El Consejo Empresario Mendocino, CIPPEC y la Fundación Vida Silvestre presentaron un informe que identifica políticas públicas necesarias para el desarrollo de la minería responsable.
El Consejo Empresario Mendocino, CIPPEC y la Fundación Vida Silvestre presentaron ayer un documento que identifica buenas políticas públicas para el desarrollo de una minería responsable que contribuya al crecimiento con equidad.
El estudio fue presentado en el Hotel Diplomatic por el Lic. Luciano Di Gresia, Investigador principal del Área de Desarrollo Económico de CIPPEC, y Lic. Belén Rubio, Investigadora asociada, Área de Desarrollo Económico de CIPPEC.
La mesa académica estuvo conformada por el Presidente del CEM, Dr. Federico Ostropolsky, el Presidente de CIPPEC, Jorge Mandelbaum, y el Director del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Fundación Vida Silvestre, Manuel Jaramillo.
También estuvieron presentes en representación del Gobernador de la Provincia, el Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Lic. Humberto Mingorance, y el Subsecretario de Energía y Minería, Ing. Emilio Guiñazú. En representación del gobierno nacional participó del evento el Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Ing. Mario Capello.
El informe presentado aporta un enfoque integral que contempla dimensiones sociales, medioambientales, económicas y regulatorias de la actividad minera. Es el resultado de más de dos años de investigación y diálogo con cerca de cincuenta referentes mendocinos y nacionales, de sectores sociales, políticos, académicos, ambientales y productivos.
“Con este trabajo buscamos aportar a un debate serio e informado sobre la minería, la normativa y los controles a partir de los cuales puede o no ser posible el desenvolvimiento de este sector productivo. Es crucial que este debate fundamental desde el punto de vista social y económico, se base en la evidencia y sea abordado de forma integral y plural”, señaló Federico Ostropolsky.
Por su parte, Jorge Mandelbaum afirmó: “Al embarcarnos en esta iniciativa sobre minería responsable, como nos pasa cada vez que encaramos un proyecto, tenemos como meta última la incidencia en la vida pública. No nos conformamos con el estudio de los hechos; queremos mejorarlos”.
Según el documento, el mercado mundial de minerales presentó una transformación estructural en los últimos 15 años, tendencia a la que la Argentina no es ajena. De hecho, la producción minera local se triplicó en volumen y duplicó en valor.
“Este escenario presenta tres desafíos: la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de control ambiental, la gestión eficiente de los ingresos fiscales derivados de la minería y el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones”, indicó Luciano Di Gresia.
Una de las principales conclusiones del encuentro, que reunió a expertos, académicos, funcionarios públicos, legisladores, representantes del Poder Judicial provincial, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, es que analizar los impactos de la minería sobre el bienestar social requiere de un enfoque integral, transversal y prospectivo, que contemple las restricciones de economía política que enfrenta la política pública en relación a la actividad minera.
“La minería tiene el potencial de convertirse en un motor de crecimiento responsable con equidad pero demanda la creación de reglas de juego adecuadas y consenso social. No es un boleto mágico y requiere mecanismos de diálogo institucionalizados”, observó Belén Rubio.
Al mismo tiempo, los expositores destacaron que el sector privado sólo puede ser el piso de una política minera para el crecimiento con equidad. De forma central, el impacto de la minería sobre el bienestar social depende de las instituciones y el marco de políticas públicas en las que se desenvuelve la actividad minera.
Por otro lado, el informe destaca que la experiencia local e internacional indican que no hay minería posible sin legitimidad social. Por ello, es fundamental asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana en todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
“Una cuestión central es un manejo adecuado y transparente de los flujos de renta minera, que, por un lado, asegure que los beneficios económicos y sociales de largo plazo de la minería compensen cualquier posible costo de corto plazo, y que asegure la compensación de los pasivos ambientales que la actividad genera irremediablemente”, indicó Di Gresia.
El rol clave del Estado
Las perspectivas de moderación de los precios internacionales de los minerales implican la necesidad de recrear un entorno institucional estable y responsable social y ambientalmente, para atraer inversiones mineras de calidad a la Argentina.
“En este sentido, es imprescindible fortalecer el accionar del Estado durante el ciclo minero”, destacó Di Gresia. Según el Investigador Principal del Área de Desarrollo Económico de CIPPEC, el Estado tiene un rol fundamental en la generación de información económica, geológica y ambiental confiable; la capacidad de regular y controlar todo el ciclo de un proyecto minero; el manejo de pasivos medioambientales en especial en la etapa de post-cierre; y la gestión de riesgos, rentas y conflictos.
Manuel Jaramillo, expresó por su parte “Como sucede con todas las actividades productivas que utilizan recursos naturales de interés para múltiples actores, los procesos de diálogo institucionalizados son la manera más apropiada para la prevención y resolución de conflictos sociales y ambientales. La disponibilidad de información en formatos accesibles para los diferentes sectores de la población es uno de los principales insumos para asegurar este diálogo”.
Federico Ostropolsky, Presidente del Consejo Empresario Mendocino, afirmó que es crucial, en el caso de Mendoza, impulsar un diálogo social plural sobre el rol de la minería dentro del desarrollo de una estrategia de crecimiento responsable con equidad social, desde una perspectiva integral y de largo plazo.
Finalmente, la publicación presentada evidencia que las buenas prácticas internacionales sugieren que el eje de una política pública minera debería ser una buena gobernanza pública y privada, basada en la transparencia y la participación ciudadana.; Incidencia, Monitoreo y Evaluación, y Ciudades.
FOTO: miningpress.com
