“Pedimos a los Gobiernos de San Luis y de Córdoba que arbitren las medidas necesarias para abrir los canales de diálogo, así entre todos, gobiernos y productores, podamos encontrar los mecanismos adecuados, pudiendo contribuir, cada uno desde el rol que le compete, al bienestar social y económico de la región”, expresó un comunicado de la Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres, de Vicuña Mackenna.
Firmado por su presidente, Sergio Barbieri, la entidad reclama por las restricciones impuestas por San Luis para los productores del sur cordobés que tienen establecimientos o vínculos estrechos y directos con la actividad agropecuaria en tierras puntanas.
El comunicado difundido este miércoles, dice textualmente lo siguiente:
“Ante la lamentable situación y perjuicio que viven los productores del sur cordobés, de no poder asistir a sus establecimientos agropecuarios ubicados en la lindera provincia de San Luis, la Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres, de Vicuña Mackenna, juntamente con productores rurales del sur provincial, repudian la medida unilateral tomada por el Gobierno de la provincia vecina en la que prohíbe la circulación interprovincial de los mencionados productores.
Somos conscientes del contexto de la pandemia mundial que nos toca vivir, asumiendo que somos un motor productivo básico y necesario para la vida diaria de los argentinos. Entendemos nuestra exposición, no como un privilegio, sino como una actividad imprescindible, como lo es la salud, viéndonos referenciados así por el mismo Decreto de Necesidad de Urgencia presidencial.
Desde la constitución de Alberdi en adelante, en nuestro país, el atributo federal indica que cada una de las provincias son autónomas, pero no soberanas. Los Gobiernos provinciales (por su poder de policía) podrían exigir controles sanitarios estrictos, pero nunca cerrar los pasos.
La medida tomada por el Gobierno de San Luis desconoce los artículos 8 y 9 de la Constitución Argentina, como así también el D.N.U. donde se exime a la actividad agropecuaria de restricciones de tránsito. La doctrina constitucional mayoritaria (Gil Domínguez, Rosler, Sabsay, Hernández, etc.) coincide que: ‘Si bien la salud pública vinculada a la vida tiene un gran peso ponderado en relación con el resto de los derechos en el marco de la pandemia mundial que estamos sufriendo, esto no justifica que se arrase con el sistema constitucional’.
Por lo expresado anteriormente, pedimos a los Gobiernos de San Luis y de Córdoba que arbitren las medidas necesarias para abrir los canales de diálogo, así entre todos, gobiernos y productores, podamos encontrar los mecanismos adecuados, pudiendo contribuir, cada uno desde el rol que le compete, al bienestar social y económico de la región.
Quedamos a disposición de los organismos intervinientes, para colaborar en la pronta resolución de dicho inconveniente, desde nuestro humilde lugar como Institución Agropecuaria”.
Sergio H. Barbieri, Pte. Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres.
