Por Matías Longoni.
Para algunas ONG ambientalistas, la decisión de acallar la difusión del informe sobre el Proyecto SPRINT referidos a la Argentina ha sido lisa y llanamente un acto de censura. Pero para buena parte de los integrantes de la comunidad agropecuaria e incluso del propio organismo, ha sido un acto de sensatez. ¿Quién tendrá la razón en este nuevo capítulo que muestra el divorcio que existe en el país a la hora de evaluar el rol y los impactos de los agroquímicos?
En este nota no vamos a resolver la discusión, que sin duda está plagada de prejuicios y cargas ideológicas. La intención es solo contar qué es el proyecto SPRINT y recorrer un camino que se inició a fines de 2020 y concluyó (o todavía no) el jueves 15 de junio, con un pedido formal de la conducción del INTA a una de sus investigadoras, la doctora Virginia Aparicio, para que suspenda una reunión para dar a conocer el resultado de sus investigaciones:
¿Qué trataba de responder Aparicio, quien trabaja desde la unidad integrada del INTA Balcarce? Pues el objetivo del proyecto SPRINT era evaluar con ciertas metodologías cuál era el impacto de los insumos químicos utilizados en el agro sobre la salud de las personas y el ambiente.
“Atento a que hemos tomado conocimiento de que posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional y considerado que, nuestro accionar está siendo analizado al respecto, se instruye a que suspenda la Reunión de Presentación de Datos prevista, hasta tanto se tengan las respuestas asociadas en sentido amplio”, dice la carta interna dirigida a Aparicio que firma Carlos Parera, el director nacional del INTA.
Primero lo primero: ¿Qué es el proyecto SPRINT y por qué Aparicio representaba a la Argentina en este espacio internacional? La cuestión inicial es más fácil de responder. En inglés, la sigla quiere decir algo así como Transición Sostenible de Protección Vegetal y su lema es “un enfoque de Salud Global”. En un programa lanzado por varias universidades y organismos europeos que obtuvo financiamiento de la Unión Europea (acuerdo de subvención 862568). Su objetivo declarado es “desarrollar una caja de herramientas de evaluación de riesgos para la salud global para evaluar los impactos de los productos fitosanitarios en la salud de los ecosistemas, plantas, animales y humanos”. Allí en medio apareció el logo del INTA, como organismo adherido.
En ese plan se pusieron en marcha en 2021 diez casos de estudio dentro de territorio europeo e incluso ya hay dos países (Holanda y Dinamarca) que adelantaron la presentación de sus resultados el año pasado. Curiosamente el caso 11, y único fuera del viejo continente, era el de Argentina. Debe ser repetido: No hubo otros países americanos seleccionados. Ni asiáticos. Ni africanos.
¿Y por qué ese extraño honor? Este artículo publicado en febrero de 2022 por la propia organización SPRINT explicaba las razones -al menos formales- de por qué los mismos ensayos se iban a realizar aquí. “Argentina es el único sitio de estudio de caso no europeo incluido en SPRINT. Incluimos a Argentina en nuestro proyecto porque es el principal exportador de soja para alimentación animal en Europa. Además, esto nos permite comparar nuestros hallazgos en Europa con los de América del Sur, donde los pesticidas suelen aplicarse con mayor frecuencia y en mayores volúmenes”.
“Argentina, nuestro caso de estudio elegido, es el tercer usuario más grande de pesticidas en el mundo , con solo China y Estados Unidos usando más. Además, varios de los pesticidas utilizados en Argentina ya no están aprobados para su uso en la UE, por lo que este estudio de caso brindará información sobre los riesgos de los productos químicos importados. Este artículo brinda una descripción general de la agricultura en Argentina antes de examinar el grado de dependencia de los pesticidas y los riesgos potenciales del uso actual”, agregaba la introducción.
Aunque las estadísticas globales sobre el uso de fitosanitarios son de fuentes más bien dudosas, el artículo de SPRINT era un anticipo del documento que Aparicio debía presentar supuestamente en la reunión pospuesta (o censurada, dirán otros) de fines de junio pasado. Basado en informaciones que muchas veces aquí son propaladas por organizaciones ambientalistas, la posición de SPRINT era bastante categórica respecto del daño que estaba provocando el uso de agroquímicos para la salud de la población y el medio ambiente en el país sudamericano.
Un mes antes de ese pre-diagnóstico, Bichos de Campo entrevistó a Aparicio, quien contó de qué se trataría la experiencia en la Argentina, para la cual estaba convocando a una serie de entidades de la cadena agropecuaria, que dudaban en participar o no. Por esos días, la investigadora del INTA Balcarce y el Conicet ya había comenzado a tomar muestras en diversos campos y confiaba en que todos colaborarían. “La información que generemos en SPRINT, manteniendo el anonimato de los participantes, será de público conocimiento y pretende aportar a la construcción de una mejor forma de producir y vivir en los territorios”, dijo en ese momento. Por estos días intentamos hablar nuevamente con ella, pero se excusó debido a la tensa situación dentro del Instituto.
Aparicio suele participar de mediciones de este tipo a pedido de organizaciones ambientalistas que usualmente denuncian la presencia de residuos de agroquímicos en el agua, el aire, la tierra e incluso en el cuerpo de las personas. Claramente la investigadora tiene posiciones tomadas y no las oculta. En aquella entrevista se pronunció a favor de una transición que vaya erradicando el uso de fitosanitarios de la actividad agropecuaria. También dijo no tener “conflicto de intereses” para efectuar ese trabajo.
¿Actuó sola la investigadora pero involucró a todo el INTA en una investigación de semejante calibre? Sería injusto decir eso, ya que en 2021 el Ministerio de Ciencia y Tecnología ponía en su agenda el proyecto SPRINT como un asunto de su interés. Es decir que la participación allí del INTA tuvo un acompañamiento de al menos un sector importante del Estado. Ahora, sin embargo, ese informe oficial sobre el avance del proyecto no puede ser consultado.
Esta es una impresión y no más que eso: Luego de que buena parte de la comunidad agropecuaria rechazó el convite para ser parte del experimento, Aparicio y sus pares del INTA que promovían esta discusión se fueron quedando cada vez más aislados y decidieron seguir por las suyas, con el aval de las ONG ambientalistas que ya tienen posiciones tomadas.
En este análisis, no se puede obviar el hecho de que en octubre de 2022, rompiendo un silencio que duró muchísimos años, el propio INTA emitió un documento oficial con su mirada institucional sobre los fitosanitarios. En el mismo, citó la opinión de muchos otros investigadores de todos los rincones del país.
“Es posible incrementar la productividad y rentabilidad con un menor impacto ambiental, de la mano de una reducción gradual de insumos externos”, afirmaron en el documento los investigadores. Sin embargo, a continuación agregaron: “La agricultura argentina no puede prescindir completamente de los productos fitosanitarios sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción”. Esa era la palabra del INTA.
Una vez más, la grieta.
En declaraciones efectuadas en octubre de 2020, justo cuando se ponía en marcha la iniciativa, la propia Aparicio parecía tener claro los riesgos que corría el proyecto europeo en la Argentina. “Los profesionales de extensión e investigación que trabajaremos en el sitio de estudio de SPRINT en Argentina somos conscientes del desafío que representa este proyecto en nuestras carreras profesionales y esperamos contribuir a impulsar sistemas productivos que permitan el desarrollo y buen vivir de nuestra Nación”, dijo en esa ocasión.
El peligro de que la información que pueda surgir de estas mediciones, si no se aplica un rigor técnicos extremo y consensos en los procesos de toma de datos, es muy elevado. De hecho, días después de que las ONG ambientalistas que abrazaron el proyecto SPRINT denunciaran un acto de “censura” contra la investigadora (algunos incluso compararon el caso con el de Andrés Carrasco, que investigó los efectos del glifosato y terminó siendo de algún modo reprobado por el propio Conicet, del cual era vicepresidente), se conoció la noticia de un vecino de Laguna Brava, en Balcarce, Iván Villarreal, que decía “vivir con siete agrotóxicos en sangre”
La nota -claramente impactante- fue propalada por la agencia de noticias estatal Télam, que daba cuenta que Villarreal, de admitida militancia ambientalista, había sido uno de los 73 voluntarios que aceptaron la convocatoria de Aparicio en 2021 para someterse a todo tipo de análisis e incluso portar una pulsera para medir la contaminación del aire. Una vez más, la sensación que queda flotando después de escuchar su relato es la del “amarillismo” y la demonización de los agroquímicos.
Lo cierto es que por ahora el INTA impuso un impasse, para muchos necesario, para otros vergonzoso. En consecuencia nadie podrá saber por ahora cuáles fueron los resultados del Proyecto SPRINT en la Argentina ni si los métodos aplicados para medir la incidencia de los fitosanitarios fueron los correctos.
Otra vez la grieta y las consecuencias que deja a la vida social en todos los terrenos: después de los gritos solo queda el silencio.
