarios (“agrotóxicos” para algunos) en partidos del sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Involucró a diez países europeos y a la Argentina ¿Por qué la Argentina y no Brasil, Uruguay, Paraguay o Chile? No está claro. Aunque Brasil es el mayor exportador mundial, el argumento utilizado fue la relevancia de nuestro país como exportador de soja. Después de haberse difundido resultados del estudio en medios nacionales y extranjeros, y en revistas científicas internacionales, el INTA decidió en 2023 desvincularse del Proyecto Sprint. Y resolvió no autorizar a sus investigadores a difundir las conclusiones en nombre de la institución. La denuncia de censura fue inmediata.
Para entender la lógica de la decisión, aclaremos que Sprint está alineado al Pacto Verde Europeo, un programa que fija regulaciones y estándares ambientales dentro de la UE, y que intenta extender a países que se relacionan o comercian con el bloque europeo. La imposición de barreras comerciales a países que aplican plaguicidas químicos es un riesgo latente. ¿Qué dice Sprint respecto a la Argentina? Que “es el tercer usuario mundial de plaguicidas, detrás de China y EEUU”. Que “…muchos de los plaguicidas utilizados en Argentina están prohibidos en la UE”. Y que “es necesario evaluar el riesgo de importar productos contaminados”. La intención es explícita y el riesgo comercial queda implícito. Como país quedaríamos descolocados si los estudios demuestran que el agro exporta productos contaminados y que, además, internamente expone la salud de los argentinos.
Otros sectores
La mala noticia es que son muchos los sectores que contaminan sin tener igual trascendencia en los medios. Es común encontrar arsénico, plomo, mercurio, nitratos, nitritos, dioxinas y micro-plásticos en las aguas. O en el aire partículas liberadas por materiales de construcción, motores de combustión, centrales eléctricas, tabacos y narcóticos o materiales incinerados. Un contaminante como el aldehído fórmico es liberado por desinfectantes, antisépticos, desodorantes, fumigantes, e industrias de los plásticos, fibras sintéticas, resinas y textiles. Niveles de contaminación por plomo en sangre y cromo en orina se encuentran áreas industriales y asentamientos sobrepoblados, en las que existe un flujo de contaminación continua y densa en el espacio. En cambio, la contaminación producida por la agricultura en áreas de cultivo comercial extensivo (de soja, maíz, trigo, girasol, etc.) responde a un patrón discontinuo en el tiempo (depende cada cultivo) y disperso grandes extensiones geográficas. Comparados, los efectos y los impactos son distintos.
Según la FAO, Argentina y otros vecinos sudamericanos consumen plaguicidas por encima de la media mundial. Se nos advierte que el uso de plaguicidas en Argentina está asociado a patologías graves como el cáncer ¿Existe una relación entre el cáncer y el uso de plaguicidas en nuestro país? No es sencillo determinarla, pero en base a datos oficiales del Instituto Nacional del Cáncer del 2022, puede compararse las provincias agrícolas que aplican plaguicidas en forma extensiva (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) con aquellas que no lo hacen, como Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego en Patagonia. Cada cien mil habitantes las provincias patagónicas presentan índices de mortalidad por cáncer superiores a las provincias agrícolas. Esto quizás no explique demasiado, pero indica que no es posible asociar linealmente el cáncer al uso de plaguicidas agrícolas. Tampoco existe una prueba científica concluyente que demuestre que los plaguicidas agrícolas son causa de enfermedades neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer) o alteraciones embrionarias de humanos en Argentina. Son hipótesis nunca probadas.
Pero volvamos al caso del INTA. Suena ingenuo creer que el embrollo ocurrió por azar y que en esta historia solo hay inocentes. No es novedad la hostilidad histórica que algunos sectores radicalizados del progresismo populista y la izquierda han expresado hacia el sector agropecuario. Mostrar el “egoísmo malicioso” del productor agropecuario es un problema ideológico de larga data. Más aún, desde hace años el INTA cobija en su planta algunos investigadores y técnicos alineados a esa ideología.
Podemos sospechar entonces que el INTA se vio enredado en una trama que lo convertiría, involuntariamente, en un denunciante calificado de la contaminación que provoca el agro argentino. Si hay contaminación, el rol del INTA es arbitrar los medios técnicos para enmendarla; pero nunca exponerla a los ojos del mundo para acusar al sector agropecuario y perjudicar a la exportación que provee divisas a la Argentina. En todo caso, ante una eventual emergencia sanitaria, son los organismos de salud los encargados de advertirla. Frente al riesgo de pegarse un tiro en el pie, seguramente el CD del INTA decidió criteriosamente discontinuar el riesgoso acuerdo firmado con Sprint.
Finalmente ¿censuró o no el INTA a sus investigadores? Nada lo indica, puesto que los resultados del estudio fueron extensamente difundidos dentro y fuera del país por los responsables del estudio, aún después de quedar el INTA desvinculado de Sprint. Si hubiese habido censura, no nos habríamos enterado que “los residuos de plaguicidas y sus mezclas están presentes, en distinta proporción, en la sangre, la orina y la materia fecal de habitantes rurales y urbanos. Y que hay restos de plaguicidas en el polvo acumulado en los hogares”. Otra pregunta pertinente: ¿Puede extrapolarse esta conclusión de índole zonal a todas las regiones agrícolas del país? Afirmarlo sería temerario y tendría un costo muy alto para la economía del país y del sector rural. Descubierta la jugada y en vista que las cosas no salieron como se planearon, es entendible que los medios que acusan de censura al INTA usen el recurso de victimizar a quienes participaron del estudio ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de relato en toda esta historia? En todo caso, si buscamos una víctima, creo que ha sido el INTA.
Ernesto F. Viglizzo (Ex investigador del INTA y CONICET; miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria)
Ernesto Viglizzo, La Nación
