Por Roberto Vinuesa
En San Luis, el acceso a la información pública parece un privilegio reservado a unos pocos. Y no hablamos de los ciudadanos comunes, a esos ya hace tiempo que se les viene complicando, sino de la propia Defensoría del Pueblo, que acaba de admitir, con resolución en mano, que tampoco logra obtener respuestas del Estado provincial.
La escena raya lo insólito: el organismo creado justamente para velar por los derechos ciudadanos frente a los abusos del poder, tiene que recordarle al poder que las leyes existen. Guillermo Belgrano Rawson, al frente de la Defensoría, firmó la Resolución N° 018-DdP-25, en la que exige a la administración provincial que cumpla con lo que ordenan la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las normas vigentes en materia de transparencia. Nada demasiado novedoso, salvo por el detalle de que esas obligaciones parecen no inquietar demasiado a quienes deberían cumplirlas.
El texto de la resolución deja en claro que el problema no es un caso aislado: múltiples áreas del gobierno han ignorado reiterados pedidos de información, tanto de la propia Defensoría como de simples ciudadanos. Traducido al llano: el Estado provincial no responde ni a sus vecinos ni a los organismos de control. ¿Democracia participativa? Sí, pero con la puerta cerrada.
La resolución va un poco más allá y advierte que la actitud obstruccionista podría ser comunicada a la Legislatura. Una suerte de “llamado de atención” que, a juzgar por los antecedentes, difícilmente logre sonrojar a nadie. También solicita al Concejo Deliberante de la capital puntana que adecue su ordenanza a los plazos establecidos por las normas superiores, no sea cosa que la capital viva en un tiempo distinto al resto del país.
El documento fue enviado al gobernador, intendentes, comisionados municipales, ministerios, secretarías, organismos descentralizados, colegios profesionales y hasta entidades privadas con obligación de transparencia. Una lista larga, aunque probablemente el destino final sea el mismo: el cajón de los papeles incómodos.
Mientras tanto, la Defensoría reafirma, con un optimismo digno de aplauso, su compromiso en defensa del derecho a la información como pilar de la democracia. Una democracia que, en San Luis, parece tener una relación bastante selectiva con el concepto de transparencia.
No sorprende, entonces, que periodistas y medios locales, como El Semiárido, acumulen quejas por la falta de datos oficiales. A este paisaje se suma el curioso rol de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), la entidad que monitorea la libertad de prensa en el país y que, en el caso puntano, tiene referentes que parecen mirar para otro lado, mientras ocupan cómodos asientos a ambos lados del mostrador.
