La reciente decisión del Gobierno nacional de desregular el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa encendió señales de alarma en entidades rurales y productores de la región pampeana, quienes expresaron su preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre el estatus sanitario y la competitividad de las exportaciones cárnicas argentinas.
La resolución, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita a que cada productor adquiera la vacuna de manera individual y prescinda del esquema obligatorio de fundaciones y entes sanitarios que operaban desde comienzos de siglo para contener brotes de la enfermedad. Según el funcionario, el nuevo sistema permitirá reducir costos y mejorar la eficiencia, al facilitar la compra directa y la logística de distribución con unidades refrigeradas que aseguren la cadena de frío.
Sin embargo, la medida fue cuestionada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que sostuvo que “el modelo que se intenta implementar ya fracasó en el pasado” y advirtió sobre la falta de consenso técnico en la modificación del sistema sanitario. La entidad defendió el esquema vigente basado en fundaciones y entes, al considerar que ha demostrado eficacia en la prevención y control de la enfermedad.
Desde el ruralismo señalaron que la desregulación podría resultar inoportuna en el actual contexto sanitario regional, marcado por debilidades en los controles fronterizos y la vigilancia epidemiológica. En ese sentido, recordaron que en marzo de 2001 se registraron más de 2.000 focos de fiebre aftosa, situación que obligó a reconstruir el entramado sanitario mediante una articulación público-privada. El último episodio relevante, destacaron, ocurrió en 2006 y fue contenido rápidamente gracias al fortalecimiento de los sistemas de vacunación.
La entidad rural también cuestionó que el debate se centre exclusivamente en la variable económica. Según sus argumentos, los propios informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria avalan los resultados positivos del programa sanitario vigente. Además, remarcaron que el sistema se ha profesionalizado con el tiempo: actualmente más del 80 % de los vacunadores en la región pampeana son médicos veterinarios, tanto de los entes sanitarios como del ámbito privado.
En relación con el costo de la inmunización, los productores indicaron que el valor de la dosis aplicada equivale hoy a menos de 600 gramos de novillo, una cifra inferior al equivalente histórico cercano al kilo. Asimismo, señalaron que la reducción del stock a vacunar contribuirá a disminuir el costo final para cada establecimiento.
La controversia se produce en un contexto de debate más amplio sobre las políticas de desregulación económica promovidas por el Gobierno del presidente Javier Milei. Desde el oficialismo se argumenta que la apertura del sistema fomentará la competencia y permitirá ganar eficiencia, mientras que las entidades rurales insisten en que la sanidad animal requiere previsibilidad y coordinación institucional.
Finalmente, desde Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestaron su disposición a discutir eventuales mejoras al esquema vigente, siempre dentro de un ámbito de diálogo técnico y transparente. “Seguiremos aportando nuestra experiencia y conocimiento del territorio para resguardar la sanidad y la producción ganadera”, concluyeron.
