A pesar de contar con tres plantas activas de biocombustibles, San Luis no integra la Liga de Provincias Bioenergéticas que busca reactivar el sector y promover un desarrollo federal más sustentable.
Mientras nueve provincias argentinas y la Unión Industrial Argentina (UIA) se unieron para impulsar en el Congreso una nueva ley de biocombustibles, San Luis. donde funcionan tres plantas productoras del sector, no figura entre las firmantes de la iniciativa. La ausencia no pasó desapercibida en un contexto donde los biocombustibles vuelven al centro del debate energético nacional.
El proyecto, respaldado por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, busca actualizar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, y establecer un marco más previsible, competitivo y federal. Entre sus principales objetivos, se propone aumentar progresivamente los porcentajes de mezcla de biodiésel y bioetanol con combustibles fósiles, abrir el mercado a nuevas empresas mediante licitaciones transparentes, e incentivar la incorporación de biocombustibles en el transporte aéreo y marítimo.
Según la UIA y las provincias firmantes, la actualización normativa es clave para “reactivar un sector estratégico que genera empleo calificado, agrega valor en origen y contribuye a la sustitución de importaciones energéticas”. También subrayan que el actual sistema de precios regulados por la Secretaría de Energía “genera distorsiones y frena la rentabilidad”, lo que llevó a que varias plantas del país debieran detener su producción.
La Liga de Provincias Bioenergéticas, creada para coordinar acciones y defender los intereses de las economías regionales vinculadas a la bioenergía, se consolidó como un bloque de peso político y técnico en el sector. Sin embargo, San Luis no integra ese espacio, a pesar de tener un desarrollo significativo en biocombustibles.
En territorio puntano operan tres plantas, especializadas en la producción de biodiésel y bioetanol, que abastecen parte del mercado interno y han representado inversiones millonarias durante los últimos años. Su exclusión, voluntaria o por falta de coordinación institucional, resulta llamativa para los actores del sector, más aún cuando otras provincias buscan reposicionar a la bioenergía como motor del desarrollo regional y del nuevo paradigma de transición energética.
Fuentes vinculadas a la industria señalaron que “San Luis tiene todo para ser protagonista en la producción de energías renovables, pero necesita una política activa que la inserte en el debate nacional”. En contraste, los gobiernos provinciales que integran la Liga remarcan la necesidad de una ley moderna, federal y previsible, capaz de atraer inversiones y dar estabilidad jurídica a las empresas.
La movida de las provincias bioenergéticas y la UIA se da en paralelo al intento del Gobierno nacional, en 2024, de desregular el mercado de biocombustibles mediante un proyecto que habilitaba mayor competencia y participación privada. Esa iniciativa generó fricciones con los gobiernos locales, que reclamaban una mayor protección para las pymes y una suba más rápida de los cortes obligatorios con nafta y gasoil.
Hoy, con el tema nuevamente en el Congreso, tanto oficialismo como oposición coinciden en la necesidad de una actualización legislativa, aunque no hay consenso sobre el nivel de apertura del mercado ni los plazos de implementación. Las provincias impulsoras advierten que el futuro del sector depende de reglas claras, previsibilidad e incentivos al desarrollo regional.
Mientras tanto, el sector petrolero, a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), presiona por un régimen de reactivación para yacimientos convencionales, con beneficios fiscales y estabilidad impositiva por 30 años, lo que marca la fuerte competencia entre energías fósiles y renovables por el futuro de la matriz argentina.
Con tres plantas instaladas y un ecosistema agroindustrial pujante, San Luis tiene condiciones para integrarse al debate nacional sobre los biocombustibles. Sin embargo, su ausencia en la Liga Bioenergética y en la lista de provincias que promueven el nuevo marco regulatorio deja al sector local en una situación de aislamiento.
El relanzamiento de la industria podría representar una nueva fuente de empleo, valor agregado y sostenibilidad para la provincia, en sintonía con las tendencias globales hacia la transición energética y la descarbonización de la economía.
En tiempos en que el país busca diversificar su matriz y fortalecer las economías regionales, la voz de San Luis, con su trayectoria productiva y sus capacidades tecnológicas, no debería faltar en la mesa donde se debate el futuro energético de la Argentina.
