Representantes del campo se reunieron con el procurador general Eduardo Cadelago Filipi y la fiscal Linda Maluf. Según el comunicado de las entidades, la Justicia se comprometió a impartir instrucciones a fiscales de Villa Mercedes, Concarán y San Luis. El encuentro estuvo precedido por cuestionamientos a la respuesta judicial y un pedido de creación de una Fiscalía Rural Agropecuaria.
El reclamo de las entidades rurales de San Luis por los delitos que afectan a los establecimientos agropecuarios llegó a una reunión con las autoridades judiciales. El miércoles 7 de octubre, representantes de tres organizaciones del sector mantuvieron un encuentro con el procurador general de la provincia, Eduardo Cadelago Filipi, y la fiscal Linda Maluf, en el que se abordó la preocupación que las rurales habían expresado públicamente por los casos de abigeato, faena clandestina y sustracción de animales.
Participaron Hugo Díaz Flores, de la Sociedad Rural del Norte de San Luis; Nicolás Novarecio, de la Sociedad Rural del Rosario; y Daniel Casella, de la Sociedad Rural Río Quinto.
De acuerdo con el comunicado difundido después del encuentro, las autoridades judiciales se comprometieron a instruir a los fiscales que se desempeñan en Villa Mercedes, Concarán y San Luis. El documento también anticipó una próxima reunión con las entidades rurales y la Policía Rural, aunque no precisó la fecha ni el contenido de las instrucciones anunciadas.
La reunión abrió una instancia de diálogo luego del pronunciamiento del 28 de septiembre, cuando seis entidades agropecuarias expresaron su “profunda preocupación” por la reiteración de delitos ganaderos y reclamaron una respuesta judicial más efectiva.
Aquel planteo fue suscripto por las sociedades rurales Río Quinto, del Valle del Conlara, del Norte de San Luis, del Rosario y de Unión, junto con la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract.
El episodio que motivó especialmente esa presentación fue un procedimiento realizado en una zona rural de la provincia. Según señalaron las organizaciones, habían recibido información de que el personal policial habría identificado a los presuntos autores, localizado elementos vinculados con el hecho e individualizado el lugar donde presuntamente se realizaba la faena. El posterior otorgamiento de la libertad a las personas involucradas generó el cuestionamiento del sector.
Las entidades pusieron el foco en la continuidad judicial de las investigaciones. Plantearon que, cuando la Policía moviliza recursos, reúne elementos probatorios e identifica sospechosos, los productores esperan conocer qué respuesta concreta tendrá ese trabajo y cómo avanzará el esclarecimiento de los hechos.
En su declaración, las rurales aclararon que no pretendían sustituir la función de los fiscales y reconocieron que las medidas restrictivas de la libertad deben ajustarse a la Constitución y a las normas penales. Su reclamo apuntó a obtener explicaciones sobre la respuesta institucional que recibe un productor después de sufrir un delito.
También advirtieron que la percepción de una respuesta insuficiente frente a estos hechos profundiza la pérdida de confianza en las instituciones y alimenta una sensación de impunidad entre quienes viven y trabajan en el campo.
“Los productores rurales necesitamos que denunciar sirva”, resumieron en uno de los pasajes centrales del pronunciamiento.
El documento de septiembre incorporó, además, una demanda específica, la creación de una Fiscalía Rural Agropecuaria, especializada en los delitos que afectan al sector. Con ese pedido, las organizaciones propusieron contar con un ámbito judicial dedicado a abordar el abigeato, la faena clandestina y otras modalidades delictivas vinculadas con los establecimientos rurales.
El comunicado del 7 de octubre no informa que se haya acordado la creación de esa fiscalía ni detalla una respuesta a esa solicitud. Los compromisos comunicados se concentran en las instrucciones a fiscales de las tres localidades mencionadas y en la convocatoria a un nuevo encuentro con participación policial.
Esta próxima reunión permitirá retomar el reclamo con los actores que intervienen en la investigación de los delitos rurales. Para las entidades, la preocupación sigue centrada en que las denuncias y el trabajo policial tengan una continuidad judicial que permita esclarecer los hechos y ofrecer respuestas a los productores.
