Una situación insólita que comprende a las provincias de San Luis y Córdoba se produjo hoy en el ámbito de la Justicia Federal: mientras el juez federal Juan Esteban Maqueda resolvió en favor del gobierno de San Luis dar lugar a la medida cautelar en las que declara “aplicable y oponible” a la normativa sobre los protocolos de ingreso, egreso y transporte; en paralelo, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, resolvió hacer lugar a la cautelar presentada por los ruralistas y transportistas cordobeses mediante la cual ordena al gobernador de San Luis la apertura y circulación por los pasos interprovinciales.
Ahora se abre una instancia de disputa entre ambas jurisdicciones para ver cuál de las resoluciones se aplica. Abogados del foro de Villa Mercedes consultados por El Semiárido dijeron que en los próximos días nada cambiará, dado que las autoridades policiales fronterizas del lado de San Luis seguirán aplicando el protocolo vigente, más aún después de la decisión de la Justicia Federal de la provincia.
Sin embargo, las mismas fuentes coincidieron en asegurar que la competencia para este planteo es el Juzgado Federal de San Luis, ya que lo que se cuestiona son precisamente las medidas adoptadas por el gobierno puntano.
En tanto, los productores agropecuarios y los transportistas, después de un corto festejo por la medida adoptada por el juez federal de Río Cuarto, volvieron a encontrarse con una realidad que en nada cambiará lo ocurrido hasta hoy.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, en la parte resolutiva de la cautelar expresa: «HAGASE LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA peticionada ordenando al señor Gobernador de la Provincia de San Luis, que arbitre los medios pertinentes para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional Nro. 8, Ruta Provincial Nro. 30 y los respectivos caminos vecinales, que se dan en el límite entre la Provincia de Córdoba y San Luis, siempre y cuando las personas que pretendan transponer dicho límite provincial, posean el CERTIFICADO UNICO HABILITANTE para circulación-COVID 19 de conformidad a lo dispuesto en el art. 5 y 25 del Decreto Nº 576/20».
Agrega lo siguiente: «Ante la ausencia de caso sospechoso o confirmado, deberá abstenerse la autoridad local de restringir el ingreso, permanencia y egreso de los ciudadanos –de los departamentos en los que el suscripto posee jurisdicción y que provengan de las denominadas zonas “blancas”- que acrediten condición para circular en el marco de la norma nacional vigente y en tanto demuestren puntos de conexión con la vecina localidad referidos a propiedades, razones laborales, relaciones familiares, y/o actividades exceptuadas que requieran de su circulación hacia la vecina Provincia de San Luis».
El juez de San Luis Juan Esteban Maqueda, en su parte resolutoria, en primer término declara la competencia del tribunal y en el segundo punto decide “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora gobierno de San Luis, y, en consecuencia, declarar aplicable y oponible la normativa contenida en 1) Decreto Nº 1819, 2) Decreto 1600, 3) Decreto 2021, 4) Decreto 3286, 5) resolución 47, 6) Protocolo de acción de ingreso y egreso de la provincia; 7) protocolo de transporte provincial y toda otra concordante dictada en consecuencia a todo aquél que pretenda el ingreso y/o circulación dentro del territorio provincial, inter se dicte sentencia definitiva en este proceso”.
En declaraciones al diario Puntal, el abogado Javier Quiroga, uno de los firmantes de la cautelar presentada por los productores y transportistas cordobeses, estimó que en la tarde de hoy, miércoles 1º, se debería levantar lo que denomina “el bloqueo”. Aún no sabía sobre la resolución tomada desde la Justicia de San Luis.
Por su parte, el fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende, señaló a la Agencia de Noticias San Luis que el fallo judicial del juez Maqueda implica “ratificar los decretos y las resoluciones del Comité de Crisis que tienen plena validez constitucional y, por lo tanto, deben seguir aplicándose”.
Añadió que mediáticamente se dice que San Luis “tiene prohibido el ingreso. Jamás estuvo prohibido –dijo-, simplemente reglamentado por la emergencia sanitaria que estamos viviendo”.
En los próximos días se abrirá una instancia judicial pocas veces vista. De todos modos, es esperable que la situación pueda solucionarse mediante la negociación política. Hasta ahora ninguno de los actores modificó su posición.
El gobierno de San Luis exige el cumplimiento estricto de los protocolos aprobados por el comité de crisis. Mientras que los productores y transportistas cordobeses sostienen que la provincia de San Luis y el departamento Río Cuarto son “zonas blancas” y por tanto no debiera haber restricciones para el ingreso en la provincia de San Luis.
