El Defensor del Pueblo de San Luis, Enrique Ponce, apuró en los últimos días su investigación por la contaminación del agua del río El Volcán, con pedidos de informes al Senasa y al programa de Control Sanitario y Fiscal (Cosafi) sobre el movimiento de hacienda en la provincia, pero especialmente del establecimiento Nicanor, un feedlot ubicado en Estancia Grande y cuyos efluentes escurren en dirección a ese curso de agua, destinada al consumo humano.
El feedlot Nicanor, de propiedad del abogado Carlos Acevedo, fue clausurado en 2018 por el gobierno, pero el entonces juez Agustín Ruta anuló esta prohibición. Cinco años después el magistrado fue destituido por un jury que dio por probados los actos de corrupción por los que esta denunciado. Acevedo fue su defensor.
Una cámara revisó entonces el fallo de Ruta y ordenó que la causa volviera a primera instancia. Desde entonces está enredada en una maraña judicial, con una demanda al Estado por parte de Acevedo, que llevará años obtener sentencia, según reveló durante una entrevista con el periodista Mario Otero, del programa Nada Secreto de FM UNSL.
Mientras tanto, el campo sigue contaminando: “Lo que llama la atención es la cantidad de acciones. Son tres o cuatro recursos de amparo, acciones administrativas, nulidades y una demanda contenciosa administrativa, que ya lleva tres años, después de cinco años más de litigar con acciones de amparo”, reveló el Defensor del Pueblo.
Ponce explicó que a la demanda contenciosa administrativa contra el Estado provincial le seguirá otra por daños y perjuicios contra toda la comunidad, “de aquel que está principalmente acusado por los órganos de control de sanidad y ambientales, de no cumplir con los requisitos que exige la ley, y que hay un dato objetivo que es la contaminación”.
Más allá de esta maraña judicial, Ponce insistió que “hay un solo problema, que es la contaminación y la prueba acabada de dónde surge esa contaminación. Entonces, de aquí que la justicia definitivamente resuelva el contencioso administrativo, que es un trámite que sigue un procedimiento que no es urgente, donde los plazos son eternos, es urgente hacer cesar de manera inmediata esa fuente de contaminación por alguna otra acción”.
Ponce también reveló que volvieron a tomar pruebas del agua del río que confirmaron el contenido de los anteriores análisis, con altos contenidos de Escherichia coli y otras nanobacterias, en un cauce que desemboca en el dique Cruz de Piedra, de donde se potabiliza para proveer el uso domiciliario de San Luis.
Incluso realizaron tomas aéreas de drones y constataron, aún sin poder haber entrado al establecimiento, que se sigue adelante con una actividad que no debería estar llevándose a cabo.
“Ya vemos que hay una afectación de daño ambiental importante y de sanidad, entonces habrá que ver qué otra medida puede tomar una autoridad, incluso a lo mejor judicialmente, para que sin perjuicio de que siga su instancia contenciosa haga cesar esta situación y se pueda resolver definitivamente el problema de la contaminación; es un conflicto que produce daño ambiental y pone en riesgo la salud de la población”, agregó.
La oficina de Medio Ambiente del gobierno provincial clausuró hace ocho años el establecimiento tras una inspección que realizó basada en los datos científicos aportados por un equipo de investigadores del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) perteneciente al Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL), dependiente de la Universidad Nacional de San Luis y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que identificaron residuos contaminantes provenientes del emprendimiento ganadero.
