La situación generada por el default de la empresa Vicentin, a la par de ocasionar un tembladeral económico en sus acreedores, en paralelo corrió el velo de un enfrentamiento social que viene de larga data, aunque ha recrudecido en los últimos años, como consecuencia de políticas que se aplicaron en el país.
Sobre el tema, la división es clara aún entre los productores que adhieren a diferentes organizaciones que representan los intereses ya sean productivos, sociales o económicos. De un lado están los representados por los ruralistas, y por el otro los cooperativistas, agricultores familiares y pequeños productores agrupados en los sectores disidentes de organizaciones que integran la Mesa de Enlace, como son Coninagro o Federación Agraria.
La provincia de San Luis no está ajena a esta confrontación. Desde el sector de la agricultura familiar, el referente provincial de CANPo, Fernando Bragagnini, afirmó que la semana pasada cuando realizaron la caravana de autos por las calles de la ciudad capital, se manifestaron a favor de «la patria Argentina, de la producción, de los trabajadores y de la soberanía alimentaria».
Colocó en la otra vereda a la «patria financiera sojera», cuyo interés es de «sus propios bolsillos» y cuestionó a dirigentes agropecuarios como los agrupados en Cartez y CRA que «dicen representar los intereses de los productores, pero apoyan a la empresa y no dicen ni una palabra sobre cómo y cuando le van a pagar a los 1900 productores que resultaron estafados por la empresa».
Con esa actitud, sostiene, defienden a los «estafadores, evasores y los que se fugaron el dinero de los argentinos con la complicidad del ex presidente Mauricio Macri».
El profesional médico veterinario de la Corriente Agraria, Nacional y Popular, sostiene que con Vicentin «generaron una campaña mediática para crear confusión en la población argentina» en el sentido que el Estado Argentino “quiere ir en contra la propiedad privada por medio de la intervención y expropiación de la empresa».
«Sabemos que no es así porque lo que pasó con Vicentin fue un gran robo al pueblo argentino y una estafa directa a los productores, con complicidad del gobierno macrista que le otorgó un préstamo de $18.500 millones de pesos por medio del Banco Nación sin ningún tipo de control», subrayó.
Destaca en su escrito entregado a El Semiárido que de la deuda que supera los 100 mil millones de pesos, el mayor acreedor es el Estado Nacional, al que se suman productores agropecuarios y acopiadores que entregaron el cereal, que «Vicentin vendió pero nunca les pagó».
«Si no se interviene la empresa se ponen en riesgo las fuentes de trabajo y los productores no van a cobrar un peso porque primero va a cobrar la banca internacional», afirmó Bragagnini y destacó que los productores no cuentan con respaldo para cobrar lo que le debe Vicentin, entonces la «única forma de cobrar es que el Estado intervenga y expropie».
Sumó a sus argumentos que el pueblo argentino «necesita una empresa centinela para blanquear el negocio de la exportación de cereales donde la exportadoras, cuya mayoría son transnacionales, evaden y retienen los dólares».
Esa actitud después se traduce en que la población argentina «sufre aumento de la inflación y de los precios de los alimentos». Por ello explica que se debe tener en cuenta el contexto que vivimos: «estamos atravesando unas de las mayores crisis que vive el mundo, los alimentos van a escasear y nosotros, como los producimos, debemos garantizar que lleguen a toda la población».
«No sólo nos robaron 18.500 millones de pesos más todos impuestos que nunca pagaron en la era del presidente Macri, sino que pretenden entregar Vicentin a algún grupo transnacional y concentrar más aún el mercado de granos, lo cual trae aparejado resultados nefastos para el país, los productores y los trabajadores», concluyó Bragagnini.
