Entidades rurales de San Luis plantearon nuevamente su preocupación por la inseguridad y el deterioro de la red vial productiva. En una reunión con el gobernador Claudio Poggi y su gabinete, el sector logró un compromiso oficial para direccionar lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural hacia mejoras en infraestructura y prevención del delito, una demanda que arrastra larga data en la provincia.
En un encuentro que volvió a poner sobre la mesa reclamos históricos del sector agropecuario, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, recibió el lunes a referentes de las principales entidades rurales de la provincia, quienes insistieron en la necesidad de fortalecer la seguridad en las zonas productivas y mejorar el estado de los caminos rurales, dos problemáticas que impactan directamente en la actividad.
De la reunión participaron la ministro de Seguridad, el ministro de Producción, el director de Ganadería, el presidente de San Luis Agua y, en representación del sector agropecuario, el presidente de CARTEZ, Maximiliano Razetto, junto a los titulares de la Sociedad Rural Río Quinto, Sociedad Rural del Rosario, Sociedad Rural del Valle del Conlara, Sociedad Rural del Norte de San Luis y la Asociación Agrícola Justo Daract.
Durante el encuentro, los dirigentes rurales entregaron documentación con denuncias sobre hechos delictivos ocurridos en establecimientos agropecuarios, reiterando su preocupación por el crecimiento de la inseguridad en áreas productivas. Según manifestaron, se trata de un problema persistente que afecta la rentabilidad, la inversión y la calidad de vida de las familias rurales.
Desde el Gobierno provincial reconocieron la existencia de estos hechos y aseguraron que se está avanzando en el refuerzo de la estructura policial, tanto en equipamiento como en movilidad, según comunicaron las entidades tras el encuentro oficial. Además, confirmaron la incorporación de nuevos efectivos, algunos de los cuales serán destinados específicamente a patrullar zonas rurales y recibirán capacitación junto a las entidades del agro para abordar delitos vinculados al sector.
En ese marco, también se planteó la necesidad de crear una Fiscalía Agropecuaria, iniciativa que, según los representantes del campo, permitiría agilizar los procesos de denuncia e investigación, otorgando mayor eficacia al seguimiento de los ilícitos rurales.
Sin embargo, el punto que sobresalió del encuentro fue el compromiso asumido por el Gobierno provincial de destinar los fondos provenientes del impuesto inmobiliario rural a la mejora y mantenimiento de los caminos productivos, así como al fortalecimiento de la seguridad en el ámbito rural. Se trata de una demanda histórica del sector, que desde hace años reclama que esos recursos vuelvan al territorio en forma de infraestructura y servicios que acompañen la producción.
El planteo de las entidades se apoya en la necesidad de contar con una red vial rural en condiciones, clave para el traslado de la producción, el acceso a los establecimientos y la conectividad con centros urbanos y comerciales. En numerosas oportunidades, productores y dirigentes agropecuarios han señalado que el deterioro de los caminos incrementa costos, genera pérdidas económicas y dificulta la logística de la actividad.
En relación a este tema, Razetto expuso ante las autoridades el funcionamiento del modelo cordobés de mantenimiento vial rural, basado en consorcios camineros con participación directa de productores y el Estado. A partir de esa experiencia, Poggi solicitó a las entidades rurales colaboración para analizar la implementación de un sistema similar en San Luis, incluyendo el desarrollo de la legislación necesaria para su puesta en marcha.
Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la necesidad de fortalecer los controles sobre la comercialización ilegal de insumos agropecuarios. En ese sentido, los representantes del campo solicitaron que, a través de los organismos correspondientes, se promueva la creación de direcciones de bromatología en aquellos municipios que aún no cuentan con este organismo, con el objetivo de mejorar la fiscalización y reducir la informalidad.
Para el sector agropecuario, el compromiso oficial respecto al destino de los fondos del impuesto inmobiliario rural representa un avance significativo en un reclamo que lleva años sin respuestas concretas. No obstante, los dirigentes coincidieron en que el desafío estará en la implementación efectiva de estas medidas y en el seguimiento de los anuncios para garantizar que los recursos se traduzcan en mejoras tangibles para la producción.
El encuentro dejó abierta una agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las entidades rurales, con el objetivo de avanzar en soluciones estructurales que permitan fortalecer la competitividad del sector, uno de los pilares de la economía puntana.
El siguiente es el texto completo que las entidades agropecuaria de San Luis difundierorn este martes:
"El día lunes 09 de febrero fuimos recibidos por el Sr. Gobernador Claudio Poggi,
Ministro de Seguridad, Ministro de Producción y Director de Ganadería,
Presidente de San Luis Agua, y en representación del sector agropecuario, el
Presidente de CARTEZ, Maximiliano Razetto y los Presidentes de Soc. Rural Rio
Quinto, Soc. Rural del Rosario, Soc. Rural del Valle del Conlara, Soc. Rural del
Norte de San Luis y Asoc. Agrícola Justo Daract. Los temas centrales fueron la
inseguridad en la provincia de San Luis y los caminos rurales. En cuanto a la
seguridad se le entrego a la Ministra una carpeta con algunas de las tantas
denuncias y una vez más los distintos presidentes le informaron los hechos
delictivos en la provincia.
El gobierno acepto los hechos de inseguridad, alegando que se está trabajando en
el refuerzo de la policía a nivel equipamiento, móviles e informaron la
incorporación de nuevos policías, que algunos serán destinados a la parte rural y
serán capacitados en conjunto con las entidades rurales para los distintos delitos
agropecuarios. También se le sugirió al Sr. Gobernador la creación de una
Fiscalía Agropecuaria, la cual agilizaría los tramites de denuncias y seguimientos
de dichos delitos.
Por otro lado, el presidente de CARTEZ informo, sobre cómo se está trabajando
en Córdoba sobre el mantenimiento de caminos rurales y la seguridad.
El gobernador Claudio Poggi solicito a las entidades rurales colaboración a llevar
esos modelos ya existentes y a trabajar en la Legislación para la conformación de
los consorcios camineros.
También se le solicito al gobernador que a través del Poder correspondiente se le
solicite a los Municipios la conformación de la dirección de bromatología en
aquellas ciudades de la provincia que no la posean para llevar a cabo un mejor
control de las ventas clandestinas de insumos agropecuarios.
Lo sobresaliente de dicha reunión FUE EL COMPROMISO FUNDAMENTAL
DEL GOBIERNO A DESTINAR LOS FONDOS DEL IMPUESTO
INMOBILIARIO RURAL PARA LA MANTENCION DE LOS CAMINOS Y EL
APORTE PARA LA SEGURIDAD RURAL".
